Por José M. Encarnación Martínez | Centro de Periodismo Investigativo
El reloj marca las seis de la tarde y Carlitos, a quien le protegemos su identidad, se asoma a mirar por la ventana de la casa con una pregunta en su cabeza:
— Mamá, ¿qué va a pasar si te cogen?
Tiene nueve años y desde hace más de una semana, él y su madre, una inmigrante dominicana que lleva dos décadas en Puerto Rico, viven con el miedo como compañero de cuarto. No han salido de su casa desde la última semana de enero, cuando comenzaron en Puerto Rico las redadas del Servicio federal de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) ordenadas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
— Mamá, si la policía viene, me das el celular y te vas corriendo. Te escondes, que yo los distraigo. Te puedes meter en el baño y cierras la puerta, que yo te prometo que los voy a distraer — , dice Carlitos con la inocencia de quien aún no entiende del todo la dureza de las leyes migratorias.
La madre lo abraza y le dice que todo estará bien, aunque ella misma no lo sepa. Seca las lágrimas del muchachito, “que ya llora sin hacer ruido”.
— Si a mamá se la llevan, tú tranquilo, que nos volveremos a ver. Y estoy segura que van a llamar a papá. Y comoquiera hay gente buena que nos cuida, que están pendientes de nosotros. Usted tranquilo, mi niño. Si a mamá se la llevan, nos vamos a volver a encontrar.
A pesar de haber iniciado el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense en 2023, la espera de la madre es larga y el temor, inmediato. El ICE podría tocar a su puerta y llevársela, como ocurrió con Neuri Feliz, uno de los dominicanos detenidos por las autoridades federales en Puerto Rico el pasado 27 de enero, a pesar de estar en proceso para obtener su ciudadanía hace más de un año. Las redadas del ICE han dejado un rastro de angustia entre la comunidad inmigrante en la Isla, donde muchos llevan años construyendo sus vidas con trabajo duro. Ella y su esposo son ejemplos.
Su esposo, también dominicano, sí tiene ciudadanía estadounidense. Pero una seria complicación de salud lo obligó a regresar a su país de origen, pues la cita médica más cercana en Puerto Rico estaba pautada para mayo. Ahora, en medio de su tratamiento, la familia está separada y su esposa enfrenta sola la incertidumbre y el encierro.
— Yo vine a trabajar y toda mi vida he trabajado. Ahora nos dicen criminales. Y Donald Trump habla de criminales, y yo sé que hay gente mala, pero no somos todos. Llevo 20 años trabajando y nunca, pero nunca, he tocado un cuartel de la Policía en Puerto Rico. Y estoy esperando por mi ciudadanía. Yo inicié el proceso, pero sigo esperando.
El caso de Carlitos y su madre no es único. La comunidad dominicana constituye la mayor población extranjera en la Isla, representando aproximadamente el 59% de la población inmigrante de origen hispano en Puerto Rico. Se estima que alrededor de 60,000 dominicanos residen en la Isla, que tiene poco más de tres millones de habitantes. De ese total aproximado, más del 75% son menores de 18 años.
Como parte de las redadas ordenadas por Trump, hasta el 3 de febrero se habían detenido 100 personas en Puerto Rico, informó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).
HSI también detalló que han realizado operativos en San Juan, Trujillo Alto, Dorado, Bayamón, Toa Baja, Carolina, Loíza, Luquillo, Río Grande, Mayagüez y Fajardo, incluyendo, además, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
Los detenidos provienen de Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Haití, México, China, Dominica, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, Israel, Italia y Japón, según las autoridades federales.
Carlitos, nacido en Puerto Rico y, por lo tanto, ciudadano estadounidense, no entiende de trámites burocráticos, pero sí sabe que algo no está bien. Ha aprendido a vivir con las cortinas cerradas, el volumen del televisor bajo y una sensación de peligro que no debería acompañar a un niño de su edad.
Cada vez que suena un carro en la calle, su corazón se acelera. Su madre, por instinto, revisa el teléfono buscando noticias. La idea de que agentes del ICE puedan tocar la puerta y llevársela lo mantiene en un estado de alerta permanente.
Puerto Rico, al ser un territorio no incorporado de Estados Unidos, está sujeto a las leyes federales de inmigración, lo que significa que los inmigrantes deben cumplir con los mismos requisitos que en cualquier estado o territorio del país. Esto incluye la obtención de visas, permisos de trabajo y, eventualmente, la residencia permanente o ciudadanía.
El proceso de naturalización puede ser caro, largo y burocrático, dejando a muchas personas, como la madre de Carlitos, en una situación de vulnerabilidad legal y social mientras esperan la resolución de sus casos.
Durante la primera presidencia de Trump (2017-2021), miles de niños quedaron bajo custodia del gobierno estadounidense como resultado de las estrictas políticas migratorias de esa administración, mayormente en la frontera con México. Cientos de niños esperaron años en custodia de las autoridades para reencontrarse con sus padres deportados. Incluso niños con ciudadanía estadounidense.
Bajo la presidencia de Joe Biden se creó el Family Reunification Task Force para identificar y reunir a familias separadas entre 2017 y 2021. A pesar de esos esfuerzos, aún hay familias que no han sido reunificadas.
Carlitos dejó de ir a la escuela toda la semana como resultado del ambiente de inestabilidad que comenzó el 26 de enero con las primeras redadas del ICE en Puerto Rico. Su madre también suspendió las salidas al mercado para comprar los alimentos de la casa. Dejó de ir al trabajo. Las cuentas ya comienzan a acumularse: el pago de la renta, el pago del teléfono, el pago de la luz y el pago del agua. El dinero que se le enviaba a los familiares en la República Dominicana, por el momento, no llegará.
Aquí el instinto mueve al encierro.
— Por suerte aparece gente buena. Me trajeron un fardito de arroz y una caja de corn flakes. No es que hemos pasado hambre.
Para muchas familias inmigrantes, la incertidumbre es el pan de cada día. Pero en el hogar de Carlitos, el miedo tiene rostro de infancia. Él dice que algún día se encontrará a Donald Trump de frente y que resolverá el problema de una vez.
— Mamá, yo le voy a decir a Trump que nosotros no somos malos. El malo es él. Si tratan de cogerme a mí, yo los voy a morder y a él también.
La madre ríe. Y lo corrige de inmediato. “No, señor. Usted se comporta siempre”, le dice.
El martes de la semana pasada, Carlitos regresó a la escuela. No fue su mamá quien lo llevó. Ella está convencida de que no puede poner un pie fuera de la casa.
Entre esas “manos amigas” que han tocado la puerta para dar seguimiento a la situación y apoyar en el proceso, están las de alguien que se ofreció a buscar a Carlitos en la mañana para llevarlo a la escuela y luego recogerlo en la tarde para devolverlo a su hogar.
“Se trata de defender el derecho de los niños a la educación”, dice la persona, a quien no identificamos para proteger a la familia. Todo se hace rápido. Sin pensarlo dos veces, asegura.
— Yo estaba loco de salir de la casa. Quería regresar a la escuela — , dijo Carlitos el primer día que salió del encierro. También se cuestionó esta decisión, pensando, como si fuera mayor, en qué pasará con su mamá durante las horas en las que él no estará con ella en la casa.
— ¿Cuando regrese en la tarde mamá va a estar en la casa o se la llevará la policía? Tenemos que regresar rápido — , le dijo a quien lo llevaba de la mano.
Durante la Guerra Civil estadounidense a mediados del siglo 19, en algunas áreas del sur, especialmente en los territorios ocupados por las fuerzas de la Unión, se establecieron escuelas clandestinas que operaban en secreto. Carlitos es un estudiante que carga en su mochila un clandestinaje distinto, pero que, igual, es tan fuerte como cualquier estado de sitio o declaración de guerra.
— Cuando regresó de la escuela lo estaba esperando en la puerta. Y yo pensaba que se iban a tirar los oficiales, porque vi un movimiento raro. Y el niño llegó a la casa en ese momento y me asusté. Él subió corriendo a darme instrucciones de que me guardara. Uno vive con una presión que no puedo explicar y yo estoy hasta deprimida. Solo pido que oren, porque tengo mucha fe — , dijo la mamá.
Tras hablar sobre la experiencia de Carlitos y su madre, la psicóloga Nellie Zambrana catalogó el caso — que no es aislado — como “una tragedia humana”. Para la profesora de Fundamentos de la Educación en la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, “si los niños y las niñas no se sienten nutridos en el área socio-emocional, de nada valdrá el currículo, porque los niños no estarán aptos, desde el punto de vista afectivo” para asimilar el proceso educativo.
Zambrana puntualizó que ante la vulnerabilidad y la poca confianza que experimentan los inmigrantes en las instituciones y en las personas a su alrededor, “hay que identificar dentro de ese círculo de personas de confianza, una línea de apoyo directo y ampliar las ayudas a través de la comunidad. Las escuelas, por ejemplo, tienen que ser espacios seguros, que no se atente contra los espacios donde los niños son y tienen que ser primero siempre y ante cualquier circunstancia”.
“Ante un ambiente como este, hay que cultivar la confianza en los niños y también en los jóvenes. Es importante extender un brazo afectivo y humanizar el proceso para enfrentar la crisis. Para lograr eso hace falta entereza y que se entienda como una responsabilidad colectiva y no como un esfuerzo individual de quienes asumen este acto de amor”, dijo Zambrana acerca de cómo manejar concretamente ese miedo que experimentan niños como Carlitos.
Organizaciones que brindan servicios a inmigrantes en Puerto Rico:
Línea de Ayuda Legal gratuita y no gubernamental para Inmigrantes: 939-545-3030
Proyecto Acogida, Iglesia Episcopal – apoyo espiritual y psicológico: 787-675-3700
Clínica de Asistencia Legal de la UPR: 787-999-9570
