Investigan derogación de reservas naturales

Por: Viviana Tirado Mercado /Twitter: @VTiradoM

Tras la acción del gobernador Ricardo Rosselló que dejó sin limitaciones varias reservas naturales –entre ellas Mar Chiquita en Manatí, Finca Nolla y el Río Camuy, ambos en Camuy–, se busca investigar las dos órdenes ejecutivas que derogaron estas reservas naturales.

El senador del Distrito de Guayama, Carlos Rodríguez Mateo, sometió la Resolución del Senado (R del S.) 826 para que se realizara una investigación exhaustiva sobre las órdenes ejecutivas OE-2018-026 y OE-2018-027 que firmó Rosselló.

“Luego de la firma de las órdenes ejecutivas OE-2018-26 y OE-2018-27, el tema ha tomado una atención preponderante en los medios de comunicación del País. Esto, debido a que se trata de una acción que va en detrimento del bienestar social, cultural y ambiental de Puerto Rico. Así las cosas, diversos rotativos han argumentado que la decisión del gobernador fue una contraria a derecho, pues según se presenta en el caso particular del humedal Playa Lucía, su designación como reserva natural está aprobada por la Ley Núm. 58-2014. También, se expone que no se realizaron vistas públicas, además de no consultar con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)”, esboza la resolución. Así las cosas, la Comisión de Gobierno del Senado debe realizar la investigación y entregar un informe en 90 días. En aquel entonces, el gobernador había justificado su firma en ambas órdenes estipulando que cuando el exgobernador Alejandro García Padilla estampó su firma en esas órdenes ejecutivas que establecían como reserva natural esas zonas, se hizo de manera atropellada.

Por tanto, siguió la recomendación de la Junta de Planificación encabezada por María Gordillo, quien dijo que la forma rápida en que se aprobaron esas órdenes no permitió a la ciudadanía una participación eficiente en el proceso y ocasionó conflictos en el uso de terrenos.

Los otros terrenos que quedaron descubiertos al Roselló firmar las órdenes ejecutivas el pasado 3 de julio fueron: Punta Cabuyones, en Ponce; Punta Petrona, en Santa Isabel; Punta Guillarte, en Arroyo; Playa Lucía, en Yabucoa. Para muchos, la acción del actual gobernador dejó a la intemperie la eliminación de estas siete reservas naturales. Entre los que cuestionaron esta acción se encuentran abogados expertos en derecho ambiental como Pedro Saadé Llorens.

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