La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Senado de Puerto Rico relacionadas con los contratos de servicios profesionales y consultivos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que en el 47% de facturas pagadas por contratos de servicios profesionales y consultivos, no contenían una descripción detallada y específica de los servicios ofrecidos por los contratistas en los informes de labor realizada. Además, no se pudo localizar documento alguno relacionado con los trabajos realizados por los contratistas, ni el Senado pudo provee evidencia, en el 23% de las facturas evaluadas.
Los servicios contratados estaban relacionados con asuntos laborales y federales, asesoría administrativa y de comunicación, entre otros. El Senado otorgó 1,899 contratos y 604 enmiendas del 2013 al 2018 por $42,413,901.
La auditoría de dos hallazgos señala que los servicios prestados por tres contratistas en la Oficina de Asuntos Gubernamentales de San Juan y Mayagüez, por $144,000, son funciones ya ofrecidas por empleados del Senado. Esta situación es contraria al Reglamento 8, Código de Ética y Parámetros para la Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos del Senado de Puerto Rico de 2010. Además, una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría DA-12-80 del 20 de junio de 2012.
