PRESIDENTE COMISIÓN RECURSOS NATURALES DEL SENADO SE OPONE A PROYECTO QUE ESTABLECE NUEVA DEFINICIÓN PARA LOS HUMEDALES

El Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, se expresó, en vista pública, en contra del Proyecto de la Cámara 930 de la autoría de los representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló y Joel Franqui Atiles y adelantó rendirá un Informe Negativo sobre el mismo luego de escuchar las ponencias de varias entidades sin fines de lucro y de inclusive el propio Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

El Proyecto de la Cámara 930 busca enmendar la Ley 314-1998 que declaró la política pública sobre los humedales en Puerto Rico, a los fines de establecer una nueva definición para el término humedal y ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a adoptar protocolos específicos para la delimitación de humedales en Puerto Rico.

“Esta comisión ha atendido un sinnúmero de medidas para la preservación y conservación del medio ambiente. Estuvimos más de año y medio estableciendo lo que sería la política pública para el cambio climático y sus efectos. También evaluamos medidas para proteger y atender la situación de algunas especies en peligro de extinción, entre otras. Yo creo que las políticas públicas no pueden ser contradictorias. Esta medida sería una política pública que contradice a todas las medidas de política pública que hemos aprobado en esta Asamblea Legislativa. En ese sentido nosotros estaremos rindiendo un informe negativo en vista de que a todas luces aquí no hay nadie que apoye el que se cambie la definición de humedal”, advirtió el legislador.

Según la medida en cuestión, “para efectos de esta Ley, solo pueden ser considerados humedales aquellas áreas que presenten indicadores positivos a suelos hídricos, vegetación hidrofílica y un régimen hidrológico que resulta en la saturación o inundación de los suelos buena parte del año, que mantenga un nexo significativo con cuerpos de agua bajo la jurisdicción de la “Ley de Agua de Puerto Rico”, según enmendada, y que no estén cubiertas por una de las Exclusiones aquí incluidas”.

El DRNA se opuso al proyecto de ley, aduciendo que la aprobación de este resultaría en detrimento de estos sistemas. “El DRNA basado en la mejor ciencia y conocimientos disponibles, se ve imposibilitado de avalar la medida propuesta, según redactada. Muy respetuosamente, entendemos que el proyecto de ley no provee mayores mecanismos para proteger los humedales en Puerto Rico, y que, por el contrario, su aprobación resultaría en detrimento de estos sistemas”, aseguró la Lcda. Laura Díaz quien asistió a la audiencia en representación del Secretario Interino de la agencia, Armando Otero Pagán.

Díaz añadió que se pondría en riesgo la conservación de tan valioso recurso, ante el desarrollo en terrenos de las zonas bajas, los cuales, actualmente por definición, son considerados humedales. “Exhortamos que se mantenga la política pública de protección a los humedales y que se promueva y permita la evaluación de los terrenos húmedos, caso a caso, según aquellas solicitudes bajo los permisos aplicables presentados ante el DRNA para cada tipo de uso propuesto”, acotó la letrada.

Ante la ponencia del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales el senador quien también es doctor, destacó la misma catalogándola como una diáfanamente clara.

“En su ponencia no pudo haber hablado más claro”, afirmó.

Los senadores de Minoría, Eduardo Bhatia Gautier, Cirilo Tirado Rivera y Juan Dalmau Ramírez, coincidieron con el presidente de la Comisión en oponerse al P de la C. 930. El senador independentista, Dalmau Ramírez, aunque no estuvo presente en la vista pública, envió una carta expresando su oposición y solicitando que dicha carta forme parte del expediente de la medida.

Por su parte Bhatia Gautier fue enfático también en su oposición. “Yo estoy en contra de este proyecto y pienso que se debe detener en el Senado. No sé porque la definición de humedal es mala”, cuestionó. De manera similar Tirado Rivera dejó claro su sentir sobre su oposición al proyecto que estaban evaluando.

“Estamos iniciando este proceso y parece ilógico lo que se pretende en esta medida. Lo que está bien no hay que arreglarlo. Este país tiene que aprender a coexistir con lo que es el desarrollo económico y la naturaleza. Veremos a ver que dicen otras ponencias y si tienen fundamentos para hacernos cambiar de opinión, pero hasta el momento entiendo que lo que se establece en este proyecto es totalmente ilógico e innecesario”, adelantó Rodríguez Mateo.

Entre los deponentes se encontraba la organización sin fines de lucro “Para la Naturaleza”, quienes detallaron algunos de los tantos beneficios de los humedales. “Los humedales y los servicios de los ecosistemas que proporcionan son extremadamente valiosos para la población mundial; un hallazgo fundamental de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio en su informe a la Convención de Ramsar (Ecosistemas y bienestar humano: humedales y agua 2005). En adición se ha estimado que el valor de estos humedales y de los servicios de sus ecosistemas asociados es de 14 billones de dólares anuales.

La ley actual es mejor que las enmiendas propuestas en el proyecto, señalo la Lcda. Nayda Pumarejo Cintrón, de la organización Para la Naturaleza, aunque dejó la puerta abierta para que se pueda mejorar la definición de humedal. “Siempre hay la posibilidad para que esto pase”, dijo ante la pregunta del senador Bhatia Gautier sobre si habría la posibilidad de que se mejorara la definición.

Pumarejo Cintrón aseguró que no apoyarían las enmiendas propuestas. “A todas luces, nos parece que la intención es reducir la protección de los humedales de Puerto Rico para evitar que se restauren (o se conviertan en reserva) terrenos agrícolas cuyos atributos naturales indican que son humedales”, dijo.

“A menos que no haya una crisis agrícola que todavía no nos la han presentado yo estaría 99% o casi un 100% en contra de este proyecto”, señaló Bhatia.

Mientras que la organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS) quienes llevan, según estos mencionan en su ponencia, catorce (14) años impulsando medidas hacia la sustentabilidad y la educación ambiental en la Isla también mostraron objeción al proyecto. “El nuevo lenguaje que presenta la medida con intención de enmendar el significado o definición de humedal carece aún de elementos que ofrezcan una explicación más específica, abarcadora y uniforme sobre este ecosistema distinto”, señaló OPAS.

“La gobernanza y el proceso legislativo se fortalecen con la participación ciudadana por eso esta comisión en los tres años de este cuatrienio ha tratado de que medidas importantes tengan el insumo no solo de la academia o de entidades gubernamentales, del tercer sector, de organizaciones protectoras del medio ambiente y de la ciudadanía en general. Hemos visto como una misma medida con la participación ciudadana resultan con otro enfoque. A lo mejor la historia hubiese sido otra en la Cámara de Representantes si hubiese habido esa participación ciudadana”, dijo Rodríguez Mateo.

Entre los que se expresaron en contra de esta medida está el Programa Ciencia en Popa de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, quienes advirtieron que “a medida que estos humedales excluidos por la definición pierden protección se pueden destinar a otros usos, lo que tiene el potencial efecto de hacer a la ya maltrecha sociedad puertorriqueña, más vulnerable los efectos del cambio climático, levantamiento del mar, eventos atmosféricos y eventos sísmicos”.

Activa la Comisión Conjunta de Cambio Climático

El senador Rodríguez Mateo aprovechó para anunciar que recientemente fue designado para presidir la Comisión Conjunta del Cambio Climático y que en vista de que el Comité de Expertos que crea la ley aprobada recientemente no ha celebrado ni una sola reunión, la comisión que preside estará celebrando una Reunión Ejecutiva para que se cumpla con la misma. “Al día de hoy no se ha celebrado una sola reunión de ese comité de expertos. Celebraremos una Reunión Ejecutiva porque tenemos una responsabilidad. Tenemos un compromiso para asegurarnos de que las leyes no se queden en letra muerta. Aquí no hay excusa. Si establecimos una política pública tenemos que cumplir con esa política pública”, enfatizó Rodríguez Mateo. 

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