Recomiendan medidas para frenar la corrupción

senador Juan Dalmau

Es el cáncer al que todos quieren buscar una solución, pero parece ser el más tentador para muchos. La corrupción tiende sus tentáculos sobre cualquier funcionario público, independientemente del partido en el que se milite, edad, color de piel, creencia religiosa que se ostente, entre otros factores. Los funcionarios públicos al manejar dinero del estado son aquellas personas que deberían ser transparentes y portar un estandarte de rectitud y buenas costumbres en el manejo de los fondos públicos. Sin embargo, lamentablemente la historia es otra. Desde hace mucho tiempo en Puerto Rico y en muchos países, los funcionarios públicos vienen siendo investigados por la justicia por casos de corrupción que dejan una gran mancha en su historial. Desde alcaldes, gobernadores y hasta presidentes, la justicia no ha tenido reparos en mostrar tarde o temprano el castigo sobre determinados casos de corrupción.
Un año después de la renuncia de Ricardo Roselló, las “heridas” por corrupción en el PNP y en el país en general parecen no haber cicatrizado. En días recientes, funcionarios del FBI arrestaron a la Representante María Milagros Charbonier por 13 acusaciones graves de malversaciones de fondos. Nelson Del Valle, legislador del PNP, fue arrestado a los pocos días del arresto de Charbonier por funcionarios del FBI. Sobre Del Valle pesan 6 graves acusaciones a las que deberá responder durante la investigación.
El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Johnny Méndez, admitió que existen fallas sistemáticas en el aparato administrativo del cuerpo legislativo en cuanto a la visibilidad que tiene su oficina de cómo se reparte el presupuesto en las oficinas legislativas. Para corregir esto, Méndez prometió establecer escalas salariales para los empleados públicos. Esta propuesta, sin embargo, se haría efectiva solamente si logra su triunfo como senador en las elecciones generales de noviembre.
Juan Dalmau, Senador y candidato por el Partido Independista de Puerto Rico (PIP) a la gobernación de la isla, señala varias recomendaciones para que el nivel de transparencia y honestidad en la administración pública mejore. Dalmau recomienda limitar al máximo las aportaciones privadas a las campañas políticas, así como establecer un registro de contratistas y subcontratistas del gobierno de Puerto Rico para que todo contrato que se firme con fondos públicos sea divulgado 24 horas después de su otorgación. “Los contratos públicos deben tener toda la información de la corporación que firma el contrato o la persona, quiénes son sus incorporadores, cuál es la cuantía y cuáles son los servicios que se pretenden brindar. Esa divulgación se tiene que hacer en todas las redes electrónicas de la fortaleza y de las agencias. Además, en ese registro de subcontratistas es importante que se cree la figura del fiscal de ética gubernamental”, asevera Dalmau.
El candidato enfatizó que es importante despolitizar las ramas judiciales y de la fiscalía y que para ello propone que el sistema que se establezca para designar jueces y fiscales sea uno de oposición. En este sistema, el método que se usará según Dalmau para nombrar jueces y fiscales será el de la meritocracia. Para ello pide también que se realice una enmienda constitucional para que no sea la gobernación ni el senado los que nombren los jueces y fiscales, sino que sea por medio de la evaluación de los concursos de oposición en base al desempeño académico y profesional. Las puntuaciones más altas serían para jueces y fiscales.
“Deben existir unos niveles de penalidad para aquellos que se compruebe que no pueden servir como funcionarios públicos” – aseguró Dalmau. En relación a cómo conseguir una mayor transparencia en el manejo de los fondos en la legislatura de Puerto Rico, el candidato del PIP a Fortaleza, señaló que en primer lugar hay que establecer unos topes de acuerdo a las funciones que se le adjudican a cada uno de los funcionarios contratados en la Asamblea Legislativa, así como un registro de los empleados con su nombre o aquellos que son contratados de acuerdo a los servicios que brindan y las cuantías que se le atribuyen por los servicios que ellos brindan.
Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián y quien también es Contador Público Autorizado, aseguró que, aunque existan muchas leyes y métodos para fiscalizar y auditar a los funcionarios públicos, el mayor problema es la honestidad. Jiménez señaló que la isla necesita autoridades honestas y que entiendan que están manejando dinero público para beneficiar al pueblo y no sus bolsillos. Sobre la propuesta del candidato del PPD a la gobernación Carlos Delgado Altieri de auditar los contratos que pasen de $5 millones, Jiménez indicó que en la actualidad eso se está haciendo con aquellos que pasan los $10 millones. A su juicio, es necesario también no caer en la burocracia con el exceso de controles y evitar así demorar en la aprobación de los contratos que a la larga van a beneficiar al pueblo de Puerto Rico.

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