Como parte de un paquete de medidas contra la corrupción, la Cámara de Representantes aprobó este lunes una legislación que requerirá a las entidades gubernamentales incluir en su página electrónica una sección o enlace que redirija a cualquier ciudadano al portal oficial de la Oficina del Inspector General (OIG).
El Proyecto de la Cámara 307 fue presentado por el presidente del cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, con la intención de facilitar el acceso para que ciudadanos y servidores públicos presenten quejas, planteamientos o denuncias de irregularidades.
Para el líder cameral, esta herramienta promoverá un mecanismo de comunicación y fiscalización ciudadana de forma directa. La pieza legislativa recibió durante los trabajos de la sesión ordinaria 51 votos a favor de todas las delegaciones políticas.
“Actualmente, las páginas electrónicas de las distintas agencias en el gobierno federal cumplen con una disposición similar para que los ciudadanos puedan denunciar fraude, desperdicio y abuso de uso de fondos públicos. Esto permitirá continuar fortaleciendo la función investigativa de la OIG, a la vez que se proveen las herramientas a los ciudadanos para que puedan reportar oficialmente cualquier incidencia”, expresó el autor de la medida a través de la exposición de motivos.
El Proyecto de la Cámara 308 -presentado por Méndez Núñez- obtuvo el respaldo para que la OIG tenga la jurisdicción de investigar a exfuncionarios y excontratistas sobre irregularidades cometidas durante su servicio público.
La medida radicada por petición de la propia OIG pretende ampliar el alcance de la agencia de manera que sirva como un elemento disuasivo y un mecanismo de control para combatir la corrupción.
“Al otorgar a la OIG la jurisdicción continua sobre ex servidores públicos, contratistas y excontratistas, el Estado se asegura de que la administración de fondos y bienes públicos esté protegida a largo plazo, y de que se sancionen todas las conductas inapropiadas sin importar cuándo se detecten”, afirmó el presidente cameral.
Esta legislación enmendaría la ley orgánica del Inspector General (Ley 15-207) para establecer la permanencia de la jurisdicción de la OIG sobre los exfuncionarios. Del mismo modo, dispone un término mediante el cual un ex servidor público o excontratista puede ser objeto de investigación.
Otra medida favorecida por petición de la OIG fue el Proyecto de la Cámara 349, que garantizaría a la OIG la capacidad en ley de obtener y revisar documentos e información fiscal custodiada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
La pieza cameral de la autoría de Méndez Núñez persigue aclarar el ámbito de acceso a la información en la OGP y evitar lagunas en las investigaciones de la OIG, especialmente aquellas que requieren una revisión del uso de fondos públicos.
“El fortalecimiento de la capacidad de la OIG para obtener documentación relevante en poder de la OGP también protege los intereses del pueblo, garantizando que las prácticas gubernamentales se lleven a cabo con la máxima transparencia y sin espacio para el fraude o la corrupción”, manifestó el líder legislativo.
Otras medidas aprobadas
Por otro lado, el pleno cameral apoyó el Proyecto de la Cámara 31 para ordenar al Departamento de Educación (DE) integrar en el currículo general de las escuelas superiores vocacionales el requisito académico de cursos en Historia e Historia de Estados Unidos.
A ello se uniría un curso electivo relacionado con el Programa de Estudios Sociales-Historia para completar un crédito académico por año. La iniciativa tiene su origen en una solicitud realizada por estudiantes de noveno y décimo grado de la Escuela Vocacional Ana Delia Flores Santana, en Fajardo, al igual que a su profesora de Estudios Sociales, Iliana Díaz.
“La educación sobre los Estudios Sociales, tanto para estudiantes de escuelas superiores regulares como vocacionales, debe ser una amplia que abarque la mayor cantidad de temas posibles. Una educación que se limita al entorno socioeconómico del participante tiene el grave efecto de limitar su visión dentro de un mundo moderno y globalizado que requiere de conocimientos altamente especializados”, afirmó Méndez Núñez, autor de la propuesta legislativa.
Su propósito es estar en cumplimiento con la ley federal Perkins al permitir que estos cursos estén disponibles en todas las escuelas vocacionales del sistema público, ampliando así la oferta académica y fortaleciendo la Reforma Educativa en curso.
También pasó el aval de la Cámara el Proyecto 124 para establecer como parte de la política pública del sistema educativo la concientización sobre el edadismo.
La medida de la representante Wanda del Valle busca establecer los deberes y responsabilidades de la comunidad escolar en torno al edadismo. Además, incluiría dentro del currículo general actividades para concientizar sobre el edadismo y la necesidad de erradicar cualquier tipo de discrimen por razón de edad.
De igual forma, ocurrió con el Proyecto de la Cámara 371, una medida de administración para extender la jurisdicción de la Policía Municipal al interior de las facilidades de transportación colectiva y vial dentro de sus límites territoriales.
El Proyecto de la Cámara 427, que busca integrar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la enseñanza del inglés conversacional en las escuelas públicas, también fue avalado por el cuerpo legislativo. La legislación de la representante Tatiana Pérez Ramírez busca crear este proyecto piloto en 25 escuelas públicas con prioridad en aquellas ubicadas en zonas rurales.
Entre otras medidas aprobadas está el Proyecto de la Cámara 491, del representante José “Cheito” Hernández Concepción, para implementar un sistema de notificación electrónica a los conductores previo a la expiración de su marbete digital; y el Proyecto de la Cámara 520, de administración para autorizar al Negociado de Asuntos Legales a representar a trabajadores que hayan pactado utilizar el arbitraje como método de resolución de las controversias que surjan al amparo del contrato privado de empleo.
Asimismo, el pleno respaldó la Resolución Conjunta de la Cámara 65 para designar con el nombre de Wilson Torres Ruiz la pista atlética del municipio de Añasco que ubica entre la Escuela Especializada en Idioma Alcides Figueroa y la Escuela Isabel Suárez. La legislación es de la autoría de los representantes José “Che” Pérez Cordero y Odalys González González.
Por último, la Resolución Conjunta de la Cámara 66, de la representante Carmen Medina Calderón, para transferir al Municipio de Loíza la antigua Escuela Superior Carlos Escobar López a los fines de desarrollar en el plantel proyectos de impacto social y brindar servicios públicos. Para turno posterior están el Proyecto de la Cámara 179 del representante Jorge Navarro Suárez y el Proyecto del Senado 88.
La Cámara de Representantes recesó los trabajos de la sesión ordinaria hasta el próximo jueves, 15 de mayo, a las 11:00 a.m.
