Comunidades de Isabela y Moca contra la instalación de planta de asfalto

Vecinos del barrio Arenales de Isabela y de Aceitunas en Moca están buscando soluciones a un conflicto ambiental que puede poner en peligro la salud de sus comunidades.
A raíz del anuncio de la construcción de una planta asfáltica en el citado barrio isabelino, sus habitantes y los del colindante barrio mocano, quienes podrían verse igualmente afectados debido a la dirección de los vientos, que empujarían todos los residuos hacia sus casas, están buscando apoyos para detener esta operación que busca construir una planta de procesado asfáltico donde actualmente hay una cantera.
La propiedad pertenece a la empresa Mundo Real, de Santiago Varela y Gladys Agront, dueños de la hormigonera Chaparro de Aguada y de la planta de áridos de Isabela que previsiblemente va a reconvertirse en procesadora de material asfáltico.
Para impedir que esto suceda y que la salud de ambas comunidades peligre, se constituyó el Comité Aceitunas y Arenales Unidos por la Salud y el Ambiente (CAUSA), agrupación comunitaria con fines ambientales y salubristas.
Una de sus líderes, Daisy Pellot, conversó con este medio para ampliar la información y conocer los detalles del conflicto que ha generado la atención de políticos como las senadoras del PPD Ada García y Migdalia González, o del representante Dennis Márquez (PIP).
Pellot compartió con Visión que “desde el mes de marzo nos enteramos que Mundo Real está intentando hacer esa dosificadora de asfalto, en nuestro patio, en una comunidad de personas de la tercera edad y gente humilde, y que se ha comenzado a hacer ese movimiento sin consultar a la comunidad”
Según la portavoz de CAUSA, la información no llegó a ellos a través de la empresa, sino que “nos enteramos porque alguien se comunicó con un pastor de la comunidad, quien nos trajo esa información.
Le presentaron una carta de que la empresa había sometido una declaración de impacto ambiental en la OGPe”.
Tan pronto tuvieron noticias de este movimiento, “la comunidad nos reunimos, nos organizamos, y creamos el comité CAUSA, y comenzamos a enviarle cartas a la OGPe, y a solicitar ayuda de las entidades gubernamentales para poder detener ese peligro que se cierne sobre nuestras cabezas”, indicó Pellot.
“Esta es la comunidad donde nació Enrique Laguerre. La asfaltera estaría ubicada en Arenales de Isabela, pero es colindante con Aceitunas de Moca, y debido a que los vientos siempre vienen de este a oeste, esos gases tóxicos nos va a afectar. Estamos trabajando para tratar de detener este crimen ambiental”, añadió.
Desde CAUSA denuncian que a pesar de contar con el apoyo verbal de miembros de la mayoría legislativa en la Asamblea de Moca, ante una resolución presentada por el PIP para oponerse a este proyecto, el grupo legislativo novoprogresista derrotó la resolución.
“Nos aseguraron que en agosto se va a volver a someter una nueva resolución, y se comprometieron a que la van a aprobar. El alcalde también se comprometió a apoyarnos en el proceso, pero tenemos que esperar hasta agosto”, lamentó la vecina.
Por su parte, en la legislatura municipal de Isabela, el asambleísta Héctor Machado, del PIP, presentó una resolución para oponerse a la construcción de la asfaltera, “la resolución 79 del 30 de junio, firmada por el alcalde, y aprobada de forma unánime por todos”.
Además, en el Senado y la Cámara hay unas resoluciones propuestas por María de Lourdes Santiago y Denis Márquez (PIP), para hacer una investigación exhaustiva para saber qué es lo que está pasando en la asfaltera.
“La resolución 168, propuesta a la Comisión de Salud, cuenta con el apoyo de las senadoras del oeste. Además, en la Cámara también Mariana Nogales, de Victoria Ciudadana, quien nos visitó, nos dijo que iba a estar apoyando el proyecto”, expresó Pellot.
Por el contrario, los y las vecinas no logran tener una respuesta en firme desde los organismos oficiales que les permita saber el estatus del proyecto.
“A la OGPe le escribimos mostrando nuestra oposición, enviamos 700 firmas, pero no nos han respondido, ni nos han informado sobre la solicitud. Tenemos entendido que el permiso no se ha otorgado. En el 2018 hicieron una solicitud similar, y en esa ocasión le negaron los permisos”.
Actualmente el grupo CAUSA se encuentra organizando reuniones comunitarias y buscando apoyos en grupos ambientalistas y líderes políticos.
“La doctora Nancy Cardona nos puso en contacto con Protect Puerto Rico, que tiene un comité asesor comunitario que se encarga de analizar el impacto ambiental de estas compañías”, informó.
“Además, estamos haciendo un perfil de salud de los y las vecinas, con un profesor de la universidad Ana G. Méndez, para identificar las condiciones prevalentes de salud”.
La portavoz de CAUSA finalizó expresando que “estamos caminando, a paso firme, para dar la lucha y ver si podemos tener éxito en la lucha. Vamos a seguir llamando a las puertas que tengamos que tocar, y exigiendo a la gente que fue electa que tomen cartas en el asunto y que nos protejan”.
Para recabar información de la empresa, Visión se comunicó con Mundo Real, pero se nos informó que el señor Santiago Varela se encontraba fuera de Puerto Rico, por lo que estaremos recabando información en las próximas semanas.

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