Con el objetivo de reforzar la seguridad en el uso de cilindros de gas propano o butano que son vendidos al público en general, la Comisión de Asuntos del Consumidor, que preside el representante Edgar Robles, inició el estudio del Proyecto de la Cámara 244, para requerirle a toda empresa que envase y venda cilindros que contengan estos gases, incluya un detector de concentración en el ambiente y que emita alertas de fugas, cuando haga una venta de este producto.
El presidente de la Comisión indicó al inicio de la vista pública que el tema le toca muy de cerca en su distrito, ya que en Arecibo en un restaurante fallecieron dos personas porque el tanque estaba abierto y conectado “así que este proyecto le vamos a dar la prioridad necesaria para generar la discusión y obviamente darle paso a la medida”.
En el primer turno, depuso el Comisionado interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa, que calificó esta medida como una “muy buena, que entra en un momento bien importante porque cada vez que nos pasa un evento en una residencia como que se activa todo”, específicamente la preocupación de las personas que utilizan el gas licuado y butano.
“Entiendo que tenemos que seguir educando a nuestra comunidad y es bien preocupante los eventos que han pasado porque la gente desconoce la magnitud de un evento con un tanque de gas en una residencia y su uso”, puntualizó el funcionario.
A preguntas del representante Robles sobre su conocimiento de la existencia de requisitos mínimos que se le debe ofrecer al consumidor cuando se le instala un tanque de gas, Correa manifestó desconocer el dato y recomendó que se consultara con la Comisión de Bomberos sobre la información.
No obstante, enfatizó que es importante “regular toda medida o afinarla más para poder evitar que estos eventos pasen”.
A preguntas del autor de la medida, el representante José “Che” Pérez Cordero, Correa narró que las agencias de manejo de emergencia como el Negociado de Bomberos, el NMEAD y las divisiones a nivel municipal y federal trabajaron alrededor de cuatro días seguidos, luego de una explosión que hubo en una residencia el año pasado en Trujillo Alto donde murió la dueña y se afectaran los vecinos.
Correa relató que, a consecuencia del evento, lo que más le preocupó fue la parte psicológica, que produjo en los vecinos porque la agencia estuvo alrededor de cuatro semanas adicionales atendiendo a la gente en la zona del evento, quienes pedían revisaran sus instalaciones para estar seguros de que no fuese a ocurrir un escape.
“Hay un aspecto mayor de lo que cueste la respuesta del gobierno en su totalidad y habría que verificar tanto el costo del gobierno municipal, el estatal y el federal que también se activó y es la parte sicológica en la comunidad”, indicó el deponente.
Por su parte, el Comisionado de la División de Prevención de Incendios Bomberos, Angel Torrales, consideró viable la medida, sin embargo, enfatizó que es necesario establecer cuál agencia estaría encargada de fiscalizar que las empresas de gas cumplan con estos requisitos y que los detectores estén según los requerimientos del Underwrites Laboratories, que es la entidad a nivel federal que brinda el visto bueno a estos equipos.
Ante este punto, el representante Pérez Cordero propuso que el Negociado de Transporte y otros servicios Públicos podría estar encargado de esta responsabilidad, mientras que el representante Jorge Navarro Suárez recomendó que el Departamento de Asuntos del Consumidor asuma esta fiscalización.
A preguntas de los legisladores, Torrales sostuvo que el Negociado de Bomberos actualmente puede realizar las inspecciones en los comercios- que utilizan el gas propano o butano-no así en los hogares, ya que deben contar con el consentimiento de los residentes para entrar a la unidad de vivienda y un documento para certificar la inspección, lo que en la actualidad no existe. A esto se le suma el hecho que las clasificaciones de detectores que se utilizan en comercios versus los hogares son distintos.
Asimismo, Torrales explicó que estos aditamentos tienen que ser específicamente para la detección de este tipo de gases y al ser instalados junto al sistema de gas se requiere hacerlo con una llave que corte el flujo desde adentro, puesto que el cilindro siempre tiene que estar fuera de la casa.
En un aparte con la prensa, Torrales indicó que desde enero de 2024 hasta el día de hoy han ocurrido 618 emanaciones de gases, de las cuales seis produjeron explosiones.
En su turno de preguntas, el autor de la medida, representante Pérez Cordero, indicó que la legislación que propone “busca atender situaciones que son reales, que inciden sobre el día a día de nuestra gente, en este caso la gran mayoría de los comerciantes y muchos hogares en Puerto Rico usan este producto que es centenario, que es económico y no podemos empañar esta industria que tiene unos beneficios con incidentes como los que hemos visto”.
Este proyecto enmienda la “Ley de Uniformidad en la Venta, Distribución y Despacho del Gas Licuado en Puerto Rico” para que los cilindros que se vendan para consumo comercial o residencial deban incluir al menos un detector de gas propano o butano, diseñado para identificar concentraciones de estos gases en el ambiente y emitir alertas en caso de fugas. Se exime de este requisito “a las empresas que puedan evidenciar que dicho consumidor posee uno mediante recibo de compra anterior”.
Se añade que “en cada una de estas ventas, aun cuando el consumidor no adquiera el producto, por haberse evidenciado que posee el referido detector, la empresa se asegurará de orientar al consumidor sobre el uso adecuado del equipo de los envases, cilindros y/o sistemas de gas, de modo que haya una constante educación al público sobre el gas como combustible, su peligrosidad, riesgos y las formas de mitigarlos”.
