Representantes de la comunidad de Puerto Nuevo NE se dieron cita a la vista judicial programada para el 30 de enero de 2025, en seguimiento a la demanda de “injunction”, presentada el 9 de octubre del 2024 por el Municipio de San Juan. Esto, luego de que residentes de la comunidad se querellaran al municipio sobre la instalación de una valla publicitaria lumínica, en la calle 18NE, frente a la propiedad del Sr. Héctor Morales Vargas, pasado presidente de la Junta de Planificación bajo el gobernador Luis Fortuño. Un proyecto que se aprobó e inició sin el justo y debido aviso y comunicación a los residentes y que, en adición, dejó a decenas de residentes sin servicio de agua, ante la ruptura de una tubería de acueducto durante la instalación de la estructura a la que hemos llamado, “el adefesio”.
Estando allí, el abogado representando al Municipio, el Lcdo. Cataldi, informa a los residentes que la vista sería una argumentativa. Así, dándole paso a las partes demandadas a presentar argumentos en contra de la validez de los planteamientos ostentados por el Municipio en su demanda de “injunction”; y que aluden al uso de “fraude y engaño” en la presentación de información incorrecta en la solicitud del permiso.
En su intento fallido por desestimar el caso, las partes demandadas presentaron argumentos desde incluir la violación del tiempo de 10 a 20 días para atender la vista de “injunction”, objetar la jurisdicción del municipio sobre el asunto, la jurisprudencia del tribunal, alegar que la comunidad nunca presentó objeción al proyecto, hasta retar la validez del planteamiento de “fraude y engaño” utilizado por el Municipio. Esto, en referencia específica a la alegación de que, a sabiendas de la colindancia del Billboard con la carretera interestatal, se marcó que no colindaba con esta en la solicitud de permiso. Un planteamiento que ciertamente generó un debate sobre el término “colindancia” y que generó dudas ante su interpretación.
En todo ese ejercicio de derecho, quedaron excluidos planteamientos de la comunidad sobre la evidente explotación, por parte del Sr. Morales Vargas, de la vaguedad en redacción del actual Reglamento Conjunto. Conocimiento que utilizó para confundir y manipular el sistema a su favor y beneficio propio y en contra del interés público. Ejemplo de esto lo es la solicitud de un permiso de “hospedaje especializado” con el único interés de adquirir el permiso de rotulo de negocio en una zona residencial, que no incluye Billboards y, en una movida estratégica, iniciar la solicitud de permiso del Billboard en el mismo lugar. Esto, a pesar de que el uso dado a la propiedad ha sido de “Air BnB” y no de “hospedaje especializado”.
Por otro lado, en movida estratégica del Lcdo. Cataldi que busca, en sus propias palabras “estirar el chicle” abriendo la puerta a la posibilidad de presentar evidencia a lo planteado por la comunidad, logró con sus argumentos al juez, que este otorgara una “vista evidenciaria”. Con esta medida, ofrece la oportunidad de que se vea el caso en sus méritos. Algo que la parte demandada ha intentado evitar para que no salgan a la luz pública los hechos que evidencian un uso engañoso y fraudulento de procesos imprecisos en la solicitud de permisos y un reglamento permeado de áreas grises que promueve una “permisología ágil” ausente de procesos justos de difusión de información, consulta, discusión y aprobación debida de la ciudadanía y que atenta contra la calidad de vida, los derechos civiles y el interés público; y, como es de costumbre, beneficia a unos pocos con manos profundas en los bolsillos del “cartel” de Billboards y el llamado desarrollo económico en Puerto Rico.
En la vista estuvieron presentes, como observadoras invitadas por OGPE, representantes del Colegio de Ingenieros, quienes tuvieron la deferencia de dialogar y asesorar a los residentes al culminar la vista. Existe un consenso entre las partes en cuanto a las deficiencias del Reglamento Conjunto actual y la necesidad imperante de que el cuerpo legislativo cumpla su deber ministerial de revisar y enmendar este de manera que proteja nuestras comunidades, los recursos naturales y nuestro patrimonio social, recreativo y cultural. Este caso, como muchos otros que se están discutiendo ahora en la Isla, tienen un denominador común: una visión de desarrollo económico que promueve la agilización de procesos en beneficio de unos pocos con influencia, excluyendo la participación democrática de la ciudadanía en los procesos de investigación, evaluación y aprobación de los casos.
La comunidad de Puerto Nuevo se mantendrá alerta y vigilante ante este caso y en pie de lucha hasta que logremos se elimine esta estructura absurda de nuestra comunidad. Además, exigiremos acción y responsabilidad por parte de nuestros representantes legislativos. En el proceso, seremos portavoces activos en la comunidad educando sobre la importancia de la participación ciudadana en la defensa y protección de los valores y principios democráticos que nos rigen como Pueblo.
