La Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR) acude con
urgencia a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que tome pronta acción ante la
situación crítica que enfrentan miles de estudiantes con autismo en el sistema público
de educación. Esta población es impactada fuertemente por condiciones que afectan
su desarrollo académico y socioemocional por lo que la continuidad de sus servicios es
esencial.
El Departamento de Educación de Puerto Rico utilizó fondos federales de
reconstrucción para sufragar los servicios estipulados bajo el concepto de Remedio
Provisional. La cancelación abrupta del acceso a estos fondos, por el Gobierno
Federal, dejó un vacío presupuestario significativo.
Esta carga económica fue traslada repentinamente al Gobierno Estatal, quien ahora
debe asumir la responsabilidad total de cubrir estos servicios esenciales, tales como:
Terapias del habla y lenguaje, ocupacionales, psicológicas, apoyos académicos y
conductuales individualizados. Estos servicios, adquiridos mediante mandatos legales y
constitucionales, desempeñan un rol fundamental para que los menores puedan
alcanzar su máximo potencial. Aunque la población general de educación especial ha
disminuido debido la emigración provocada por desastres naturales, los diagnósticos
con autismo se han mantenido en constante crecimiento y de forma acelerada, lo cual
es más alarmante si nuestro sistema de educación no cuenta con los fondos para
apoyar esta comunidad estudiantil.
Durante el año escolar 2012-2013 los estudiantes con autismo representaban el 2.64%
de la matrícula de educación especial, para el año escolar 2024-2025 esta cifra ha
escalado al 13.75%, reflejando un cambio demográfico que no puede ser ignorado.
Más aún, en abril del 2025 la Red de Monitoreo de Autismo y Deficiencias en el
Desarrollo en Puerto Rico (PR-ADDM), actualizó sus datos de prevalencia de autismo
en la Isla, revelando que, durante el 2022, 1 de cada 38 niños de 8 años (2.6%) fue
identificado con autismo. Aún más inquietante, entre los niños de 4 años, la prevalencia
aumentó a 1 de cada 21 niños (4.7%). Tras este crecimiento exponencial necesitamos
una redistribución de fondos que permita desarrollar un sistema de educación robusto y
con mayores recursos tanto para este año como para el próximo año 2025-2026.
La comunidad con autismo necesita servicios que requieren mayor frecuencia y
abarcan múltiples áreas del desarrollo. Eso hace que su costo sea significativamente
más alto que el de otros servicios educativos y terapéuticos, por lo que exhortamos a la
Junta a evaluar con prioridad el bienestar de nuestros niños. Invertir en su desarrollo no
solo es una responsabilidad moral y legal, sino también una decisión estratégica para el
futuro del país.
Para más información o conocer sobre la Alianza de Autismo de Puerto Rico puede
visitar www.alianzaautismo.com
