Representantes de gremios profesionales y organizaciones reguladas en Puerto Rico alzaron su voz hoy, en una conferencia de prensa multisectorial para solicitar a la Gobernadora que vete el Proyecto del Senado 6 (P. del S. 6), legislación que establecería la llamada “Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Profesionales en Puerto Rico”.
El proyecto ha provocado una fuerte expresión pública por parte de sectores como la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, el Colegio de Peritos Electricistas, entre otras entidades profesionales que agrupan oficios y profesiones con reglamentación y licenciamiento vigente, como el Institute del Appraisal Institute Puerto Rico & Caribbean Chapter, el Colegio De Maestros Y Oficiales Plomeros De Puerto Rico y la Asociación de Relacionistas Profesionales, quienes han expresado su preocupación por las implicaciones éticas, regulatorias y de seguridad que acarrearía la medida.
“Este proyecto ignora por completo que muchos oficios y profesiones requieren un conocimiento profundo del marco jurídico, técnico y ético local. Su aprobación no solo representa una desregulación riesgosa, sino una desventaja para los profesionales licenciados en Puerto Rico que sí cumplen con altos estándares”, expresó Irma Colón, presidenta de la Asociación de Realtors de Puerto Rico.
Por su parte, la ingeniera y licenciada Ronda Castillo, representante del Colegio de Ingenieros y Agrimensores añadió que, “Continuamos haciendo el llamado a la gobernadora Jenniffer González Colón, para que pondere nuestros reclamos con la seriedad y el compromiso que la han caracterizado. El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico reitera su compromiso con la modernización y agilización de los procesos que plantea el proyecto, pero sin comprometer la calidad, la seguridad ni la equidad profesional”.
Los gremios coinciden en que el P. del S. 6 propone una normativa general e inflexible que ignora las particularidades y estándares requeridos por cada profesión en Puerto Rico. En esencia, permitiría que cualquier persona con una licencia ocupacional válida en otro estado de Estados Unidos pueda ejercer automáticamente en la isla, sin validación de competencias ni conocimiento sobre las leyes, procesos o contextos locales.
Además, permitiría ejercer provisionalmente en la isla sin evidencia de seguros de responsabilidad profesional ni fianzas vigentes, dejando desprotegidos tanto a los profesionales como al público, no exige que los profesionales provenientes del exterior cumplan con los requisitos de educación formal y continua que se les exigen a los profesionales locales.
A esta preocupación se le añade un reto que, adquiere mayor relevancia al considerar que la disparidad entre los requisitos de licenciamiento en Puerto Rico y los de otras jurisdicciones crea un obstáculo práctico para la aplicación automática del reconocimiento universal de licencias que propone el Proyecto del Senado 6. En ausencia de una política y normativa clara de equivalencias o de cláusulas de exclusión para profesiones reguladas, la medida abriría la puerta a incesantes controversias legales y regulatorias, así como a riesgos de anular y debilitar el rol fiscalizador y regulador de las Juntas Examinadoras locales.
El hecho de que los requisitos de licenciamiento en Puerto Rico no sean iguales a los de otros estados crea una barrera práctica a la implementación automática del reconocimiento universal de licencias para evaluadores bajo el P. del S. 6.
Las principales preocupaciones del sector incluyen:
· El Proyecto tiene un serio conflicto entre la intención legislativa y la realidad técnica. Si los requisitos no son equivalentes o comparables, violaría su propia ley, si emite la licencia sin verificación sustancial. La gran mayoría de los estados en EE.UU. pueden tener criterios mínimos, pero pueden tener diferencias en la forma de convalidar experiencia, procedimientos internos de validación, requisitos de colegiación, uso de idioma, o evaluación de ética.
· Afecta virtualmente todas las profesiones reguladas en Puerto Rico como salud, bienes raíces, ingeniería, contabilidad, comunicación, construcción, mecánicos, plomeros, tasadores, electricistas, entre otras.
· Desregulación peligrosa que elimina el proceso de evaluación y convalidación local.
· Debilita y limita la autoridad de las Juntas Examinadoras para velar por estándares éticos, técnicos y legales y limita severamente su capacidad de fiscalización. Otras jurisdicciones aplican criterios específicos y controles rigurosos; este proyecto no contempla ni siquiera una fase de revisión o examen local.
· Crea inequidad entre profesionales locales y no residentes, quienes estarían exentos de requisitos exigidos a los residentes, permitiendo el acceso indiscriminado a profesiones reglamentadas sin salvaguardas locales.
· Expondrá al pueblo a servicios ofrecidos por personas que no dominan la realidad legal, técnica y cultural de Puerto Rico, aumentando el riesgo de errores, negligencia y fraudes.
· Socava la confianza ciudadana en los procesos de licenciamiento profesional y de regulación en Puerto Rico.
Para Olga E. Angueira, RLA, ASLA, presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, “esta medida más allá de promover una competencia y trato desigual a los profesionales locales, presenta un riesgo a la seguridad de nuestros ciudadanos si dichas licencias no son examinadas bajo el escrutinio de la Junta Examinadora. Las licencias profesionales de Arquitectura y Arquitectura Paisajista conllevan tener un grado universitario de programas acreditados, un proceso de exámenes de reválida, experiencia de trabajo y educación continua de gran rigurosidad para salvaguardar la salud, bienestar y seguridad del ciudadano. Un profesional licenciado asume una gran responsabilidad y riesgo con su trabajo y todo esto se pone en entredicho si esta licencia automática se pone en vigor”.
De otra parte, Migdalia Rivera, vicepresidenta del Appraisal Institute del Appraisal Institute Puerto Rico & Caribbean Chapter sostuvo que, “En el campo de la tasación de bienes raíces, se nos exige cumplir con rigurosos criterios federales como educación formal y especializada, experiencia documentada, aprobación de exámenes específicos y el estricto cumplimiento de los Estándares Uniformes de Práctica Profesional de Tasación (USPAP). Emitir licencias provisionales automáticas sin esa verificación no solo violaría disposiciones federales, sino que podría acarrear sanciones a la jurisdicción de Puerto Rico. Por ello, exhortamos a que esta medida excluya expresamente las transacciones con intereses federales o condicione la licencia a la verificación previa del cumplimiento de estos estándares”.
La presidenta de la Asociación de Relacionistas de Puerto Rico Marisa Vega, APR indicó, “La planificación estratégica de la comunicación, tanto de instituciones públicas como privadas, debe estar en manos de profesionales cualificados, licenciados y éticamente comprometidos. De aprobarse este proyecto, se abriría la puerta a que personas sin la preparación ni la validación necesarias ejerzan funciones que impactan directamente la opinión pública, la credibilidad y la reputación institucional y la toma de decisiones ciudadanas. Nuestra licencia no es un trámite: es una garantía de responsabilidad, transparencia y competencia profesional”.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico (CPEPR), Frances Berríos Meléndez, expresó que el proyecto fue aprobado en la Cámara y el Senado sin la participación del CPEPR, a pesar de la relevancia directa que tiene en el ámbito energético y de seguridad pública.
“En su exposición de motivos, la medida solo analiza los efectos de su implementación en la profesión médica y no examina los efectos en otras profesiones de vital importancia, como lo son los profesionales de la industria eléctrica. El proyecto requiere una revisión más profunda y solicitamos respetuosamente que sea devuelto a la Legislatura para un examen exhaustivo que incluya la participación del CPEPR, y la Junta Examinadora. Es necesario que protejamos a los trabajadores puertorriqueños de desplazamientos profesionales y que veamos con detenimiento el tema de la reciprocidad, el reconocimiento de alguna experiencia laboral en estados en los que no se requieren licencias que regulen la profesión y la imposición de un plazo de 30 días para la evaluación de licencias sin asignar recursos a las juntas reglamentadoras”, expresó Berríos Meléndez.
“Permitir que profesionales externos operen sin dominio del sistema contributivo local, el Registro de la Propiedad y otros procesos específicos, representa un riesgo para el consumidor y una desventaja injusta para nuestros corredores, quienes sí cumplen con todos los requisitos legales y regulatorios. Exhortamos a las autoridades a rechazar esta propuesta y apostar por iniciativas que fortalezcan, en lugar de debilitar, la industria inmobiliaria en Puerto Rico”, destacó Luis Raúl Padilla, presidente de la Asociación de Banca Hipotecaria (Mortgage Loan Association, (M-LOAN) por sus siglas en inglés).
Reflexionando sobre el impacto, Milton Serrano, presidente de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico añadió que, “El Proyecto del Senado 6 representa una amenaza directa al mercado inmobiliario de Puerto Rico. Pretender que cualquiera con una licencia de otro estado pueda operar aquí sin conocer nuestras leyes, sin rendir cuentas, ni cumplir con la Ley 10-1994, es una irresponsabilidad. No se puede jugar con la seguridad jurídica de miles de arrendadores, propietarios y familias puertorriqueñas”.
“Estas y otras consideraciones reflejan un escenario de alto riesgo y refuerzan la urgencia de revisar y solicitar con respeto, pero con firmeza, que la Gobernadora escuche el reclamo de los profesionales puertorriqueños y ejerza su poder de veto para proteger el ejercicio responsable, ético y competente de nuestras profesiones, y más aún, la defensa del interés público, la calidad profesional y la seguridad del consumidor”, concluyó la presidenta de los Realtors.
