Alcaldes demandan a la Junta de Control Fiscal por retención “ilegal” de fondos

La Liga de Ciudades de Puerto Rico, coalición no partidista conformada para la defensa de los municipios de Puerto Rico y para fortalecer la capacidad de los gobiernos locales, demandó a la Junta de Control Fiscal (JCF) por la alegada retención de $340 millones vinculados a los pagos al sistema de salud y retiro.
La Liga de Ciudades de Puerto Rico radicó una demanda contra la JCF en la que solicita a la jueza federal Laura Taylor Swain, que determine que son ilegales las retenciones y cobros de dinero que han hecho varias instancias del Gobierno contra los municipios.
La demanda tiene su origen en la Ley 29 de 2019, la cual pretendía corregir una injusticia contra los municipios y sus golpeadas finanzas, de modo que no tuvieran que hacer contribuciones al plan de salud Vital (responsabilidad del Gobierno estatal), así como pagar las pensiones de sus empleados jubilados, las cuales ya habían costeado en el pasado.
La JCF se opuso a la Ley 29 por considerar que violentaba la Ley Promesa. El 15 de abril de 2020 el tribunal federal determinó que la Ley 29 no podía continuar en vigor. A pesar de ello el tribunal dio varias semanas a la JCF, municipios y gobierno central para llegar a un acuerdo y buscar otra solución al problema.
La Liga pidió al tribunal que determine que la Ley 29 estuvo vigente durante el periodo de aproximadamente un año, y que se declare que los demandados -CRIM, ASES y Retiro- no pueden cobrar de los municipios aquellos fondos de los cuales se les eximió pagar en el periodo en el que estuvo vigente la Ley 29.
En declaraciones recogidas por el diario Metro, el licenciado Guillermo Ramos manifestó que «la decisión de la juez Swain solamente tiene efecto prospectivo, lo que significa que lo actuado durante la vigencia de la Ley 29 es válido. Por lo tanto, los municipios no tienen deuda alguna para con nadie durante ese tiempo y que los municipios son dueños de esos fondos… Los municipios no deben los $340 millones que la Junta dice que deben».
Entre el dinero que la Liga reclama, se encuentra el que la Junta logró arrebatarles en concepto del pago del CRIM, a pesar de que, según alegan, la ley les eximía del pago.
Para la Liga, según reza la demanda, “el CRIM sucumbió a la presión del ente fiscal a cobrarle a los ayuntamientos la cantidad de dinero que hubiesen tenido que pagar a estos sistemas de no haberse firmado la Ley 29”.
Asimismo, la Liga indicó que, ante la resistencia de los municipios, el CRIM comenzó a retener fondos a los ayuntamientos para pagar el periodo en el que argumentan que estuvo vigente la Ley 29.
“El CRIM, ASES y el Sistema de Retiro, todos presionados por la Junta, interpretaron que la orden judicial invalidaba desde su inicio la Ley 29, y que los pagos que habían dejado de hacer durante ese periodo de vigencia del estatuto, ahora eran reclamables como deuda. Al negarse a pagar una deuda ilegal, CRIM, ASES y el Retiro, a instancias de la Junta, comenzaron a retener el dinero que le correspondía, so pretexto de abonar las deudas”, reza la demanda. Esta acción, aseguran, provocó que los municipios perdieran alrededor de $340 millones en concepto de retenciones.
Entre los municipios afectados y firmantes de la demanda se encuentran Hormigueros, San Sebastián y Cabo Rojo.

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