Comunidad de Aguada sigue en lucha contra instalación de antena

El sector Goyito Muñiz, en el barrio Cruces de Aguada, lleva desde julio del año pasado en lucha contra la empresa Innovatel Properties, encargada de instalar una torre de soporte para antenas de telefonía.
Para evitar la instalación de una antena de telefonía móvil en unos terrenos dentro de su comunidad, propiedad de Mari Victoria Ramírez de Arellano, los y las vecinas han estado ejerciendo diferentes acciones para negarse a esta obra.
Aunque el permiso para la construcción fue otorgado en marzo de 2020, fue en el verano cuando la comunidad tuvo conocimiento, y por tal motivo instalaron un campamento en contra de la antena, reclamando a las autoridades su negativa a que se usen terrenos del sector para este fin, principalmente por motivos de salud y de impacto ambiental.
Sin embargo, desde la propia empresa litigante ofrecen una versión diferente de los hechos. Marie Cesteros, portavoz de Innovatel, informó a Visión que “como toda empresa, se llevan los procesos por lo que dictamina la ley, y la ley obliga a notificar a las comunidades. Se enviaron por correo certificado notificaciones, pero algunos vecinos se negaron a recibir las cartas. Además, la empresa puso rótulos advirtiendo del inicio de la obra”.
Damaris Echevarría, vecina del barrio y portavoz de la comunidad, expresó a Periódico Visión que “seguimos resistiendo. Hay dos militantes todos los días. Innovatel quiere cansarnos y hacernos la vida de cuadritos, pero vamos a seguir en resistencia. Siempre tenemos la mejor disposición a que venga la empresa a negociar, porque nunca lo han hecho”.
En ese sentido, la líder comunitaria aguadeña informó que “cuando nosotros nos enteramos ya había vencido el tiempo para denunciar el permiso ante la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE). El Tribunal de Apelaciones no quiso atender el recurso porque había vencido el tiempo. Solo nos queda a la comunidad seguir manifestándose”.
Desde Innovatel argumentan que “no hubo posibilidad de diálogo con la comunidad. Tenemos todos los permisos que solicita la ley. Nos preocupa que a otros constituyentes se les esté negando la posibilidad de recibir servicios de telecomunicaciones”, expresó Cesteros.
Debido a esta resistencia continua, desde la empresa de telecomunicaciones con sede en San Juan, radicaron una demanda el pasado 30 de junio contra algunos de los líderes comunitarios y vecinos del sector, alegadamente por obstruir la citada construcción.
Según se puede leer en la demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla por los licenciados Ricardo Carrillo y Miguel Clarck, la denuncia por “estorbo público, daños y perjuicios” quiere garantizar el acceso al terreno para proseguir con la construcción de la antena.
Echevarría contradice la versión de la empresa. “Innovatel ha tenido facilidad para subir, si no no hubiera una antena instalada. Además, le piden al tribunal que ordene a la Policía arrestar a todas las personas y manifestantes. Esto es una violación al derecho constitucional y libertades como la de expresion y manifestacion”, indicó.
“Lo que da tristeza es que una de esas personas demandadas nunca ha estado en las manifestaciones, es una persona que está luchando por su vida en Florida. Ana nunca ha estado aquí, los abogados desconocen quiénes han sido los que han estado luchando”, compartió.
Además, la portavoz recordó que el juez Juan Conti revocó los permisos a Innovatel, e instó a que se cumplieran con la ley y el reglamento. “Innovatel pudo haber apelado, pero no lo hizo. Lo que hizo fue demandar a la comunidad e ir a solicitar una enmienda a los permisos”.
Según los vecinos y los ambientalistas que se oponen a la instalación, este caso supone además uno de conflicto de intereses y mal manejo en la permisología, pues acusan a José Díaz Díaz, empleado de Innovatel, de haber sido nombrado miembro de la Junta de Planificación.
Desde la comunidad avisan que a pesar de las sentencias en contra y de los permisos otorgados, ellos van a seguir luchando y asegurando la salud de sus vecinos.

El problema de las antenas de telefonía

No es la primera vez que el oeste de Puerto Rico enfrenta al gobierno a la hora de otorgar permisos de antenas de comunicación celular. Algunas luchas históricas en la región han sido las de los barrios Altosano-Sonador en San Sebastián, o Atalaya en Aguada.
Precisamente el problema en Aguada es uno de gran envergadura, pues es el municipio de Puerto Rico con mayor número de antenas y mayor incidencia de cáncer, lo que muchos ambientalistas asocian a esta gran proliferación de infraestructura de telecomunicaciones.
Cesteros, portavoz de Innovatel, niega esa perspectiva. “No han podido probar nada de que esté asociado al tema de las torres. Hasta ahora la ciencia no ha podido probarlo. Más radiación emite un microondas, y los tenemos en casa”.
En 2018, el senador Juan Dalmau presentó el PS 184, bajo el nombre de “Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”, con el fin de derogar la Ley 89-2000 y delimitar los requisitos para este tipo de infraestructura.
Entre los cambios solicitados por el ex-senador y por los grupos ambientalistas, se encontraba el poder revocar permisos que fueran ilegales -como el caso de Goyito Muñiz-, derribar torres que hubieran sido construidas sin permisos o la obligación de informar a los municipios en donde las antenas fueran instaladas.
La medida, tumbada en ese momento por el cuerpo legislativo, ha sido ahora rescatada durante el mes de junio, a proposición del Frente de Comunidades Contra la Proliferación de Antenas, por los representantes Denis Márquez Lebrón del Partido Independentista Puertorriqueño, Jesús Santa Rodríguez del Partido Popular Democrático y Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana.
Bajo el mismo título que la medida presentada en 2018 por Juan Dalmau, la propuesta de ley fue al mismo tiempo radicada en el Senado por la senadora María de Lourdes Santiago, del PIP.
Desde la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones han denunciado el proyecto, advirtiendo que Puerto Rico podría quedarse atrás en materia de telecomunicaciones, especialmente en las zonas rurales, principal espacio de instalación de antenas.

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