La candidata a representante por el Distrito #11 (Dorado, Vega Alta y Vega Baja), Elinette González, denunció que su oponente, el senador por el Partido Popular Democrático, Ruben Soto, violó la ley al utilizar equipo, principalmente guaguas, propiedad del municipio de Dorado, para llevar funcionarios al centro de operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) con fin objetivo de que estos participen del proceso de escrutinio del antes mencionado distrito representativo.
La candidata del Partido Nuevo Progresista mostró una serie de fotografías en las cuales claramente se aprecian varios vehículos de motor propiedad del Municipio de Dorado, incluyendo guaguas rotuladas con el logo de la Legislatura Municipal de Dorado de donde se desmontaron una decena de personas que procedieron a entrar al centro de operaciones de la CEE ubicado en Hato Rey.
“Definitivamente esto es una clara violacion de la ley y un acto inmoral. El Senador Soto está utilizando recursos del Municipio de Dorado, pagados con fondos públicos, para transportar su personal que trabajara en el proceso del escrutinio del Distrito Representativo Número 11. Esta mañana observamos las guaguas rotuladas con el logo de la Legislatura Municipal de Dorado llegando al área de entrada del centro de operaciones de la CEE para dejar una decena de personas que procedieron a entrar al edificio a participar del escrutinio”, sentenció la candidata quien proveyó el número de tablilla de unos de los vehículos oficiales utilizados para política partidista (MU-22262).
“El senador Soto sabe que va a perder en el escrutinio general, tenemos los votos adelantados por correo para prevalecer, cómodamente, en la continental por el Distrito Número 11. Ante este hecho, el Senador ha utilizado la táctica de llevar sus funcionarios para las mesas del escrutinio en vehículos de motor pagados por los constituyentes de Dorado. Esto no se puede permitir”, añadió González, quien adelantó que estará consultando el asunto con el Secretario General del PNP, Hiram Torres Montalvo, para proceder con la posible radicación de una querella ante el Departamento de Justicia.
González sostuvo que Soto violó el Artículo 10.002 de la Ley Núm. 222-2011, mejor conocida como la ‘Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico’ que prohíbe el uso de fondos públicos, incluyendo propiedad, para actividades políticas. Igualmente, el Artículo VI, Sección 9 de la Constitución de Puerto Rico dispone lo siguiente:“Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del estado, y en todo caso por autoridad de ley”.