Transitando denuncia las terapias de conversión

La organización Transitando de la comunidad lgbttiq+ de la región norte demandó el apoyo a las terapias de conversión por parte de psicólogos, psiquiatras y entidades religiosas.
“Algunas de las personas que son integrantes de nuestra organización y grupo de apoyo han sido maltratados psicológica y físicamente por parte de programas en diferentes Iglesias en donde contrataban un supuesto psicólogo que se encargaba a través de la palabra de Dios en castigarles por tener una preferencia o identidad diferente”, explicó el fundador de esta organización Thiago Torres Dávila.
El grupo está a favor del proyecto del senado PS184 que busca proteger a los menores mediante la prohibición de “la práctica de la terapia de conversión”, una serie de prácticas que buscan cambiar la orientación sexual y que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha descrito como inefectiva y catalogado de tortura.
Según diferentes organizaciones que han investigado a través de bases científicas se han registrado varios tipos de estas “terapias”, incluyendo, aplicación de shock eléctrico, lobotomía, inyección de hormonas, castración, ingestión de sustancias vomitivas mientras se expone al sujeto a imágenes de sexo homosexual, así como intervenciones que utilizan ejercicios espirituales, como la oración, para presionar a los sujetos a renunciar a su orientación sexual.
“Mi familia intentó llevarme a terapias de conversión en contra de mi voluntad. Llegué a una Iglesia y me hicieron firmar un contrato de confidencialidad. Afortunadamente no se llegó a iniciar el proceso, ya que allí le preguntaron a mi familia si yo estaba de acuerdo y al no estarlo se lo prohibieron”, dijo Torres Dávila.
Sin embargo, asegura que en la región norte existe una preocupación mayor, ya que “es sumamente conservadora”. El Proyecto Dignidad está en defensa de las terapias de conversión. La región de Arecibo fue donde más votos este partido sacó.
La oposición política al proyecto ha estado a cargo principalmente de las portavoces del partido Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve (Senado) y Lisie Burgos (Cámara). La medida es una movida legislativa para darle formalidad y permanencia a la prohibición de la práctica que introdujo mediante orden ejecutiva el exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares.
La OPS asegura que no hay registro de estudios científicos u organizaciones médicas reconocidas que, sostengan este tipo de actividad como una práctica médica efectiva o necesaria. “Las llamadas ‘terapias de reconversión’ o ‘reparativas’ carecen de indicación médica y representan una grave amenaza a la salud y a los derechos humanos de las personas afectadas. Son prácticas injustificables que deben ser denunciadas y sometidas a las debidas sanciones y penalidades”.
Durante estas semanas el Senado evaluará el proyecto 184 presentado por los senadores José Vargas Vidot, Ana Irma Rivera Lassén y María de Lourdes Santiago Negrón y Rafael Bernabe Riefkohl que procura enmendar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico , así como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores para “ampliar las protecciones de la salud física y mental de los menores de edad, mediante la prohibición de la práctica de la terapia de conversión sobre sus personas; y para otros fines relacionados”.

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