Por Vanessa Colón Almenas | Centro de Periodismo Investigativo
Al mismo tiempo que se desempeña como director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Eduardo Soria Rivera compareció a los tribunales como perito de clientes privados suyos sin tener una autorización de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
Es más, en el expediente judicial de uno de sus clientes consta que presentó una declaración jurada, a principios de febrero, en la que certifica que para esa fecha disfrutaba de una “dispensa” de la OEG que le permitía testificar como perito de asuntos económicos en casos pendientes en los tribunales. Rivera Soria es contador público autorizado y abogado.
A su vez, Soria Rivera no informó a Ética Gubernamental su rol como dueño de la compañía de consultoría financiera Ecoval, que mantiene 21 contratos con 14 agencias gubernamentales por casi $5 millones. Algunos de estos contratos son para que Ecoval gestione proyectos de recuperación con fondos federales que desembolsa COR3, cuya dirección ocupa Soria Rivera.
Dio información falsa al tribunal
“A pesar de no haber recibido una comunicación oficial certificando la dispensa, ya me encuentro disfrutando de la misma, toda vez hoy 6 de febrero de 2025 comparecí a testificar como perito en el Tribunal de Fajardo, el cual se encuentra en etapa de juicio”, lee el afidávit consignado en el récord de un litigio en el Tribunal de Aibonito.
Sin embargo, esa afirmación de Soria Rivera no es cierta porque, aunque el funcionario había solicitado la autorización a Ética, para el 6 de febrero esa agencia no le había respondido, según documentos revisados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). La subdirectora ejecutiva de OEG, Jennifer Rodríguez Ayala, confirmó al CPI que la única expresión sobre el asunto de la autorización o dispensa por parte de su agencia ocurrió el 14 de marzo, más de un mes después de la declaración jurada.
FOTO: COR3 Gobernadora
CALCE:
La Gobernadora autorizó al Eduardo Soria Rivera a comparecer como perito únicamente en ocho casos que habían discutido en el proceso de evaluación para su nombramiento como director ejecutivo de COR3. La foto es de una reunión con el equipo de FEMA a finales de enero.
Foto suministrada
Soria Rivera dijo al CPI que, durante una conversación telefónica que recibió de la OEG para requerir información adicional para evaluar la autorización solicitada, le hizo saber a la abogada que lo llamó la “cercanía” de una de las fechas de los casos y “la responsabilidad profesional que podría acarrear mi incomparecencia”. Dijo que para ese entonces tenía la autorización de la gobernadora Jenniffer González Colón, a quien le había solicitado permiso por conducto del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, para comparecer como perito en ochos casos.
La Ley de Ética Gubernamental establece que la única agencia facultada para emitir autorizaciones a la Rama Ejecutiva es la OEG.
La OEG indicó que se comunicó con Soria Rivera el 11 de febrero de 2025. Para ese entonces, ya el funcionario había comparecido como perito en el Tribunal de Fajardo sin la autorización de Ética y había declarado bajo juramento que disfrutaba de una “dispensa” de Ética, lo cual no era cierto.
El 14 de marzo, el director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas, le indicó en una carta a Soria Rivera que, como servidor público a jornada completa, no podía “representar, asesorar o servir como perito o abogado a una persona privada o negocio en asuntos ante los tribunales, agencias u organismos cuasi judiciales durante horas laborables”, según establece la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
Pérez Vargas le informó al Director de COR3 que debía solicitar a los tribunales relevarlo como experto de los litigios pendientes y que únicamente podía comparecer en aquellos casos en los que el tribunal no accediera a excusarlo como testigo pericial.
“No podrá comparecer como perito ni como representante legal en cualquier otro caso privado mientras sea servidor público. El tiempo laborable que utilice para sus comparecencias como perito ante los tribunales o cualquier otra gestión relacionada con estos no podrá cargarlo a licencia alguna y deberá realizarse el descuento de nómina correspondiente”, añadió Pérez Vargas.
Cuando el CPI le preguntó por qué declaró bajo juramento que le dieron una dispensa cuando no tenía el aval de Ética, Soria Rivera dijo por escrito que esa información es “incorrecta”.
“No declaré bajo juramento haber recibido la contestación formal de la consulta de la OEG. Declaré que presenté una Solicitud de Autorización ante la OEG para comparecer como perito en un procedimiento judicial”, aseguró. Sin embargo, no mencionó que hizo un afidávit que dice que “a pesar de no haber recibido una comunicación oficial certificando la dispensa, ya me encuentro disfrutando de la misma”.
El funcionario sólo accedió a contestar preguntas del CPI por escrito, pero se negó a una entrevista, que se le solicitó en múltiples ocasiones. Ni siquiera quiso ser entrevistado sobre estos asuntos éticos cuando se le abordó durante un foro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, en Isla Verde, al que se convocó a la prensa.
Con la bendición de la Gobernadora
Soria Rivera solicitó la autorización a la OEG el 3 de febrero. Ese mismo día solicitó a la Gobernadora permiso para comparecer en ocho casos que tenía pendientes en los Tribunales y que, a su juicio, estaban en una etapa tan avanzada que su salida resultaría perjudicial a sus clientes. González Colón anunció su nombramiento como Director Ejecutivo de COR3 el 12 de enero. Ese cargo no requiere confirmación del Senado.
La Primera Mandataria le dio el permiso con la salvedad de que debía “asegurarse que por tales comparecencias no se comprometan fondos públicos, entre otros asuntos discutidos”. La autorización concedida fue evaluada y avalada por la licenciada Itza M. García Rodríguez, subsecretaria de la Oficina de la Secretaría de la Gobernación, lee el documento de la OEG.
Según el abogado y contador público autorizado, a partir de su nombramiento comenzó a identificar los casos que tenía pendientes en los tribunales.
“De las decenas de casos pendientes, procedí a notificar mi renuncia a cada uno de ellos. Este proceso de evaluación y notificación tomó aproximadamente tres semanas. Sin embargo, es preciso destacar que en dicho proceso de avalúo identifiqué algunos casos en que, por su
avanzada etapa procesal, no podía renunciar sin causar perjuicio a la parte”, explicó Soria Rivera al CPI, sin contestar cuándo fue entrevistado por la Gobernadora para reclutarlo como director de COR3.
Soria Rivera daba servicios profesionales como experto, ante tribunales locales y federales, en áreas como “auditorías internas, valoración de empresas y activos, reestructuraciones financieras, procesos de quiebra e investigaciones de fraudes, entre otros”, según el documento de OEG.
Personas particulares, empresas y el Municipio de San Juan figuran aún en su cartera de clientes. Soria Rivera dijo al CPI que “testificó en uno”.
“En tres de los casos el Tribunal determinó que mi comparecencia es necesaria, dos de los casos están pendientes de determinación y los otros dos se transaron por acuerdo entre las partes sin que tuviera que proveer mi peritaje a la corte”.
En tres casos, los abogados de la otra parte han solicitado a los tribunales que se descalifique a Soria Rivera como testigo por incompatibilidad con sus responsabilidades como Director de COR3 y sus funciones como perito en los tribunales.
No informó a Ética sobre otros contratos con el Gobierno
Soria Rivera dijo que dijo que presentó el 29 de enero una inhibición ante la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), a la que está adscrita COR3, relacionada con cualquier trámite en el que intervenga Ecoval, compañía de la que fue dueño hasta poco después de su nombramiento en el Gobierno. No obstante, no presentó ninguna inhibición a la OEG.
Ecoval se incorporó originalmente con el nombre Soria LLC hace 11 años.
“Certifico no haber ejercido acción oficial alguna desde COR3 respecto a la compañía Ecoval LLC de la que estoy totalmente desvinculado”, dijo al CPI.
“Cualquier asunto relacionado con Ecoval LLC, y relacionado con cualquier subrecipiente al que preste servicios esa empresa, será atendido por el subdirector de COR3 o aquel funcionario público que éste delegue. Dispuse, además, que nadie podrá consultarme,
notificarme o solicitarme aprobación, consejo o información sobre asuntos oficiales de COR3 que se relacionen con dicha empresa”, dijo Soria Rivera, quien se identificó en documentos del 4 de enero como agente residente, dueño y administrador de Ecoval.
Aunque Soria Rivera dijo al CPI que renunció a Ecoval el 13 de enero, una resolución corporativa del Departamento de Estado establece que renunció a todas las posiciones que ocupaba en la compañía casi un mes después, el 4 de febrero. Nombró a Carlos Iglesias Colón en las posiciones de agente residente y administrador.
El Director Ejecutivo de COR3 aseguró al CPI que, una vez fue nombrado a ese cargo formalizó “un Poder Duradero, General e Ilimitado, así como una Escritura de Constitución de Fideicomiso Ciego”.
“El Apoderado vendió la compañía a los señores Julio Francisco Torres Abreu y Carlos Juan Iglesias Colón. No tengo información de las interioridades administrativas que puedan bien hacer sus nuevos dueños”, añadió, sin detallar quién es el apoderado y la fecha de la venta.
Al menos hasta abril de 2025, Torres Abreu figuraba como director de Ecoval junto a José Marrero Rosado, exdirector ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto bajo la administración de Ricardo Rosselló. Ambos son donantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como Iglesias Colón, quien en 2024 donó $7,200 al partido, a González Colón y a Erik Rolón Suárez, entonces candidato a alcalde de Dorado.
Torres Abreu donó $12,366 en 2023 y 2024 a varios candidatos penepés. Entre 2022 y 2024, Marrero Rosado donó $19,225 a Pedro Pierluisi y González Colón, entre otros. Mientras, que solamente en 2023 y 2024, Soria Rivera donó al PNP y a algunos de sus candidatos un total de $34,650.
En 2020, Iglesias Colón y Soria Rivera donaron $4,000 en total al comité Jenniffer for Congress, según la Comisión Federal de Elecciones.
TABLA DONATIVOS:
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Cuando la Gobernadora anunció su nombramiento al mando de COR3 a mediados de enero, Ecoval tenía $3.8 millones en 20 contratos con 13 agencias del Gobierno. Desde 2020, Ecoval ha obtenido casi $30 millones en contratos; mientras que bajo el nombre corporativo Soria LLC, consiguió $3 millones en seis años desde 2014 al 2020.
El año pasado, la compañía de Soria Rivera participó de una solicitud de propuesta de COR3 para ofrecer servicios profesionales de cierre de proyectos de recuperación. Como parte de la Evaluación de Integridad y Ética, COR3 reconoció la posibilidad de conflictos de interés en 30 contratos de Ecoval con diversas agencias del Gobierno. En esos contratos, Ecoval se comprometía a asistir a las agencias en el manejo de expedientes de proyectos obligados con fondos federales que se someten a COR3 para reembolsos y otros procesos. Por lo tanto, Ecoval hubiera manejado los proyectos de clientes que esa misma compañía sometía ante el COR3.
Soria Rivera es dueño también de B-Value Consulting, Inc., una compañía de bienes raíces, y de Government Talent Solutions, LLC, creada en 2024 y que está inoperante, según dijo al CPI, pero no dijo si las incluyó en la inhibición presentada a la AAPP. En las expresiones escritas sólo mencionó a Ecoval.
“Para que no quepa la más mínima duda de la transparencia profesional que he tenido toda mi vida, he determinado inhibirme de intervenir directa o indirectamente de cualquier asunto relacionado con Ecoval LLC mientras ocupe el cargo de director ejecutivo de COR3 y
durante el término subsiguiente aplicable a los exfuncionarios, al momento de mi separación del cargo público”, aseguró.
