El tráfico ilegal de armas y el aumento significativo en los negocios del bajo mundo son un grave problema para el gobierno y la verdadera amenaza que afecta directamente a la ciudadanía y es responsable directamente en la alta incidencia de muertes en Puerto Rico, que en nada se relaciona con la Ley de Armas 168 del 19 de diciembre de 2019.
Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), lamentó que la organización sin fines de lucro Kilómetro Cero “ande divulgando supuestos estudios que carecen de veracidad y análisis serio, con todas las variables posibles y la información disponible completa, no acomodaticia, cuando sabemos que desde su creación sólo se han dedicado a atacar a la Policía de Puerto Rico”.
Bajo estudios engañosos titulados “El país que protege más a las armas que a los menores: Puerto Rico” y “Licencia para matar”, se pretende criminalizar a todos los hombres y mujeres de bien que adquieren licencia de armas para defensa personal.
Insistió en que “los puertorriqueños seguimos en desventaja ante la incidencia criminal. El delincuente en Puerto Rico camina libremente mostrando su arma, la cual obtiene mediante el tráfico ilegal, roba, asesina y no le tiene miedo a la justicia. El delincuente no se somete a ningún sistema del gobierno para que determine si este es ávido para tener un arma. El delincuente busca la manera fácil, la ilegalidad”.
Cuando especifican que 40 menores han fallecido por heridas de armas de fuego en lo que va de 2024, mencionan que sólo 22 estuvieron relacionados al narcotráfico. “Lo que no te dicen es, de esos menores, cuantos son de 1 a 11años, cuántos son adolescentes entre 12 a 19. Los de adolescencia temprana de 12 a 14 y adolescencia tardía entre 15 a 19. No se pueden hacer estadísticas generalizadas, debemos ser serios con el tema y no engañar al país con el único fin de alarmar al pueblo utilizando un razonamiento investigativo falso”, resumió Torres Meléndez.
El presidente de CODEPOLA cuestionó el que se responsabilice a la Ley de Armas 168-2019 por las muertes de menores de edad en la isla, cuando irónicamente “es más rigurosa” en cuanto al escrutinio de los que solicitan licencia de armas en Puerto Rico. Ahora, se les exige tomar un curso de uso y manejo previo a obtener el derecho a poseer y portar un arma de fuego y se realiza un ‘background check’ más completo, tanto a nivel federal como estatal.
Torres Meléndez afirmó que la gran diferencia entre la Ley 404-2000 y la Ley 168-2019 es que es menos onerosa y, por ende, las personas de escasos recursos pueden ejercer su derecho fundamental bajo la 2da. Enmienda de los Estados Unidos de Norteamérica, igual que la persona con altos ingresos “porque la vida de todos es importante y tenemos derecho a defendernos”.
En la actualidad, los solicitantes son verificados mediante el National Crime Information Center (NCIC), el National Instant Criminal Background Check System (NICS) y el Registro Criminal Integrado del Departamento de Justicia (RCIJ). De esta manera, sacaron del panorama la necesidad de llevar a cabo una investigación de campo -que incluya llevar hasta el tribunal a tres personas para testificar sobre el proceder del solicitante, lo cual era un proceso inconstitucional, pero “verifican las huellas con otras que hayan aparecido en escenas del crimen, si tienes en curso órdenes de protección, de asecho o Ley 54 y te harán firmar una declaración jurada que indique que no estás o no estuviste bajo tratamiento por problemas de salud mental”, explicó Torres Meléndez.
Otro asunto medular que preocupo al presidente de CODEPOLA es el clasismo, cuando “margina la pobreza y la clasifica como un problema criminal. Sin embargo, los vecindarios de mayor ingreso no los presentan con números reales. De hecho, en ninguna parte habla de porcentajes cuando se refiere a la comparación de clases sociales.
Igualmente, cuestionó que si de 40 menores fallecidos por armas de fuego, 22 estuvieron relacionados al narcotráfico “¿qué pasó con los otros 18 o solo se le lleva al país lo que les conviene para impulsar una agenda en contra de las armas de fuego? Es evidente que están entre las edades de 17 a 19 y todos tenían armas ilegales. Esa es la verdad y lo que tienen que admitir, no cuentos de quimera para hacerles creer al ciudadano y a los políticos de turno una teoría o cuentos falsos”.
Tan es así, que la propia Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), a cargo de las armas de fuego en la nación americana, admite el aumento en la criminalidad y el tráfico de armas ilegales en la zona, reconociendo que ninguna nación caribeña fabrica armas de fuego o municiones, ni las importa a gran escala.
“Es contrario a la realidad partir de la premisa de que las muertes con armas de fuego son producto de la proliferación de armas en Puerto Rico, ya que ahora las personas son entrenadas previo a obtener la licencia. Antes se otorgaba la licencia, comprabas un arma y luego tomabas un curso. Ahora, la ciudadanía esta más consciente, son más precavidos y juiciosos con su arma de fuego. Inclusive, cuando hay menores en el hogar, se les instruye para que le permitan al menor tocar el arma, verla y hablarle sobre ello, así matan la curiosidad y evitan exponerse a incidentes fatales”, declaró Torres Meléndez.
Coincidió con epidemiólogo y director del Sistema de Notificación de Muertes Violentas del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Diego Zavala, en que la alta incidencia criminal “es un problema de salud pública que no ha sido atendido correctamente por el Estado, ya que en su mayoría proviene “de grupos organizados, vinculada principalmente al tráfico de drogas y al crimen organizado”.
El presidente de CODEPOLA concluyó que “el derecho de los ciudadanos no puede ser violentado por el simple hecho de que el gobierno no atienda lo que corresponde en términos de la salud emocional de nuestro pueblo. No me traigan un bochinche sin autor, ni un problema sin solución”.
