La Comisión de Salud que preside el senador, Juan Oscar Morales Rodríguez, llevó a cabo una vista pública para investigar, con base en la Resolución 107, la situación relacionada con el currículo de estudios y el proceso de reválida de los terapistas respiratorios ante la baja aprobación del examen de reválida que provoca a su vez escasez del personal en los hospitales.
“Todos coincidimos en que la profesión del terapista respiratorio es necesaria en la industria de la salud, pero hay unas situaciones que no están permitiendo que estos profesionales puedan desempeñarse de manera eficiente, con herramientas…Yo tengo varias preocupaciones… Hemos recibido múltiples posiciones a cerca de la escasez y de lo que enfrentan a la hora de obtener su licencia, el alto por ciento que no pasa la reválida y es algo que a esta comisión le han traído y ha llamado la atención”, expresó Morales.
Participó de la audiencia, la doctora Myrna L. Quiñones Feliciano, rectora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. “Uno de los mayores obstáculos actuales es la baja tasa de aprobación del examen de reválida, requisito indispensable para ejercer en Puerto Rico. Este examen, administrado por la Junta Examinadora bajo la Ley 93, supra, consta de una parte teórica y una parte práctica. Según los datos provistos por el Departamento de Salud.”
Quiñones detalló que en agosto del año 2024 en la parte teórica del total de 33 aspirantes el por ciento del pase fue de 27 por ciento; en noviembre de ese año de esos 33 en la parte práctica el por ciento de pase fue 42. Para febrero de este año 2025 en la parte teórica con 41 aspirantes el pase fue de 25 por ciento; mientras en mayo con 28 aspirantes el total fue de 29 por ciento.
En la misma línea, Quiñones presentó entre las recomendaciones la evaluación diagnóstica del proceso de reválida. “Mediante un análisis estadístico del desempeño por cohorte e institución. La revisión del alineamiento entre currículo y contenidos del examen. La evaluación del perfil de egreso en relación con las competencias requeridas”, mencionó. Igualmente, el rediseño del examen desde un enfoque por competencias. Esto incluye la actualización del plan de examen, según estándares NBRC/CoARC; integración de componentes que evalúen razonamiento clínico y juicio ético; y el desarrollo de un banco de preguntas validado y confiable; entre otros.
“Entendemos que se debe llevar a cabo una revisión curricular, así como del análisis de la reválida, con la participación de las instituciones académicas acreditadas. De igual forma, auscultar con el Departamento de Salud y la Junta Examinadora, con el fin de obtener datos y análisis que permitan proponer soluciones viables. Además, considerar la experiencia de profesionales activos y egresados, para conocer los retos reales y facilitar los cambios, que sean unos alcanzables”, recomendó la deponente.
También, se presentó ante la comisión, Efraín González, presidente de la Junta Examinadora de Terapistas Respiratorios de Puerto Rico. El deponente indicó que bajo la antigua Ley 24, el examen de reválida consistía en dos partes separadas: una teórica y otra práctica, administradas de forma separada, dos veces al año cada una. Este examen se ofrece actualmente para los profesionales a los que le aplica la ley anterior (24-1987).
González añadió que con la Ley 93-2020, se establece un nuevo examen unificado, administrado al menos dos veces al año. Este nuevo formato aplica a todos los egresados admitidos a programas de Terapia Respiratoria a partir del año 2024. “El examen evalúa conocimientos en fisiología respiratoria, farmacología, ventilación mecánica, emergencias, estudios del sueño y función pulmonar, así como la capacidad de análisis clínico y toma de decisiones”, explicó.
Morales preguntó cuántas instituciones ofrecen el grado académico en esta profesión. “Antillean Adventist University”, Universidad Interamericana, Ana G. Méndez y NUC. Cuatro, al momento”, indicó González. Igualmente, Morales cuestionó si la junta mantiene comunicación con estas instituciones. El deponente explicó quese hacen los informes de los resultados y se reciben los documentos de los candidatos. De la misma forma, preguntó cuánto es el por ciento de estudiantes que no pasan la reválida. González indicó que está en un 75 por ciento aproximadamente.
A preguntas de Morales sobre quién prepara el examen, el deponente indicó que es la Junta y se puede utilizar un comité de expertos. Mencionó que la última vez que ese grupo examinó el examen fue el pasado año. “Con la agencia que da el examen, “Didaxis”, se ha hecho el ejercicio por parte de los profesionales en psicometría de ellos y nos informan que la confiabilidad del examen teórico está en 0.84. Ellos nos reportan que para un examen de esta índole, que valida a profesiones de la salud, se considera un examen adecuado, bueno y que discrimina entre el candidato que tiene las competencias y el que no las tiene, se considera de 1.70 hacia arriba”.
En iguales términos, Morales preguntó sobre falta de reglamentación como indica la Ley 93 y por qué han tardado cinco años en prepararlo. González indicó que han nombrado solamente a una persona a la junta con la nueva Ley. Son cinco, según la Ley. González señaló que los nombramientos tienen que salir del Ejecutivo y aún no se han hecho. De igual forma, González se comprometió con la comisión a presentar un borrador de reglamento para septiembre de este año.
A preguntas de Morales sobre el total de 1,317 terapistas respiratorios registrados, el deponente respondió que no todos están trabajando actualmente. “Muchos están optando por irse a otros campos, inclusive fuera de la salud. Están también los terapistas respiratorios con sus licencias permanentes, que los hay, que han migrado a enfermería. Han estudiado enfermería y han migrado a enfermería”.
Además, participó de la vista el licenciado Pedro González en representación de la Asociación de Hospitales. “Nos encontramos en un momento crítico para esta profesión, fundamental en la prestación de servicios hospitalarios y ambulatorios. La situación más apremiante que enfrentan los Terapistas Respiratorios es la falta de implementación de la Ley Núm. 93 de 8 de agosto de 2020, para crear una nueva ley para reglamentar y atemperar la práctica de la profesión de cuidado respiratorio en Puerto Rico a los estándares contemporáneos”, señaló el deponente.
De igual forma, González mencionó que la Asociación de Hospitales realizó recientemente una encuesta entre sus miembros para conocer el estado actual de los recursos humanos en el área de Terapia Respiratoria. Para este propósito, se utilizó una muestra de 22 hospitales. “Los resultados evidencian una situación preocupante. Se identificó una necesidad total de 349 terapistas respiratorios para atender adecuadamente la demanda en las instituciones representadas. Sin embargo, al 31 de enero de 2025 solo 253 de esas plazas estaban ocupadas para un 73 por ciento.
“De los profesionales activos en esas plazas ocupadas apenas el tres por ciento cuenta con licencia provisional y el 97 por ciento con licencia permanente. En términos de preparación académica, el 49 por ciento tiene un curso técnico completado, el 37 por ciento cuenta con un grado asociado y sólo el 14 por ciento cuenta con un bachillerato en el campo. Estos datos reflejan que la gran mayoría de los profesionales actualmente en funciones provienen del grado técnico o asociado, lo que refuerza la necesidad de mantener abiertas y accesibles esas vías de formación para poder satisfacer la demanda actual del sistema de salud en Puerto Rico”, señaló el deponente.
La Asociación de Hospitales entiende que la solución a esta crisis requiere de varias acciones inmediatas y coordinadas. Primero, debe aprobarse sin más demora el reglamento de la Ley 93-2020 para que esta legislación pueda entrar en vigor de forma efectiva. Segundo, debe eliminarse la disposición que propone eliminar el Grado Asociado en 2030, asegurando así la continuidad de una vía académica esencial. Tercero, se debe revisar el proceso de reválida para que se ajuste a lo dispuesto en la ley y para que sea justo, eficiente y alineado con las necesidades reales del sistema. Y cuarto, es necesario que la Junta Examinadora acelere la expedición de licencias provisionales, ya que los retrasos actuales representan una barrera innecesaria para el ingreso de nuevos profesionales al mercado laboral.
Morales preguntó cuál es la recomendación a la legislatura. “Yo pienso que se deben fomentar la apertura de muchos más programas que tengan esta oferta de servicios académicos para los estudiantes. En términos generales, creo que hay que seguir mirando el facilitarle los procesos a los profesionales de la salud. Hemos visto ya en otras profesiones, en términos de ser contratados, etc. Desde el punto de vista general, creo que el hecho de mirar que a los profesionales de la salud se les facilite el proceso de integrarse, incentivarlo a participar como un profesional de la salud”, mencionó González.
