Senado aprueba política pública energética

 El Senado aprobó hoy la nueva política pública energética y marco regulatorio para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al dar paso al Proyecto del Senado 1121. La medida pasa a la consideración de la Cámara de Representantes. Votaron en contra de la medida los senadores Cirilo Tirado Rivera, Rossana López León, Juan Dalmau Ramírez y José Vargas Vidot. La senadora Migdalia Padilla Alvelo se abstuvo. Según el proyecto de 230 páginas la ‘Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico’ crea los parámetros que guiarán un sistema enérgético “resiliente, confiable y robusto con tarifas justas y razonables para toda clase de consumidores”. Asimismo, viabiliza que el usuario del servicio de energía produzca y participe en la generación de energía y facilita la interconexión de la generación distribuida y microredes. 

Esta medida, propone, entre otras cosas, ordena la desagregación del sistema eléctrico en o antes del 31 de diciembre de 2020, promueve y fomenta que el consumidor se convierta en un proveedor de energía y facilita la interconexión de energía renovable y microredes sin impuesto al agua, sol o viento. También, que para el 2027 se elimine la generación de energía de carbón y que en el 2050 la cartera de energía renovable sea de un 100 porciento. El presidente de la Comisión Especial de Energía, Larry Seilhamer Rodríguez, dijo que la importancia de establecer una política pública energética y un marco energético resalta en que ante la disposición de los activos de la AEE “todos los proponentes tienen que estar en condiciones iguales incluyendo la libre competencia”.

Según el también ingeniero para lograr eso “necesitan saber la visión de Puerto Rico en asuntos energéticos…para saber cuál va a ser su clientela y cómo va a confeccionar su propuesta en un escenario transparente que al final del día se traduce en mejores precios y propuestas para el pueblo”. “Se pone fin al monopolio para darle paso a la competencia de energía y diversidad de combustible”, aclaró el también ingeniero quien advirtió que todas las centrales generatrices tendrán “su proceso” de venta individual. Según propuesto ningún proveedor podrá tener más de un 50 porciento de los activos de generación. A estas palabras se unió el portavoz popular Eduardo Bhatia Gautier porque con la aprobación de este proyecto no se pretende pasar de un monopolio público a uno privado. “Eso lo dice el proyecto y ese es el mandato que se le da al Negociado de Energía”. 

“El concepto tiene que evolucionar de la idea de que Puerto Rico va a vender una AEE y otra lo va a comprar. Eso no va a pasar aquí y es importante que la gente lo entienda”, aclaró el expresidente del Senado. 

Se quedan con derechos empleados AEE

En consistencia con su defensa de los trabajadores el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo que todos los empleados que como resultado de esta ley sean transferidos bajo el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental o pase a un ente contratante conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas y convenios colectivos, así como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro, entre otros. “Eso no es negociable. Esa es la disposición del Senado de Puerto Rico”, reiteró Rivera Schatz al aseverar que del producto de la venta de los activos se puedan allegar fondos para ofrecer una ventana de retiro a los empleados de la agencia.

Más poder al Negociado de Energía

El Negociado de Energía tendrá mayor autonomía presupuestaria, fiscal y operacional. También, podrá imponer multas administrativas por violaciones a la política pública energética, a sus reglamentos y órdenes, por cualquier persona o compañía de energía sujeta a su jurisdicción. Las multas serían de hasta un máximo de $25 mil diarios. Además, toda persona que cometa un delito menos grave con pena de cárcel que no exceda seis meses o con una multa no menor de $500 ni mayor de $5 mil según dicte el Negociado pero si media una reincidencia la multa no será menor de $10 mil ni mayor de $20 mil. Asimismo, deberá aprobar el Plan Integrado de Recursos con el cual deberán cumplir toda compañía de servicio eléctrico incluyendo la AEE. En el caso de las microredes tendrá que hacer un reglamento de interconexión. El término para la interconexión a la red de transmisión y distribución por cualquier mecanismo, incluyendo, pero sin limitarse a la generación distribuida, fuentes de energía renovable, medición neta y el uso de microredes, no deberá exceder 90 días. 

En caso de que se impida la interconexión a la red eléctrica la multa será de mil dólares diarios que se utilizarán para subsidiar sistemas fotovoltaicos y de almacenamientos de energía que estarán en un fondo especial del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC). De la medida se desprende que la AEE tiene una deuda billonaria a pesar de mantener “cautivo” a apróximadamente 1.5 millones de consumidores que representan cerca de $3.45 billones en ingresos totales. El sistema de generación es apróximadamente 30 años más antiguo que el promedio en la industria de energía eléctrica en Estados Unidos. Contrario a lo que es la tradición en la Asamblea Legislativa de que una vez se radica el proyecto se celebran vistas públicas en esta ocasión fue al revés. Se celebraron audiencias públicas para con las recomendaciones de expertos presentar a los legisladores el proyecto final. 

Por otra parte, se aprobó el Proyecto del Senado 477, de la autoría del senador Carlos Rodríguez Mateo, que ordena y viabiliza la concesión de usufructo de la planta hidroeléctrica Toro Negro I y sus terrenos al Consorcio Energético de la Montaña (CEM) para que sea rehabilitada y genere energía hidráulica. Se desprende de la página de Internet www.lexjuris.com, tomando en consideración el Código Civil de 1930, que usufructo es el “derecho a disfrutar de una cosa cuya propiedad es ajena, percibiendo todos los productos, utilidades y ventajas que aquélla produzca, con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa” El CEM, que será integrado por los municipios de Villalba, Orocovis, Morovis y Ciales, se establecerá mediante ordenanza municipal a tales efectos o su entidad sucesora para que faculte, permita y viabilice que el consorcio rehabilite dicha planta hidroeléctrica mediante acuerdos o contratos de alianzas público-privadas de menor escala.  Asimismo, se ordena al CEM promover el desarrollo de proyectos turísticos y ecoturísticos que fomenten la actividad económica de la zona. Una de las enmiendas presentadas es que el usufructo concedido será de 40 años a partir de la fecha en que se otorgue la escritura pública correspondiente y podrá extenderse por la misma cantidad de años.

El valor de usufructo a concederse es por el valor nominal de un dólar. El portavoz de la delegación popular, quien favoreció la pieza legislativa, aclaró que con la aprobación de esta pieza legislativa no se está vendiendo, ni regalando ni cediendo la titularidad ya que la misma pertenece al Estado. “Se le está dando uso y disfrute para que los municipios desarrollen un sistema eléctrico que ayude a los ciudadanos, la gente y se desarrollen empresas”, comentó Bhatia Gautier. Sobre este proyecto el senador Vargas Vidot dijo que la misma es loable por lo que “no debe darse en un vacío” porque “son una fuente viable complementaria, renovable y limpia de nuestro sistema energético”.El total de medidas aprobadas fue 29. 

El Senado no concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 304 por lo que se conformó un comité de conferencia que será integrado por el presidente y los senadores Axel Roque Gracia, Miguel Romero Lugo y Aníbal José Torres Torres.El próximo día de Sesión será mañana miércoles, 7 de noviembre de 2018 a las tres de la tarde.   La Asamblea Legislativa tiene hasta este jueves para aprobar proyectos de ley y hasta mediados de la semana que viene para considerar proyectos que se encuentren en comités de conferencia.