Corrección pagó casi medio millón de dólares a empresa, pero sin evidencia

por Amanda Pérez Pintado | Centro de Periodismo Investigativo

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) pagó casi medio millón de dólares a la empresa Health Strategy Consulting (HSC) por presuntamente “analizar y evaluar el total cumplimiento” de los proveedores de servicios de salud en las cárceles, pero no tiene evidencia alguna de las labores rendidas por la empresa.

La compañía pertenece al comunicador Ramón Alejandro Pabón García, actual portavoz del nominado secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, y quien del 2008 al 2024 ha tenido sobre $5 millones en contratos, con casi dos decenas de agencias y municipios bajo administraciones novoprogresistas, a través de distintas corporaciones. 

Mientras tanto, los servicios de salud correccional han estado bajo serios cuestionamientos desde el año pasado por la excarcelación del feminicida Hermes Ávila Vázquez bajo falso criterio médico y por el reciente informe de la Comisión de Derechos Civiles que reveló un alto nivel de mortalidad en las instituciones penales del país.

Según documentos que el DCR entregó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la agencia le pagó $483,460 a HSC, $67,460 más de lo estipulado en los contratos que se mantuvieron entre 2017 y 2022. En el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor (OCPR) no hay evidencia de ninguna enmienda que aumentara la cuantía de los contratos.

Todos los contratos entre el DCR y HSC establecen que la empresa debía presentar un informe de las labores realizadas junto a las facturas que le sometía a la agencia, pero a pedidos del CPI, la agencia solo pudo proveer una tabla con el desglose de la facturación que no contiene ni las facturas originales, ni los informes de facturación. Ni siquiera incluye una breve descripción de las presuntas labores realizadas y pagadas. 

El CPI también le solicitó al DCR los informes de evaluación, desde 2019 hasta 2022, que HSC emitió sobre el cumplimiento de Physician Correctional, que tiene un contrato vigente hasta 2028. La agencia tampoco los proveyó.

Tras una demanda contra el DCR y en respuesta a la petición por los informes de evaluación, la agencia certificó al CPI que, en sus récords, no tiene “ningún informe de parte de la compañía Health Strategy [Consulting]”. 

Pabón García, en expresiones escritas enviadas al CPI, afirmó que preparó los informes de cumplimiento y los presentó al Joint [Oversight] Committee, que es un comité compuesto por representantes de la agencia y de Physician Correctional que vigila que el proveedor de salud correccional cumpla con sus obligaciones contractuales.

“[Fueron entregados] directamente a la exsecretaria del DCR, Ana Escobar, [quien] según mi mejor recuerdo, era la única persona autorizada para recibir nuestras observaciones, y la funcionaria Escobar participó en muchas reuniones del Joint Committee”, dijo por escrito.

Sin embargo, no proveyó copia de los documentos como solicitó el CPI.

Además, Pabón García alegó que no tenía la responsabilidad de someter informes de labores junto con las facturas, contrario a lo que establecen los contratos. 

“El DCR cuenta con un departamento de intervención de facturas que está obligado a verificar que cualquier pago se realice únicamente sobre aquellas facturas que cuenten con la firma del ente supervisor, este último es quien certifica como correcto los servicios prestados. Además, la factura debe estar acompañada de una descripción de las ejecutorias y las horas invertidas”, añadió. 

No solo el DCR certificó ante el tribunal que no tiene informes emitidos por HSC, sino que Physician Correctional, que era parte de ese comité conjunto, también certificó lo mismo. 

A diferencia de lo que afirmó Pabón García, la exsecretaria Escobar Pabón le dijo al CPI que no participaba en las reuniones del comité conjunto. 

“De acuerdo a lo que está establecido, el Secretario no participa, pero participaban otras personas dentro del departamento”, dijo Escobar Pabón en un aparte con el CPI luego de la vista de transición del DCR, en noviembre, antes de dejar el cargo.

De igual manera, directores de la compañía UTICORP, contratada en 2023 por el DCR para auditar el rendimiento de Physician Correctional, dijeron en el Senado, durante una vista pública en septiembre de 2024, que no tenían conocimiento de que alguna compañía anterior a ellos hubiese auditado o revisado el cumplimiento de Physician Correctional. Tras ser contratada, tampoco recibieron de la agencia informes de auditorías o investigaciones previas que evaluaran el desempeño del proveedor de salud correccional, declararon a los senadores. 

“Por [publicaciones en] la prensa, es aparente que hubo una compañía antes de nosotros, pero no hemos tenido contacto con esa compañía”, dijo en la vista pública Jorge Galva Rodríguez, asesor y representante legal de UTICORP.

Escobar Pabón ha dicho que UTICORP y HSC prestaban servicios distintos. Según la exsecretaria, HSC servía de enlace entre la agencia y Physician Correctional (registrada corporativamente como Physician HMO, Inc.) y participaba en las reuniones del comité conjunto de supervisión.

Además de proveer el servicio de enlace, el contrato, por $10,000 mensuales, dice que HSC analizaría y evaluaría el cumplimiento del contrato suscrito entre el DCR y Physician Correctional en áreas como control de utilización, programa de calidad, manejo de casos, permisología y acreditaciones. HSC, además, debió evaluar la capacidad y suficiencia económica de la compañía y las subcontrataciones que hacía, y “desarrollar inspecciones de cumplimiento coordinadas o aleatorias a las áreas médicas y Centro Médico Correccional”.

“Era un liaison [enlace], era quien intervenía o estaba entre lo que es Physician Correctional y el DCR, y hacía las funciones de comunicador entre ambas partes. Se aseguraba, obviamente, del cumplimiento contractual y de los servicios que se ofrecían a la población”, dijo Escobar Pabón.

En cambio, UTICORP, según la exsecretaria, no cumplía el rol de enlace, sino que auditaba los expedientes médicos de la población correccional. El contrato entre el DCR y UTICORP, por $450,000, venció en junio de 2024. 

A pesar del casi medio millón de dólares pagados a HSC para que evaluara el cumplimiento del proveedor de salud correccional, UTICORP encontró que Physician Correctional “se encuentra en incumplimiento sustancial y material con los estándares establecidos de salud carcelaria, las diversas órdenes del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico en el caso prescriptivo de Morales Feliciano, y el contrato existente desde 2018 entre el DCR y Physician”, según documentos obtenidos por el CPI. 

Physician Correctional ha estado bajo la lupa desde abril del año pasado, luego de que trascendiera que un panel de médicos de la compañía erróneamente recomendó la excarcelación de Ávila Vázquez, quien asesinó a Ivette Joan Meléndez Vega tras ser liberado por una supuesta condición de salud. 

En septiembre de 2024, el CPI reportó por primera vez sobre los contratos que el DCR le había otorgado a HSC, y reveló que Physician Correctional enfrenta decenas de demandas por negarle servicios médicos a personas privadas de su libertad. 

Cambio de presidente 

Originalmente, los contratos entre el DCR y HSC, iniciados en diciembre de 2017, requerían los servicios de un médico para que sirviera de enlace y asegurara el cumplimiento en la prestación de Correctional Health Services Corporation, que daba los servicios a la población carcelaria antes de Physician Correctional. Ese contrato lo firmó Luis V. Clas Fernández, quien es médico y fue presidente de HSC. 

Clas Fernández, por virtud del acuerdo entre el DCR y HSC, continuó como enlace con la agencia cuando, en 2018, el DCR sustituyó a Correctional Health Services por Physician Correctional para dar los servicios médicos a los confinados. El contrato entre el DCR y Physician Correctional establece que debe existir un oficial de enlace médico — un doctor debidamente licenciado en Puerto Rico — que sirviera de vínculo entre la agencia y el proveedor de servicios de salud correccional. 

Durante años no se ha empleado a nadie dentro de la agencia para esa función, reveló el CPI en septiembre de 2024. El acuerdo establecido con HSC le delegaba parte de esa responsabilidad, según la exsecretaria.

Escobar Pabón dijo al CPI que no renovó el contrato con HSC por un cambio de liderato en la empresa. En 2020, Clas Fernández fue designado director del Sistema de Salud del Municipio de San Juan.

“Lamentablemente, su presidente, el presidente de la compañía, pasó a trabajar a otra área, el doctor Clas [Fernández], entonces no pudimos continuar con los servicios de ellos”, dijo Escobar Pabón.

Sin embargo, esa afirmación de Escobar Pabón es falsa. 

El último contrato firmado por Clas Fernández expiró en diciembre de 2020, pero en septiembre de 2021, la misma Escobar Pabón firmó un contrato con HSC, representada en ese acto por Pabón García, uno de los principales comunicadores de las administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) por más de una década. 

Como Pabón García no es médico, el contrato con el DCR cambió el lenguaje y añadió la necesidad de contratar un administrador de servicios de salud. Además de estratega en comunicaciones, Pabón García es licenciado en administración de hospitales.

Pabón García asumió las riendas de HSC en enero de 2021, cuando el nombramiento de Clas Fernández en el Municipio de San Juan fue confirmado. La resolución corporativa que da cuenta de la salida de Clas Fernández como director de la compañía no aclara si recibiría salarios o dividendos de la empresa. El CPI se comunicó con Clas Fernández para solicitar una entrevista, pero no recibió respuesta.

El vínculo de Pabón García con HSC, sin embargo, comenzó cuando él era director ejecutivo del Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes, que es la entidad pública responsable de coordinar e integrar todos los servicios educativos, clínicos e investigaciones relacionados con la diabetes. Pabón García le dio cuatro contratos a HSC por un total de $100,130 para servicios de consultoría entre 2013 y 2015, según el registro de la OCPR. 

Inconsistente el récord con las declaraciones

En la reciente cumbre de salud de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, el CPI abordó sobre este tema a Pabón García, quien acompañaba al designado secretario de Salud. El comunicador rechazó responder preguntas en ese momento y dijo que consultaría con el dueño de HSC sobre el asunto. Ante la insistencia del CPI por saber quién era el dueño de la compañía, Pabón García reconoció que es suya.

Tres días después, en declaraciones escritas, Pabón García sostuvo que, durante el periodo de la última contratación de HSC con el DCR, la empresa “se enfocó en atender” la emergencia de COVID-19. 

“Durante los últimos seis meses del contrato de HSC bajo mi dirección, puedo afirmar que se ejecutó cabalmente el plan de trabajo aprobado por el DCR, el cual, en ese momento histórico, se ajustó para responder exclusivamente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, priorizando la prestación de servicios esenciales en un momento crítico para el sistema de salud correccional el cual fue exitoso y se logró contener los contagios como ningún otro sistema carcelario a nivel nacional”, dijo el presidente de la corporación.

Sin embargo, el último contrato a HSC fue otorgado un año y medio después de que el Gobierno de Puerto Rico declarara la emergencia por la pandemia. 

HSC, bajo la presidencia de Clas Fernández, prestó servicios hasta junio de 2020 y luego se le otorgó un nuevo contrato para dar servicios solamente en el mes de diciembre de ese año, según el Registro de Contratos del Contralor. No fue hasta septiembre de 2021 que el DCR firmó el contrato con Pabón García.

El administrador de servicios de salud afirmó que el último contrato con Corrección fue cancelado seis meses antes de su vencimiento, que era el 30 de junio de 2022. Sin embargo, en la OCPR no hay registro alguno de esa cancelación. Además, la tabla de facturación que el DCR entregó al CPI muestra que la agencia pagó $10,000 por facturas emitidas entre septiembre de 2021 a junio 2022, para un total de $100,000, que era la totalidad del contrato. 

Muchos tentáculos

Aun con las múltiples responsabilidades que le imponía el acuerdo con Corrección, Pabón García prestaba simultáneamente servicios de comunicaciones a otras entidades gubernamentales mediante sus compañías Tácticas & Inc. y Alogi, Inc.

Entre septiembre de 2021 y junio de 2022, Tácticas & Inc. prestó servicios al Banco de Desarrollo Económico por $5,000 al mes, a la Administración de Seguros de Salud por $4,995 mensuales, a la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico por $2,000 mensuales, al Municipio de Canóvanas por hasta $4,750 al mes. También recibía hasta $6,000 mensuales de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA, en inglés) por prestar servicios a la entonces comisionada residente, Jenniffer González, quien actualmente como gobernadora mantiene a Pabón García en el equipo de comunicaciones de la Rama Ejecutiva. 

Entre agosto de 2021 y 30 de junio de 2022, Tácticas & Inc. también tuvo un contrato de $2,500 por servicios de administración del CDT del Municipio de Maunabo. 

En sus propuestas, Pabón García describe a Tácticas como un “bufete de relacionistas públicos”, pero no detalla quiénes conforman su equipo de trabajo. 

Simultáneamente, otra compañía suya, Alogi, Inc., tuvo contratos con el Municipio de Vega Alta por $8,000 mensuales para trabajar con el sistema de rastreo del COVID-19 de julio a diciembre de 2021.

Entre septiembre de 2021 y junio de 2022 – lo que duró el contrato de HSC con el DCR –, Pabón García llegó a tener al mismo tiempo contratos que sumados le podían producir, en algunos momentos de ese periodo, más de $33,000 mensuales. 

Muy querido en Canóvanas

Tácticas & Inc. actualmente tiene vigente un contrato con la Administración de Servicios Generales por $5,000 mensuales y es la encargada de comunicaciones del actual designado secretario de Salud, aunque en la OCPR no se ha registrado ningún contrato suyo con el Departamento de Salud.

La compañía también mantiene un contrato con el Municipio de Canóvanas. Esta firma de servicios de comunicaciones ha mantenido acuerdos continuos con la alcaldesa Lornna Soto desde 2014. La contratación ya suma casi $421,000.

Así también, desde 2022, mediante su compañía Alogi, Inc. Pabón García tuvo contratos con este municipio para servicios de consultas médicas y administración del sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos COVID-19 y para la operación de instalaciones de salud. En total, Alogi obtuvo contratos con el Municipio por casi $92,000 en los últimos dos años. El último contrato de esta firma expiró el 31 de diciembre de 2024.

La Alcaldesa también firmó un contrato con Pabón García en julio de 2022 para que, a través de HSC, prestara servicios de administración de salud y fuera enlace entre la Alcaldesa, el sistema de rastreo de COVID-19 y la Oficina de Manejo de Emergencias y Médicas. Por $4,000 mensuales, la compañía también tenía que tener “on call” un internista y un médico generalista, entre otras tareas. Ese contrato expiró en diciembre de 2022.

Desde la administración de Luis Fortuño, en 2009, Tácticas Inc. y Tácticas & Inc., como luego se llamó la empresa, ha acumulado sobre $4.5 millones de contratos con agencias, corporaciones públicas, el Senado y municipios novoprogresistas.

Asimismo, Alogi, Inc. ha sumado $262,850 en contratos con los Municipios de Vega Alta y Canóvanas desde febrero de 2021. La corporación se registró en septiembre de 2020.

En la OCPR también hay $120,000 en contratos a nombre de Ramón A. Pabón García por prestaciones a PRFAA en 2023 y 2024. Bajo este nombre también hay contratos que se remontan al 2008 con el Senado, la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y el Municipio de Maunabo. Estos contratos, incluidos los de PRFAA, suman $240,440.

 
Entre 2012 y 2022, HSC mantuvo contratos, por un total de $615,130, con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; el Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes; el DCR y el Municipio de Canóvanas, según el registro de contratos de la OCPR.

En total, desde 2008, Pabón García y sus empresas han acumulado sobre $5 millones en contratos con 18 entidades gubernamentales, incluyendo agencias, el Senado y municipios. 

Pabón García también registró en abril de 2021 la compañía BPUMF, LLC, con la que creó una página anónima en redes sociales en la que se atacó a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) en medio de la contratación de LUMA. En 2022, la UTIER y su entonces presidente, Ángel Figueroa Jaramillo, presentaron una demanda por daños y perjuicios por presunto hostigamiento cibernético. BPUMF, LLC indicó, entre otras cosas, que las expresiones que se alegan están cobijadas por las doctrinas de opinión e hipérbole retórica. BPUMF, LLC fue disuelta en 2022. 

En agosto de 2024, la UTIER radicó una moción de desistimiento en la que solicitó el archivo y cierre de la demanda con perjuicio — es decir, una terminación definitiva del caso, por lo que no puede ser llevado a juicio nuevamente —. La jueza Ladi Buono de Jesús, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, acogió la moción y archivó el caso.