Alarma frente a la ola de feminicidios y transfeminicidios en el país

Con el asesinato de Rosimar Rodríguez, cuyo cuerpo fue encontrado en el municipio de Dorado tras haber desaparecido días antes en Toa Baja, al menos 29 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, según datos oficiales de la Policía de Puerto Rico.
Menos de un mes después del último feminicidio ocurrido en el país, cuando Franchesca Ayala fue asesinada por su expareja en el residencial Sábalos de Mayagüez, Puerto Rico volvió a lamentar el deceso de una mujer de forma violenta.
El terrible suceso tomó a la Gobernadora, Wanda Vázquez Garced, de gira por los Estados Unidos. En declaraciones a Univisión Orlando, cuestionada por la inacción del gobierno, Vázquez dijo que firmará una orden ejecutiva que incluirá un plan para combatir los casos de feminicidios y violencia de género, pero no confirmó si declarará un estado de emergencia, como han solicitado los grupos feministas.
La desaparición y posterior muerte de Rodríguez, quien cumplía 21 años el día de su entierro, motivó la firma y puesta en marcha del llamado “Protocolo Rosa” por parte del Departamento de Seguridad Pública, con el fin de dar con el paradero de mujeres desaparecidas de manera rápida y velar por su seguridad.
El protocolo surge como respuesta a los reclamos ciudadanos ante la ola de desapariciones de mujeres.
Proyecto Matria, organización enfocada en el empoderamiento de las mujeres y la defensa de sus derechos, responsabilizó en un comunicado al Gobierno de Puerto Rico por los feminicidios en el país y señaló que se pudo prevenir el asesinato de Rosimar Rodríguez.
“Cada vez que la Gobernadora da la espalda al reclamo de estado de emergencia por violencia de género, se convierte en la responsable por nuestros asesinatos”, lee el comunicado.
Además, Matria denunció la relación del actual gobierno con grupos conservadores contrarios a los derechos y protección de las mujeres.
“No hay mayor corrupción que la de legislar y actuar desde el discrimen por género. Y esa corrupción nos está costando vidas”, dijo Amárilis Pagán, directora ejecutiva de Proyecto Matria.
Además de las 29 mujeres asesinadas este año, el país aún espera que se enjuicie a los responsables de casos como el de la joven Valerie Ann Almodóvar, sangermeña asesinada en 2018 por Juan Luis Cornier, quien actualmente enfrenta pena de cárcel por cargos de violencia doméstica contra una de sus exparejas.
Continúan los transfeminicidios
Por su parte, el pasado 30 de septiembre, en la carretera 114 del municipio de San Germán, fue encontrado el cuerpo ultimado a balazos de la mujer transexual Michellyn Ramos Vargas.
Este asesinato convierte a Ramos Vargas en la quinta mujer transexual asesinada en lo que va de año, tras los casos de Alexa, Serena, Layla y Penélope, además del joven trans Yampi Méndez, asesinado en Moca.
Michellyn, natural de Lajas y de 35 años, trabajaba en una fábrica en Sabana Grande y vivía en el residencial El Carmen de Mayagüez.
El Comité de la Diversidad de Sexo, Género y Orientación Sexual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, (APPR) manifestó que “el alza en violencia hacia minorías de género en Puerto Rico se debe tomar con mucha seriedad”.
La APPR reclama que “se tomen medidas para erradicar la violencia de género y la transfobia. Nuevamente exigimos que se declare un Estado de Emergencia”.

Candidatas al Senado y la Cámara rechazan los feminicidios
La aspirante al senado por el Partido Popular Democrático (PPD) en el distrito de Mayagüez-Aguadilla, Migdalia González, propone enmendar el Artículo 93 del código penal de Puerto Rico (ley 246 de 2014) para definir el “Feminicidio” y el “Transfeminicidio” como acciones que constituyan el delito de asesinato en primer grado.
González indicó que los eventos recientes como el secuestro y muerte violenta de la joven Rosimar Rodríguez Gómez de Toa Baja y de la joven transgénero Michellyn Ramos Vargas en San Germán son sólo ejemplos tristes de una ola de violencia contra las mujeres que no se detiene, en buena parte por falta de acción del gobierno para visibilizar y tratar las causas del problema.
“En Puerto Rico, los términos “feminicidio” y “transfeminicidio” ni siquiera existen en nuestra ley penal. Mientras no existan mecanismos confiables y comparables para la recolección de datos para cierto tipo de crimen, no existirán formas apropiadas para entenderlo ni estrategias efectivas para combatirlo”.
“Tengo un anteproyecto para desde el Senado proteger y defender la vida y derechos de las mujeres y mujeres trans en nuestra isla”, manifestó González.
Estas declaraciones se dan en el contexto de la polémica que rodea al candidato a la gobernación del PPD, Carlos Delgado, quien se manifestó con reservas a favorecer un currículo con perspectiva de género.
Por su parte, la representante Mari Carmen Mas, del Partido Nuevo Progresista (PNP), estuvo el sábado, 3 de octubre en varios semáforos en Mayagüez, entregando material de orientación sobre organizaciones y entidades que proveen servicios contra de la violencia de género.
Mas manifestó que “la violencia de género debe ser erradicada y eso comienza con la educación”.
Dichas declaraciones contradicen la política de su partido con respecto a la perspectiva de género en las escuelas. En 2017 el PNP eliminó la Carta Circular para la perspectiva de género en el Departamento de Educación.

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