En pausa proyecto de ley de telecomunicaciones de Moca

Los fenómenos naturales en Puerto Rico no han dejado solamente destrucción y angustia. Muchos de estos incidentes en la isla, han sido los protagonistas indirectos de que otros daños se ciernan sobre los habitantes de los pueblos una vez que la emergencia mayor pasa. Muchas de las compañías que prestan los servicios de telecomunicaciones en la isla, ven como lamentablemente fenómenos como tormentas, huracanes y terremotos, dañan sus instalaciones. Una vez que estas compañías acuden al lugar afectado a reparar los cables, gran parte de los equipos dañados permanecen en la zona, creando un peligro para todos los transeúntes y vehículos que transiten por esa área. Para solucionar esta problemática en el municipio de Moca, el legislador Ángel Ortiz, planteó desde hace 2 años, un proyecto de ley que buscaba multar con cinco mil dólares o más, a todas aquellas compañías de telecomunicaciones que luego de más de 6 meses de un fenómeno natural, no recogieran sus equipos para brindarle mayor seguridad a los habitantes. 

Sin embargo, tras 2 años y casi 3 intentos fallidos de convertirlo en una normativa municipal, el proyecto de ley no ha recibido el estatus de “calendario” y se ha quedado en un borrador. Ortiz, quien actualmente es miembro del movimiento Victoria Ciudadana, asegura que el poco respaldo que ha recibido su proyecto se debe a que su partido no es mayoría en la legislatura de Moca. En este municipio del oeste, los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) son mayoría, y la propuesta de Ortiz pasó lamentablemente a un segundo plano. Aunque en el 2019 se intentó trabajar con este proyecto, las diferencias partidistas y la situación por el coronavirus hicieron que en el 2020 este proyecto también se retrasara. “Cuando pasó lo del huracán María, en toda la isla las compañías de telecomunicaciones instalaban un cable nuevo y dejaban los viejos en los postes, los dejaban tirados en las carreteras, hacían obstrucción al tránsito y todavía, dos años después del huracán, vemos en muchos del país varios postes llenos de muchos cables y muchos de ellos no se están utilizando. Muchos camiones se los llevan enredados y luego tumban los postes, la cablería, y se llevan luego los que si funcionan y por todo esto hay luego un costo público” asegura Ortiz. 

El legislador de Moca, asevera que las compañías de telecomunicaciones tienen un acuerdo de no pagar esa servidumbre a los municipios con un intercambio que tienen por ley, pero eso se iba a tocar en el código municipal que en días recientes la gobernadora firmó, pero lo que se atendió, según él, fue lo de quitar los impuestos de la servidumbre. Lo que realmente se buscaba, de acuerdo al legislador, era una multipenalidad si la compañía de telecomunicaciones o de cables no recogían o no colocaban de mejor forma los cables cuando rompen por debajo de la tierra, no embrean y dejan el paso dañado,  solo por mencionar un ejemplo de un mal servicio prestado por las compañías de telecomunicaciones. Esta ordenanza que hasta ahora solo ha quedado bajo el estatus de “borrador”,  busca que las compañías de telecomunicaciones sean efectivas y rápidas después de un evento catastrófico. José “Ché” Pérez Cordero, representante del Distrito 18 que compone los pueblos de Aguada, Moca, Mayagüez, Añasco y Rincón por el Partido Nuevo Progresista (PNP), aseguró que esta iniciativa también ha tenido un eco en varias partes de la isla y de una forma u otra se busca convertir esta propuesta en ley para que los municipios tengan la seguridad de que las autoridades tienen un control sobre las compañías de telecomunicaciones que descuidan la seguridad de los habitantes. 

Es necesario que las leyes municipales y estatales tengan una visión concreta para controlar los equipos que son  abandonados por parte de las compañías de telecomunicaciones. 

En tiempos en que el país lucha por salir adelante en medio de una pandemia y estar listos para cuando llegue el “pico” de la temporada de huracanes, es necesario mantener a raya todos los elementos que contribuyan a crear mayores daños y peligros en las vías públicas. 

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