Trump, Biden y las leyes de cabotaje

Rossana López León – Ex Senadora

Hoy Puerto Rico amanece con la noticia de que el presidente Joe Biden apoya el status quo con relación a las leyes de cabotaje, lo que representa una mala noticia para Puerto Rico y sus opciones de desarrollo económico. Durante el pasado cuatrienio, defendí la intención del gobierno de Puerto Rico de lograr una exención administrativa de 10 años en las normas federales de cabotaje, al menos con el transporte del gas natural. Aunque el entonces presidente Donald Trump inicialmente simpatizó con idea, de súbito cambió de posición ante la presión del establishment republicano y sus asesores de la Casa Blanca, de manera que la exención temporal nunca se otorgó. En junio de 2019, participé de un foro en Nueva York de Labor Council for Latinamerican Advancement (LCLA), en la Escuela de Estudios Laborales y urbanos de la Universidad de Nueva York (CUNY). Allí defendí lo que siempre he creído: la urgencia de que Puerto Rico sea eximido de las normas federales de cabotaje.
¿Por qué? Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) calculó que derogar las normas federales de cabotaje puede tener un impacto positivo para la economía estadounidense de entre $19,000 millones y $64,000 millones. Sumado a eso, estudios independientes de los economistas Vicente Feliciano y John Dunham, sostienen que la Ley Jones incrementa el costo del transporte marítimo entre Puerto Rico y Estados Unidos. Particularmente, Advantage Business Consulting (ABC), el transporte en barcos estadounidenses es más caro que en los no estadounidenses en un 151%, lo que puede suponer un costo de $300 anuales por hogar en la compra de alimentos y bebidas.
Mientras, el estudio del economista Dunham concluyó que a los residentes de Puerto Rico la Ley Jones le cuesta entre $150 y $375 anuales, y supone la pérdida de entre 5,000 y 16,000 empleos en la isla. Además, la Reserva federal y el informe de la economista Anne Krueger sobre la crisis fiscal de la isla, han advertido del efecto negativo en la economía de Puerto Rico de las normas de cabotaje. Bajo las normas de cabotaje, que están reguladas por la Ley Jones de 1920, la carga marítima entre Puerto Rico y Estados Unidos tiene que hacerse en barco de bandera, propiedad, construcción y tripulación estadounidenses.
Mi posición, como servidora pública, como puertorriqueña y defensora de la libre empresa y la competencia justa, es que debemos continuar la lucha para derogar las leyes de cabotaje. Es lo justo para nuestra economía y para Puerto Rico.

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