Políticas de Trump agravan la exclusión en la UPR

Por Victor Rodríguez Velázquez | Centro de Periodismo Investigativo

“Greñuda y acomplejada”. Con ese insulto racista y misógino termina cada una de las seis estrofas de unas décimas anónimas dirigidas a la profesora Ísar Godreau, de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, luego de que la investigadora denunciara públicamente un escrito, también anónimo y racista contra un supervisor afrodescendiente del recinto.

Tras exigir una condena pública por parte del Senado Académico, la profesora se convirtió en el objetivo de una nueva agresión a través de un texto distribuido en el campus que incluyó un lenguaje cargado de prejuicio y que se burlaba de su cabello y de su postura antirracista.

“LA REPETIDA REFERENCIA 
HACIA EL COLOR DE UNA PIEL,
ES LA MÁS EXACTA Y FIEL. 
DE ACUERDO A SU APARIENCIA. 
SI HAY ALGUNA DIFERENCIA 
O ESTÁ MALINTERPRETADA, 
CORRÍJAME, LICENCIADA. 
SI ES NEGRITO, MORENO O NEGRO, 
HÁGALE CUALQUIER ARREGLO. 
GREÑUDA Y ACOMPLEJADA” 

Así dice la cuarta estrofa del ataque firmado por alguien que se hizo llamar El Silencioso.

Esto ocurrió hace 15 años. En ese momento, el Senado Académico se pronunció pero la administración del recinto no promovió ninguna acción, disculpa pública o investigación por tratarse de publicaciones anónimas, recordó Godreau.

A diferencia de universidades en Estados Unidos, donde los debates sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI) han generado estructuras y protecciones institucionales hace décadas, en la UPR estos esfuerzos apenas empezaban a lograr tracción cuando hace unos meses comenzaron a ser desmantelados por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, coincidieron más de 25 personas de la comunidad universitaria entrevistadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Alertaron sobre un aumento en la polarización ideológica, la desinformación y la reducción de políticas institucionales que protejan a las poblaciones históricamente marginadas en la Universidad.

Esas políticas federales que buscan desmantelar los programas de diversidad tanto en agencias gubernamentales como en la universidad pública, han sido acogidas por la administración de la gobernadora Jenniffer González 

En la UPR, las políticas de Trump provocaron la eliminación del Comité de Diversidad de la Junta de Gobierno, en momentos en que no existen protocolos para atender el racismo o garantizar accesibilidad de sectores vulnerabilizados. Estas medidas también amenazan con revertir derechos ya reconocidos —como el acceso a baños sin distinción de género— y agravan la exclusión de personas visiblemente negras, con diversidad funcional, así como de mujeres, comunidades LGBTIQ+ y estudiantes de sectores empobrecidos o de fuera del área metropolitana. 

En el Recinto de Río Piedras, Eduardo Ramos Carrasquillo aún recuerda el coraje que sintió cuando en octubre de 2023 el profesor de literatura contemporánea Joel Morales Rolón lo comparó con el simio del cuento Informe para una academia de Franz Kafka. En ese cuento, Kafka narra la historia de un simio que, tras ser capturado por humanos, aprende a imitar su comportamiento y a hablar como ellos para poder integrarse a la sociedad. Eduardo es afrodescendiente, por lo que sintió de inmediato que la comparación tuvo una carga racista y violenta. 

“Encontrarte con esta situación es darte cuenta de que existe la predisposición a violentar. El profesor me está viendo en mi frenesí y piensa que le voy a caer encima nada más por mostrarle los dientes”, dijo. 

Según Ramos Carrasquillo, la situación ocurrió durante un debate en el que el profesor, aparentemente molesto porque el grupo no había hecho una lectura, reaccionó alterado cuando el estudiante intentó justificar la situación mencionando los retos de estudiar y trabajar a la vez. En medio de esa discusión, presuntamente el profesor le respondió que en vez de estar enseñando los dientes como forma de intimidación, debería hacer como el simio del cuento de Kafka y darle forma a su pensamiento con el lenguaje.

No denunció al profesor en la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, aunque dijo que reconoce el daño que provocan algunos silencios. “¿Qué se supone que le diga a un profesor blanco que me compara con un mono, y luego interpreta cualquier gesto mío como una agresión? Es parte de cómo está hecha la realidad; es lo normal y no te puedes rebelar, porque entonces te tildan de frenético, paranoico o violento”, lamentó el estudiante de Filosofía.

El profesor Morales Rolón no accedió a una entrevista con el CPI. 

Diversidad sin acceso

En el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Fernando Oyola Ramírez debe sobrepasar obstáculos que otros apenas notan. Tiene 27 años, estudia inglés desde 2015 y requiere de una silla de ruedas debido a su condición de atrofia muscular espinal.

El campus no es accesible para él, a pesar de que la Universidad se rige por la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos (Ley 238) que exige accesibilidad a edificios financiados por fondos federales y la eliminación de barreras para recibir servicios y protocolos adaptados para estudiantes que requieran acomodos razonables. Desde que comenzó su bachillerato ha tenido que batallar con aceras irregulares, rampas mal diseñadas, ascensores y plataformas eléctricas que se dañan más de lo que funcionan.

Al lado de las escaleras hay unas plataformas elevadoras. Fernando tiene una llave para entrar a ellas pero el portón es demasiado alto y no puede abrirlo solo, así que tiene que pedir ayuda cada vez que necesita moverse a otros pisos del edificio.

“Dependía de mis papás para poder usar esas plataformas y subir a tomar clases”, contó. Como no todos los cursos se ofrecen en el primer piso, su madre adaptó su empleo a medio tiempo para acompañarlo, esperarlo durante las clases, y luego ayudarlo a bajar.

En septiembre de 2024, las plataformas se dañaron y tardaron cuatro meses en ser reparadas. El joven perdió dos semanas de clases mientras los profesores intentaban adaptar los cursos al formato virtual. Fernando se gradúa este semestre, y en agosto comenzará su maestría en el mismo recinto.

“Estudiar da suficiente estrés, pero al añadir barreras físicas en la vida de un estudiante en silla de ruedas, y que no puedan arreglar rápido esos elevadores y porch lifts dañados, se añade más estrés. Eso desmotiva y afecta mentalmente a cualquier persona con discapacidad”, dijo.

Resistencia contra la diversidad de género

La tarde del viernes, 25 de abril, Camila Bermúdez González se preparaba para presentar los hallazgos de un estudio en el que trabajó durante dos años junto a colegas del Instituto Transdisciplinario de Investigación-Acción Social. Analizaron los retos que enfrentan las mujeres en el deporte en Puerto Rico. 

Previo a comenzar, el ambiente ya se sentía cargado, describió. En días previos, recibieron comentarios de algunos profesores del Recinto de Humacao de la UPR, que cuestionaban el valor del estudio por promover la perspectiva de género en tiempos en que se amenaza con la eliminación de fondos federales a aquellas instituciones que promuevan temas de diversidad tanto a su administración, como en las investigaciones.

Luego de presentar el estudio, durante la ronda de preguntas, un profesor cuestionó públicamente la relevancia del trabajo. 

“Nos dijo: ‘las mujeres ya no quieren ser feministas. ¿Cuál es la importancia [del estudio] si ya las mujeres no se quieren identificar como feministas?’”, relató la estudiante de Ciencias Sociales, que prefirió reservarse el nombre del académico.

Pero no fue solo lo que se dijo, sino cómo. “Son las actitudes que usó el profesor que hicieron evidente la resistencia de la academia hacia estos proyectos que estudian temas de género”, subrayó la estudiante. 

Para ella, esta experiencia no es un caso aislado, sino muestra de la creciente influencia de sectores conservadores y con ideologías religiosas dentro del sistema universitario. “Humacao es un pueblo bien conservador y bien religioso. No es sorpresa que esa mentalidad llegue a la Universidad, porque el recinto está en un área donde estos temas son tabú. No es lo mismo hablar de estos temas en el Recinto de Río Piedras que en Humacao, donde muchos son religiosos e incluso algunas personas llegan con pensamientos bien radicales en contra de estos temas”, acotó en referencia al rechazo al uso de conceptos como “perspectiva de género” y “feminicidios” o a la falta de apertura a los baños sin distinción de género o al uso de lenguaje inclusivo. En el pueblo de Humacao, hay más de un centenar de iglesias, confirmó al CPI Juan Vargas, director de la Oficina de Base de Fe del Municipio.

Esta influencia, advirtió Bermúdez González, limita la libertad académica y genera un clima de tensión donde los proyectos con perspectiva de género son vistos como provocaciones ideológicas más que como contribuciones a la investigación universitaria. 

En el Recinto de Río Piedras, el debate más reciente relacionado con la diversidad es sobre la eliminación o preservación de los baños inclusivos, es decir, sin distinción de género, que pueden ser utilizados por cualquier persona sin importar su sexo biológico. Quienes piden la eliminación de estos baños dicen que se prestan para el acoso sexual. Para la Asociación Feminista Universitaria (AFU), que defiende su preservación, reducir la conversación a ese único aspecto invisibiliza el acoso, la exclusión académica, la violencia y la precarización que viven cada día las personas trans y no binarias en la Universidad. 

Esos asuntos, sin embargo, quedan en el aire debido a que en marzo, la Junta de Gobierno de la UPR desmanteló el Comité Especial de Accesibilidad, Diversidad, Inclusión y Equidad, un organismo creado en 2021 para establecer la política pública y la búsqueda de soluciones para atajar estos temas en los 11 recintos del sistema universitario. 

La decisión de eliminar el Comité respondió al mandato de la Administración Trump de recortar fondos federales a instituciones que promuevan este tipo de iniciativas. La moción para eliminar el Comité fue presentada en una reunión el 27 de marzo por el representante estudiantil, Daniel Fernández González, a quien sus pares en los recintos de Mayagüez y Río Piedras le solicitaron en abril la renuncia a su puesto en la Junta de Gobierno tras la acción. Hasta el cierre de esta edición, Fernández González permanece en su puesto y no accedió a una entrevista con el CPI. 

Durante la reunión, el representante estudiantil dijo que la moción para eliminar el Comité respondía a una agenda regresiva impuesta por el Gobierno federal y no a los valores de la UPR. Señaló que la medida era consecuencia de políticas con las que no estaba de acuerdo, pero aun así impulsó la eliminación del ente, del cual él era integrante. 

Para el profesor y antropólogo Juan Caraballo Resto, las posturas que está asumiendo la administración de la UPR, incluida la eliminación del comité sobre diversidad, representan una fractura en la misión misma de la universidad pública. 

“La Universidad no es un edificio, sino la comunidad que la constituye. Sólo la diversidad de ideas que esa comunidad diversa plantea es lo que permite que ocurran los importantes choques de ideas y la construcción de un país con sus pilares de conocimiento que nos ayudan a tirar hacia delante el proyecto nacional”, sostuvo. 

La ley que rige a la UPR le requiere “desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y espiritual” del pueblo de Puerto Rico, “especialmente los menos favorecidos en recursos económicos”. Además, por medio de la Certificación Número 58 del 2004-2005, el sistema universitario público implementó la Política Contra la Discriminación en la Universidad de Puerto Rico, que prohíbe toda discriminación en la educación, el empleo y en la prestación de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, condición de veterano de las Fuerzas Armadas o incapacidad física.

Tras la eliminación del Comité, la Junta de Gobierno de la UPR —compuesta por 11 hombres y dos mujeres— trató de minimizar las críticas al indicar que, en sustitución, se transfirió la responsabilidad al Comité Permanente de Asuntos Estudiantiles que “asumirá un enfoque centrado en el estudiantado y en garantizar sus derechos civiles”. Detallaron que ese comité será responsable de promover y supervisar políticas de admisión y retención, garantizar la accesibilidad, atender el espectro de necesidades del estudiantado, así como velar por la representación justa de todos los sectores estudiantiles. No incluye instrucciones directas sobre cómo se fomentará la inclusión, ni asigna tareas específicas para promover la diversidad entre otros sectores de la comunidad universitaria, como profesores, personal administrativo, de planta física y de seguridad. 

El presidente de la Junta, Ricardo Dalmau Santana, no respondió a una solicitud de entrevista con el CPI. 

¿Universidad sin diversidad?

El viernes, 14 de febrero, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos (EE.UU.) emitió una carta titulada “Dear Colleague” que presenta los programas de diversidad y los espacios culturales como “un vergonzoso eco del periodo más oscuro de la historia de este país”, comparándolos con la segregación racial. La agencia federal, ahora dirigida por Linda McMahon, justifica su oposición a los programas de diversidad con una interpretación literal del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y de la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución de EE. UU., que establecen que ninguna persona puede ser excluida, segregada o tratada de manera desigual debido a su raza, color o nacionalidad.

Según la agencia federal, los programas de diversidad en las universidades abarcan las admisiones, “ceremonias de graduación y distribución de dormitorios”, hasta trabajos estudiantiles y actividades extracurriculares.

Bajo las directrices de Trump, implementadas por McMahon, —que amplían una decisión de 2023 del tribunal— se prohíbe utilizar la raza como criterio afirmativo para los procesos de admisión, contratación o promoción dentro de las universidades, así como para asignar ayudas económicas, como becas y vivienda a estudiantes. Además, se desmantelan programas que velan por la inclusión de personas diversas, la representación de ciertos grupos raciales o que enseñen sobre sus experiencias históricas, bajo la premisa de que esas actividades fomentan divisiones. 

Las profesoras Godreau, de Cayey, Mayra Santos Febres, de Río Piedras, y Joselyn Géliga Vargas, del RUM, coincidieron en que eliminar la raza en los criterios afirmativos de inclusión de las universidades, como propone el Gobierno de EE. UU., es más problemático para la UPR porque la institución ni siquiera tiene datos claros sobre su población afrodescendiente. Para las académicas, se busca invisibilizar aún más a un grupo que ha sido históricamente ignorado en Puerto Rico.

La eliminación del Comité de Diversidad de la Junta de Gobierno de la UPR, por ejemplo, truncó un proyecto colaborativo que realizaban Godreau y la profesora Mariluz Franco Ortiz, de la UPR en Cayey, para recopilar datos sobre la identidad racial del estudiantado en los 11 recintos. 

“Habíamos estado en colaboración con ese Comité para crear mecanismos de recoger datos sobre la identidad racial de los estudiantes en la UPR, para poder ver si la matrícula de los estudiantes de la universidad pública reflejaba la diversidad racial de nuestra población en Puerto Rico. Todo eso se fue a juste. Había mucho apoyo institucional desde ese Comité; estábamos a punto de caramelo”, contó Godreau. 

El proyecto, detalló la profesora, ya contaba con protocolos propuestos, diseño metodológico, análisis de literatura y había iniciado el proceso de solicitar permisos para ponerlo en práctica. Pero con el cierre del Comité todo quedó en el aire, pues, aunque no hubo una comunicación formal de que detuvieran las gestiones, las profesoras dieron por terminado sus esfuerzos a partir de la certificación de la Junta de Gobierno que mandó a dar por terminada la encomienda del Comité “en cumplimiento con la política pública del Gobierno de los Estados Unidos”. 

“La gente que estaba identificada para trabajar con esto ya no está”, dijo. El contacto directo con la Administración Central de la UPR era a través del profesor Juan C. Jorge Rivera, oficial ejecutivo de Diversidad, con quien las académicas no han vuelto a tener comunicación desde que el Comité fue eliminado en marzo. 

La falta de información sobre la composición racial del estudiantado, advirtió Godreau, no es un asunto menor, pues sin datos “no se puede fiscalizar si la Universidad está cumpliendo con su misión pública”.

“Si uno no tiene datos de cómo están las cosas, tampoco vas a poder medir si estamos mejorando o no”, lamentó la investigadora que forma parte del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UPR en Cayey. 

“Ese censo [universitario] sobre personas afrodescendientes es fundamental”, remató en entrevista separada la profesora Santos Febres, investigadora principal del Centro de Investigación y Archivo Digital en Afrodescendencia del Recinto de Río Piedras (Centro PRAFRO). 

“Necesitamos saber cuántos somos. Si se atrasa eso [el censo afro], nos atrasamos muchísimo en tener una idea más precisa sobre cuál es nuestra población. Ahora nos dejan sin fondo informativo para poder crear las políticas necesarias”, precisó Santos Febres, quien por cuatro años ha coordinado la Cumbre Afro en el Recinto de Río Piedras en la que se trabajan mesas de diálogo, paneles y espacios de sanación para las personas negras en Puerto Rico y el Caribe.

Santos Febres tiene una visión crítica del Comité, pues dice que era parte de una estructura administrativa lenta, burocrática e incapaz de implementar cambios sistémicos con resultados concretos.

“No estoy diciendo que el Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión a nivel central no es una buena idea y que no estuvieran trabajando arduamente por crear políticas públicas de mayor incidencia. Eso lo estaban haciendo. Sin embargo, me parece que hay que seguir peleando por una implementación real de políticas ágiles que creen prácticas de equidad”, dijo. 

Yarimar Rosa Rodríguez, directora del Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación en el Recinto de Río Piedras, señaló que el problema se debe a que las perspectivas de la Administración Central de la UPR están completamente desvinculadas de la realidad y de la vida cotidiana en los recintos. “Por eso muchas facultades del Recinto de Río Piedras decidieron contestar, desde el posicionamiento del claustro, en contra de la posición de Administración Central y la presidencia de eliminar ese Comité”, subrayó.

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, los claustros de la Escuela de Derecho, y de las Facultades de Educación y Ciencias Sociales, así como organizaciones estudiantiles, como el Consejo General de Estudiantes, la Federación de Estudiantes de Trabajo Social de Río Piedras, el Movimiento Estudiantil y el Colectivo Estudiantil del RUM, entre otras, repudiaron la eliminación de Comité. 

Baños inclusivos: en peligro una conquista ganada

Para Mabel Rodríguez Centeno, quien ofrece cursos en el Programa de Estudios de la Mujer y Género del Recinto de Río Piedras, la política pública de Trump que ha asumido la administración de la UPR revierten logros alcanzados en la pasada década.

“En los últimos años empezó a darse una especie de movimiento de sensibilización, concienciación y agenciamiento político por parte de las diversidades sexuales, por ejemplo, en la UPR”, explicó Rodríguez Centeno. 

Recordó que, durante la administración de Barack Obama, estudiantes del recinto impulsaron activamente la implementación de baños inclusivos a tenor con las directrices del entonces presidente de EE. UU. que inició esa política pública como reconocimiento y protección para las comunidades trans.

“En ese momento, cuando Luis Ferrao era rector del Recinto de Río Piedras, se aprobó la orden de baños inclusivos. Eso no quiere decir que de la noche a la mañana los teníamos. Estas cosas siempre han tenido mucha resistencia”, dijo. 

Lamentó que, una vez Ferrao asumió la presidencia del sistema universitario, no promoviera la política de baños inclusivos en el resto de los recintos.

Miguel Muñoz llegó a la presidencia interina de la UPR tras la salida de Ferrao en febrero y, del saque, unas de sus primeras declaraciones fue en contra de los baños inclusivos. El Presidente Interino no estuvo disponible para una entrevista con el CPI. 

Aunque la política de baños inclusivos se mantuvo sólo en el campus riopedrense, incluso ahí su aplicación es bien limitada, coincidieron las estudiantes Jinelly Romero Cabrera y Ariana Santiago Díaz de la AFU y las profesoras Rodríguez Centeno, del Programa de Estudios de la Mujer y Género, y Rosa Rodríguez, de Educación. 

De los más de 60 edificios que conforman el Recinto de Río Piedras, sólo 10 cuentan con baños inclusivos, y en cada uno se habilitaron apenas dos, todos en los primeros pisos. En total, hay apenas 20 baños inclusivos disponibles para toda la comunidad estudiantil que supera los 13,000 alumnos.

Aún así, algunos estudiantes se oponen a la permanencia de esos espacios alegando que estos dan paso a “acoso sexual”, según manifestaron Jan Carlos Tousset Rivera y Cristian Rodríguez García, integrantes del Capítulo del Recinto de Río Piedras de Students for Life —una organización estudiantil opuesta al derecho al aborto— durante una asamblea estudiantil el pasado 23 de abril. 

Pero los datos muestran que los incidentes de hostigamiento y agresión sexual en la UPR-RP han disminuido desde que se establecieron los baños inclusivos en 2019, según información de la Oficina de Cumplimiento y Auditorías del Recinto. En 2022 se registraron siete casos de hostigamiento sexual, tres en 2023 y uno en 2024. En lo que va del 2025, no han recibido ninguna querella por este tipo de violencias. Los datos que se recogen de las querellas no incluyen el lugar donde ocurrieron los incidentes.

A Flourish data visualization

Para Romero Cabrera, de la AFU, una persona que realmente tiene la intención de cometer un acto violento o lascivo, no se detiene a ver el rótulo del baño, independientemente de que lea “damas”, “caballeros” o “baño inclusivo”. 

“Lo que es violento es lo que esa persona tiene en la cabeza. Que quites los baños inclusivos no resuelve absolutamente nada”, expresó la estudiante de Lenguas Extranjeras.

Rodríguez Centeno, del Programa de Estudios de la Mujer y Género, expuso que los detractores de los baños inclusivos no consideran la deshumanización que sus posturas provocan sobre otras personas con realidades diferentes, como las personas trans, para quienes estos lugares son espacios seguros, importantes en su proceso de autoafirmación. 

Muchas personas trans y no binarias llegan a la Universidad en una etapa temprana de exploración personal, cuando aún están descubriendo y afirmando su identidad, explicó Rodríguez Centeno. En muchos casos, sus familias no conocen —o no aceptan— esa realidad, lo que les obliga a navegar el espacio universitario con doble cautela.

“Antes llegaban a la Universidad vestidos con la ropa impuesta por sus familias y en la mochila llevaban la ropa con la que se quieren presentar socialmente”, mencionó. 

Ese proceso de transición, incluso dentro del campus, podía exponerles a situaciones de violencia. “En ese cambio de ropa, la posibilidad de que alguien se ofenda y les violente, existe”, añadió.

Recordó que, en 2018, personas trans fueron agredidas por parte de guardias universitarios en el Recinto de Río Piedras, quienes les impedían usar los baños con los que se identifican, basándose en juicios arbitrarios sobre su apariencia. “O sea, estoy hablando de sentirse intimidado por ir al baño”, puntualizó.

La violencia que no se nombra 

Aunque el deterioro de la infraestructura, el aumento en el costo de la matrícula y los retos fiscales que enfrenta la UPR afectan a toda la comunidad universitaria, para las poblaciones marginadas estos obstáculos estructurales son mucho más difíciles de sobrellevar, señaló Nairobi Hernández Francia, integrante del Centro PRAFRO.

“Todo lo que pasa en la Universidad —que no hay infraestructura apropiada, no hay hospedaje, que la matrícula sube…— afecta desproporcionadamente a los estudiantes afrodescendientes, porque sabemos que hay una relación bien estrecha entre la clase y la racialización. Por lo tanto, la soga parte por lo más finito… y lo más finito son los estudiantes más marginalizados”, sentenció Hernández Francia. 

En el caso de las personas con diversidad funcional, los retos se multiplican, ya que no sólo enfrentan actos de discriminación por parte de otras personas, sino también barreras impuestas por la propia institución y por una infraestructura física que no está adaptada a sus necesidades. 

En el Recinto de Río Piedras, por ejemplo, 219 estudiantes con alguna diversidad funcional reportaron haber tenido alguna dificultad para conseguir lectores para la asistencia en el aprendizaje, limitaciones con el acceso a los edificios, y dificultades con los servicios bibliotecarios. El hallazgo formó parte del primer estudio que midió las principales necesidades que enfrenta el estudiantado de ese recinto en materia de alimentación, vivienda, transportación, materiales y equipos y seguridad económica, y las necesidades de servicios para alumnos con diversidad funcional y que fue publicado en enero por el Instituto de Investigación Psicológica de la Facultad de Ciencias Sociales.

“Los recintos de la UPR tienen carencias de planta física que van desde energía eléctrica, edificios en pobre mantenimiento. Además, el tamaño de ascensores y las dimensiones de algunas puertas de algunos salones, dificultan que todo tipo de cuerpo pueda recorrer el espacio universitario”, acotó el antropólogo Caraballo Resto. 

Los recintos de la UPR también enfrentan serios retrasos en la reconstrucción de estructuras afectadas por fenómenos atmosféricos recientes y por las constantes fluctuaciones de electricidad en Puerto Rico, que con frecuencia dejan fuera de servicio equipos esenciales como los ascensores. Un ejemplo de ello es uno de los elevadores principales del Centro de Estudiantes en la UPR en Bayamón, que ha estado inoperante desde el semestre pasado, confirmó Anthony Pérez Cardez, presidente del Consejo General de Estudiantes de ese campus. 

Una situación similar ocurre en el Recinto de Río Piedras, donde la sala de servicios para personas con impedimentos en la Biblioteca José M. Lázaro permanece cerrada desde el paso del huracán María en 2017. Aunque la administración anunció que todos los pisos de la biblioteca eventualmente serán accesibles, es un proyecto que podría tardar otros tres años. 

La profesora Jocelyn Géliga Vargas, cocoordinadora del Centro Universitario para el Acceso (CUA) ubicado en el RUM, dice que la UPR tampoco tiene la capacidad para atender el creciente número de estudiantes neurodivergentes, que llegan al salón con diagnósticos como déficit de atención, dislexia, ansiedad severa y otras condiciones.

“La mayoría de los profesores no estamos preparados para manejar esto”, dijo y cuestionó que, en muchos recintos, aún se impongan estándares de excelencia académica sin ajustes que consideren estas realidades. Aunque el acomodo razonable es un derecho establecido por ley, en la práctica sigue siendo opcional y muchas veces debe autogestionarse ante la falta de un protocolo institucional claro, señaló Géliga Vargas.

“Antes recibía una sola hoja de acomodo razonable cada cierto tiempo. Ahora me llegan hasta tres notificaciones por clase cada semestre. En muchos casos, no hay un entendimiento e incluso ni existe un protocolo para manejar a estudiantes de neurodiversidad cuando entran en alguna crisis”, lamentó. 

A su modo de ver, el aumento en solicitudes de acomodo razonable refleja que más estudiantes se atreven a identificarse como neurodivergentes y a reclamar sus derechos, algo que antes era menos común. Pero, añadió que también expone el rezago de la Universidad frente a ese cambio de comportamiento generacional y social que ya está ocurriendo.

“Muchos estudiantes al final se me acercan a agradecer el acomodo razonable. Pero les aclaro que eso es un derecho y me dicen que nadie más lo hace, que queda en letra muerta”, relató.

Esta historia es posible mediante una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y Open Campus.