Se demolieron más de 100 casas abandonadas

En aumento los casos de viviendas abandonadas en la “Sultana del Oeste”, Martín Casiano Rivera supervisor de la Policía Ambiental, reportó aproximadamente 184 propiedades en proceso de investigación, para definir si se establecen como estorbo público, lo que lejos de reflejar ingresos constituye un gasto para la administración, según Casiano Rivera. Actualmente, no se ha proyectado y tampoco realizado ningún tipo de uso a estas áreas clasificadas como estorbos públicos en el municipio. La investigación en la cual consiste este tipo de situación es basada en localizar a los propietarios, multarlos y referir caso a Manejo de Emergencias, agencia que en última instancia es quien tiene autoridad para declarar como estorbo público una propiedad residencial o comercial. La multa correspondiente e impartida por un oficial de la policía municipal es de 500 dólares cada siete días por 20 semanas, a causa de tener la casa o local sin ningún tipo de mantenimiento y en completo descuido.
De acuerdo a Martín Casiano, en el 2015 hubo un estado de emergencia donde se demolieron más de 100 casas que estaban identificadas como estorbo público; se destruyeron residencias en pésimas condiciones que representaban un peligro para la comunidad, por esta razón el municipio asumió el costo de esta acción. No obstante el solar de cada una de las casas objeto de esta demolición, continúa siendo propiedad privada no existiendo la posibilidad de darle uso a estos espacios. Esto tiene como consecuencia que el Municipio no puede utilizar estos solares, afirmó.
Cabe mencionar que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley 838 para proveer a los municipios la opción de arrendar estructuras u obtener la titularidad cuando por alguna razón en vista o procedimientos son declarados estorbos públicos. “Ley para Viabilizar la Restauración de las Comunidades de Puerto Rico” fue adoptada con el fin de que las estructuras abandonadas, solares baldíos, entre otros, y que constituyan estorbos públicos, puedan ser expropiados por los municipios.
“El municipio podrá usar la propiedad para los fines legítimos que la enmienda de ley le permite. El propósito principal es que la titularidad del predio sea transferida a los municipios con la intención de mejorarlos y darle un mejor uso. Acorde a lo establecido habrá una justa compensación y se cubrirían otros gastos procesales en el camino. Esto le provee una herramienta adicional a los alcaldes en sus interés por desarrollar los ayuntamientos”, explicó el legislador Franqui Atiles.
Esta incidencia en el municipio, según Casiano no genera ingresos a las operaciones o administración sin embargo conlleva un gasto, Casiano Rivera continuo diciendo, “No se le puede dar ningún tipo de uso a estos solares o casas debido a que permanece como una propiedad privada, sin importar que tenga un gravamen que manifieste la misma como estorbo público”.
Añadió que, “La Policía Ambiental en conjunto con la oficina de Manejo de Emergencias, lleva a cabo el procedimiento para declarar como estorbo público una residencia o establecimiento comercial en Mayagüez. La policía ambiental es responsable de ubicar los dueños de estas propiedades abandonadas y aparentemente perdidas, mientras que Manejo de Emergencias, hace la gestión para declarar estorbo público la propiedad”.

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