Amplían oportunidades de rehabilitación para confinados

El gobierno de Puerto Rico apuesta a la rehabilitación de sus confinados a la vez que refuerza la mano de obra disponible para tareas esenciales que incentivan el desarrollo económico con la Ley 60-2025 (Proyecto de Senado 61) firmada hoy por la gobernadora Jenniffer González Colón y de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz. 
 
La firma de la ahora ley se efectuó en el Complejo Correccional Bayamón 501 en donde también estuvieron el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación Francisco Antonio Quiñones Rivera; la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos María del Pilar Vélez Casanova; el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas Edwin González Montalvo; varios de los autores de la medida así como confinados quienes mostraron sus trabajos bajo el programa de rehabilitación. 
 
Los coautores de la nueva ley son la senadora por Acumulación por Proyecto Dignidad (PD) Joanne Rodríguez Veve; la senadora por el Distrito de Bayamón por el PNP Migdalia Padilla Alvelo;  la senadora por el Distrito de San Juan por el PNP Nitza Morán Trinidad; el senador por Acumulación por el PNP Ángel Toledo López; el senador por el Distrito de Aguadilla Jeison Rosa Ramos; la senadora por Acumulación por el PPD Ada Álvarez Conde; la senadora por el Distrito de Ponce por el PNP Jamie Barlucea Rodríguez; el senador por Acumulación por el PNP Gregorio Matías Rosario; el senador por el Distrito de Guayama por el PNP  Wilmer Reyes Berríos; el senador por el Distrito de Humacao por el PNP Luis D. Colón La Santa; y el senador por el Distrito de Arecibo por el PNP Héctor G. González López. 
 
“Al extender las experiencias de trabajo de nuestros confinados al sector privado ampliamos las oportunidades de rehabilitación de esta población, dándoles las herramientas para adquirir mayor conocimiento y experiencias de tareas y responsabilidades; esta formación les puede abrir las oportunidades de empleo y sustento al momento de reintegrarse a la sociedad. Además, la medida permite que el gobierno se convierta en facilitador del sector privado al proveerles alternativas de mano de obra para mantener activos proyectos y no detener el desarrollo de actividad económica”, expresó la gobernadora. 
 
«Esta ley se enmarca en una visión de justicia social que, apuesta por la rehabilitación efectiva y la reducción de la reincidencia, permitiendo que los confinados adquieran destrezas, hábitos laborales y un sentido de responsabilidad que les permita integrarse con éxito a la sociedad. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con una política pública de verdadera rehabilitación. Creemos en la segunda oportunidad, en el valor del trabajo y en la capacidad de transformación del ser humano. Esta ley es un paso firme hacia una reinserción real y responsable», afirmó el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz.
 
Por su parte, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Francisco Antonio Quiñones, expresó que “la firma de esta Ley representa un paso firme hacia una rehabilitación efectiva y real. Ampliar las oportunidades de trabajo para la población correccional, más allá del ámbito gubernamental, es una manera concreta de reconocer su capacidad para aportar y transformarse. En el Departamento de Corrección y Rehabilitación creemos en una justicia que no se limita a custodiar, sino que educa, adiestra y dignifica. Con este esfuerzo, no solo atendemos una necesidad en sectores como la agricultura y la construcción, sino que fortalecemos a su vez el proceso de reinserción social de nuestros confinados. Agradezco a la gobernadora, Jenniffer González Colón, por liderar esta política pública con visión y compromiso”.
 
La Ley 60-2025 enmienda la Ley 166-2009, “Ley de Contratación de Confinados para la Realización de Diversas Tareas como parte del Proceso de Rehabilitación y Reinserción a la Libre Comunidad”; para ampliar sus disposiciones; realizar enmiendas técnicas; y otros fines. 
 
Mediante la Ley 166-2009, se estableció como política pública del Gobierno de Puerto Rico, la utilización de confinados para la realización de diversas tareas, tales como actividades agrícolas, ornato, construcción, lavado y mantenimiento de automóviles pertenecientes a la flota vehicular gubernamental, entre otras, como parte del proceso de rehabilitación y reinserción de esta población a la libre comunidad.
 
La falta de mano de obra en sectores como la agricultura y la construcción, amenaza esfuerzos de reconstrucción y recuperación de la economía de la Isla; ya que, por ejemplo, habiendo fondos disponibles para llevar a cabo la reconstrucción de Puerto Rico hay una necesidad de trabajadores para laborar en dicho sector.  
 
La medida identifica como una de las vías para atender la falta de mano de obra la formación de la población correccional que contribuye a la recuperación económica y ayudaría a la rehabilitación y reintegración de éstos en la sociedad.  
 
La Ley 166-2009 limita su aplicación a las instrumentalidades gubernamentales y a los municipios solamente, por lo que se enmienda para ampliar su aplicación al sector privado, con o sin fines de lucro, para proveerles mayores opciones laborales a la población correccional en tareas agrícolas, ornato, construcción, ebanistería, tapicería, costura, soldadura, mecánica, imprenta, reciclaje, y otros.
 
Las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo los municipios, y el Sector Privado, con o sin fines de lucro, acordarán e incluirán en los contratos que suscriban con el Departamento de Corrección y Rehabilitación aquellas condiciones de trabajo que aplicarán a los confinados que participen en los programas de trabajo establecidos por esta Ley, en lo relativo a la jornada de trabajo, compensación y cualquier otro beneficio que pueda aplicarse; proporcionarán a los confinados todos los materiales, equipos necesarios, y adiestramientos, para llevar a cabo los servicios para los cuales fueron contratados. En el caso de aquellas tareas relacionadas al lavado y mantenimiento de los automóviles pertenecientes a las flotas vehiculares gubernamentales, los acuerdos se llevarán a cabo con la Administración de Servicios Generales.  
 
El Departamento de Corrección y Rehabilitación depositará los ingresos de los confinados en cuentas separadas para estos propósitos. No obstante, se faculta al Departamento a retener un veinte por ciento (20%) del total de ingresos que generen los confinados para cubrir gastos administrativos y de seguridad en que se incurran por la implantación de esta Ley.
 
El Departamento de Corrección y Rehabilitación, coordinará con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, para la preparación de análisis de estudios, e inventarios de plazas de trabajodisponibles en el Sector Privado, así como los acuerdos contractuales de cooperación con las empresas o patrones privados.”
 
El Departamento de Corrección y Rehabilitación deberá radicar un informe anual antes del 30 de junio de cada año natural en las Secretarías del Senado de Puerto Rico y de la Cámara de Representantes en el cual acredite y especifique el cumplimiento de la agencia con esta Ley.  
 
En el mismo, se incluirá, además, el número de confinados participantes, y de patronos participantes, proyecciones para el próximo año, así como recomendaciones con el fin de desarrollar estrategias o iniciativas adicionales o complementarias.