SENADO INVESTIGARÁ IMPLEMENTACIÓN DE LEY DEL PROGRAMA DE RETIRO INCENTIVADO

El Senado de Puerto Rico aprobó la Resolución del Senado 32 (RS32), para investigar cuáles serán las alternativas y los planes implantados o proyectados por el Gobierno para cumplir con la Ley 80 – 2020, conocida como «Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos».

“Esto es una medida que llega por la petición de los servidores públicos. No se trata de legislar para las gradas, es una legislación para hacerle justicia a los servidores públicos. Lo que pretende [ésta] resolución es conocer los planes del Gobierno y si existen las guías para darle paso [a esta Ley]. Que podamos evaluar si hay las herramientas para que [haya] un retiro digno”, expresó el senador Ramón “Ramoncito” Ruíz Nieves, autor de la medida.

Según se establece en la exposisión de motivos de la RS32, que será atendida en la Comisión de Gobierno del Senado, “la Ley 80-2020 garantizaría una pensión de 50% del salario del empleado, así como beneficios marginales, partidas que serían cubiertas directamente por el presupuesto del Gobierno central y los municipios, dentro de sus gastos de nómina mensualmente”.

Sin embargo, se estima que unos 17,000 empleados públicos del Gobierno central, municipios y corporaciones cobijados por la Ley 447 de 1951 y la Ley 1 de 1990 podrían ser elegibles para acogerse al retiro incentivado, pero al momento se desconoce el dato específico de cuántos tendrían la intención de participar de la ventana, cuáles son empleados esenciales, el costo para sustituirlos, de ser necesario, así como los servicios afectados.

Es por ello, que la Asamblea Legislativa hace imperativo dicha investigación ya que parte de su responsabilidad consitucional de evaluar la implementación de las leyes aprobadas para el funcionamiento del Estado Libre Asociado, tiene la obligación de fiscalizar el marco legal en ánimo de colaborar para buscar alternativas y aprobar legislación para cumplir con los empleados que esperan por la implementación de la Ley 80-2020.

Otra medida aprobada, durante la sesión ordinaria, fue la Resolución del Senado 15 que busca realizar una investigación exhaustiva sobre las razones del por qué distintas comunidades en los Municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Guayama, Juana Díaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba experimenten intermitencia, escasez, baja presión o interrupciones prolongadas en el servicio de agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. “Hoy tenemos una oportunidad valiosa de aprobar la Resolución del Senado 15 y aspiro a que esta resolución nos permita tener puentes de diálogo y canalización ante este problema”, argumentó la senadora Gretchen Hau, autora de la medida.

Asimismo, la Cámara Alta avaló la Resolución del Senado 68 que expone realizar una investigación para velar por el cumplimiento de las Leyes 136-1996, 80-2002, 181-2014, 78-2018, 173-2018, 174-2018 y 266-2018, por parte de todas las agencias públicas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; investigar si el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, de conformidad con su ley habilitadora, Ley 209-2003, recopila y analiza datos relacionados a la cantidad de personas en Puerto Rico que están adiestrados en lenguaje de señas.

“La sociedad ignora la mayoría de las personas con discapacidades auditivas por tratarse de una discapacidad invisible. Como profesional de la conducta humana y como defensora de los derechos humanos, invito a los compañeros legisladores a que se amarren en el cumplimiento de las leyes de la comunidad sorda en Puerto Rico”, acotó Elizabeth Rosa, Senadora del Distrito de Arecibo y autora de la medida.

Finalmente, el Senado aprobó la Resolución del Senado 72 para investigar los problemas que enfrentan las personas declaradas no procesables conforme a la Regla 240 de Procedimiento Criminal; asucultar posibles soluciones a la dilación en la admisión de esta población en los hospitales del Estado; indagar sobre las gestiones realizadas por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) así como del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo jueves, 25 de febrero a la 11:00 am.

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