La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) expresó hoy, su profunda preocupación y firme oposición a la propuesta del gobierno de aumentar la tarifa eléctrica como mecanismo para cubrir los costos asociados a los planes de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La organización advirtió que esta medida impondría una carga económica adicional sobre el sector industrial, ya afectado por un servicio eléctrico poco confiable, tarifas elevadas e infraestructura obsoleta.
“Reconocemos y respetamos el derecho de los trabajadores retirados de la AEE a recibir sus pensiones de forma justa y oportuna. Es un acto de justicia hacia quienes sirvieron con compromiso al país. Sin embargo, el sector industrial, motor de nuestra economía, no debe ser penalizado por decisiones administrativas pasadas sobre las cuales no tuvo control. Cargarle ese costo no es la vía correcta”, afirmó Rafael Vélez Domínguez, presidente de la Asociación de Industriales.
Puerto Rico enfrenta una de las crisis energéticas más severas de su historia reciente. Las tarifas eléctricas en la isla rondan en promedio los 24.5 centavos por kilovatio-hora que, con el potencial aumento solicitado por PREPA, LUMA y GENERA, subiría hasta a 37 centavos por kilovatio hora, que superaría significativamente el promedio nacional de EEUU que ronda los 17.45 centavos[1]. Añadir un cargo adicional para cubrir pasivos acumulados por años de mala administración en la AEE resulta, según Industriales, inaceptable para el aparato productivo del país.
“Esta propuesta impactaría de manera adversa la competitividad global de nuestras empresas, afectando la inversión, la generación de empleos y la capacidad del país de sostener un crecimiento económico sólido”, subrayó el líder institucional.
“Consideramos que el pago oportuno de las pensiones es un acto de justicia y gratitud hacia quienes, con esfuerzo y sacrificio, garantizaron el servicio eléctrico del país. Retrasar o incumplir con sus pensiones pone en riesgo su bienestar en una etapa donde merecen tranquilidad y seguridad. Cumplir con estos compromisos no es solo una obligación legal, sino un deber moral con quienes dieron lo mejor de sí por el bien común.”
“El aumento propuesto comprometería seriamente la competitividad global de nuestras empresas, fomentaría la relocalización industrial y afectaría directamente la inversión, el empleo y el crecimiento económico sostenible de Puerto Rico. El sector industrial no puede seguir siendo la alcancía del sistema. Esta medida proyecta inestabilidad y desalienta la inversión que tanto necesita el país. Nuestro llamado es a identificar soluciones justas, viables y sostenibles para atender esta situación sin sacrificar el desarrollo económico”, puntualizó Vélez Domínguez.
La Asociación propone al gobierno y a las autoridades pertinentes considerar alternativas responsables como:
- Identificación de fuentes alternas de financiamiento fuera del sistema tarifario, como reasignaciones presupuestarias o la creación de un fondo especial con participación estatal y federal.
- Creación de un fideicomiso o fondo de estabilización tarifaria como mecanismo financiero diseñado para suavizar o mitigar las variaciones en las tarifas que pagan los consumidores de electricidad, cuyos recursos provendrían de los ahorros generados por nuevos proyectos de generación, reducciones en los costos de combustibles, u otras eficiencias en el sistema.
- Auditoría especializada e independiente de la AEE que permita conocer en detalle la estructura real de la deuda y los factores que contribuyeron a su acumulación. Esta revisión debe incluir prácticas administrativas que impactaron significativamente los pasivos del sistema, como el ascenso de empleados a puestos con aumentos salariales sustanciales poco antes de su retiro, lo que resultaba en pensiones calculadas sobre el 80 % de ese último salario. Una práctica insostenible que debe ser documentada y atendida con responsabilidad para evitar repetir errores del pasado y garantizar un sistema justo y sostenible.
- Aceleración de la transición energética, enfocada en una red eléctrica moderna, diversificada y sostenible, con potencial real de reducción de costos a largo plazo.
Industriales enfatizó que cualquier ajuste tarifario debe regirse por estrictos criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, e incluir la participación del sector productivo en la toma de decisiones.
“La situación actual debe verse como una oportunidad para reformar el sistema energético de manera estructural. Puerto Rico no puede seguir repitiendo los errores del pasado”, concluyó el presidente de la Asociación de Industriales, quien reafirmó el compromiso de aportar soluciones responsables que promuevan la estabilidad fiscal del país sin sacrificar el desarrollo económico ni su competitividad.
