Se aprueban legislaciones y proyectos a favor de la comunidad sorda

El Senado aprobó hace unas semanas una resolución para que las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez y de Educación, Turismo y Cultura investiguen el cumplimiento de siete leyes, aprobadas entre 1996, 2002, 2014 y 2018, que deben garantizar los servicios públicos a la comunidad sorda en el país.
La autora de la Resolución 68, quien representa a la región de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, explicó las dificultades que enfrenta la comunidad sorda en su diario vivir y cómo la falta de acceso a los servicios se les ha complicado con la pandemia del COVID-19.
“Los sordos son los discapacitados invisibles. Al ser una discapacidad que no se ve, reciben muy poca atención del gobierno y la sociedad… Son una comunidad invisible y no sabemos que son sordos hasta que les hablamos. A pesar de los grandes avances médicos, audiológicos, técnicos y educativos, muchos niños sordos dejan la escuela sin contar con las herramientas necesarias para una vida social y comunitaria. La comunicación para participar en la sociedad ya sea mediante la enseñanza del lenguaje de señas u oral, es necesaria para permitir una integración y participación más efectiva en su entorno”, dijo la senadora, Rosa Vélez.
Añadió que en los últimos 30 años se han creado iniciativas legislativas en beneficio de la comunidad sorda “que no han tenido ningún efecto y esto quedó evidenciado con la lamentable muerte de la joven Janet Viera”, quien, en el mes de enero, luego que le removieran a sus hijos se quitó la vida sin poder entender qué ocurría, ni tampoco poder explicarse, porque no podía comunicarse.
Algunas de las leyes referidas son: (Ley 136 de 1996) que obliga a todas las agencias del gobierno a proveer un intérprete que asista y atienda a las personas con retos auditivos que le impidan comunicarse oralmente; (Ley 80 de 2002) requiere la utilización de mensaje de señas y el sistema “close caption” en todos los noticiarios. También, la Ley 173 de 2018, establece la Carta de Derechos del Comunidad Escolar Sorda o con Impedimento Auditivo, que obliga al gobierno a garantizar y promover igualdad en el acceso a la educación por medio del lenguaje oral o de señas y la Ley 174 de 2018, viabiliza el acceso a la justicia de las personas que padecen de condiciones que impidan su comunicación efectiva.
Por su parte, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño, el representante Denis Márquez y la senadora María de Lourdes González, radicaron proyectos para crear la Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda, que estaría adscrita a la Defensoría de las Personas con Impedimentos, pero con autonomía fiscal, programática y administrativa.
La senadora pipiola explicó que el proyecto busca crear una oficina a la que se puedan comunicar las agencias cuando llegue un ciudadano que necesite intérprete.
“Tampoco es práctico tener intérpretes con todo el conocimiento en cada una de las agencias. El mecanismo que propone es que la persona pueda coordinar la prestación del servicio y que, en caso de emergencia, haya un intérprete disponible”, dijo De Lourdes González.
Legisladores de la minoría continúan estableciendo proyectos y resoluciones que ayuden a esta comunidad a facilitar y promover los servicios gubernamentales, educativos y esenciales.

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