Presentan proyecto de ley para proteger información de confinados

Los representantes José “Che” Pérez y Joel Franqui Atiles presentaron un proyecto de ley para establecer e implementar una tecnología adecuada que permita la facilitación del acceso y la interacción con los expedientes de confinados para que los mismos sean preservados electrónicamente.
La medida busca crear la Ley para implantar un sistema electrónico de preservación y custodia del manejo de expedientes de confinados.
Según Pérez, la propuesta nace ante “preocupaciones de familiares de convictos, ex convictos y de personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)”.
Amparados en el caso Carlos Morales Feliciano vs. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que evidenció el maltrato al que se sometía a los presos en Puerto Rico y que obligó al Estado a renovar el sistema carcelario, esta medida pretende dar continuidad a las reformas iniciadas en los años 80 en este sentido.
Pérez Cordero, representante aguadeño, compartió con este medio que esta medida fue una de las promesas de campaña del Partido Nuevo Progresista. El proyecto tiene el fin de “mantener transparencia dentro de las instituciones carcelarias, garantizar los derechos de los confinados y a su vez traer agilidad dentro del departamento”.
“Entendemos necesario implantar un sistema electrónico para poder preservar los documentos oficiales en formato digital para un acceso más eficiente, a la vez que disminuye el costo de almacenaje”, señaló el funcionario penepé, quien enfatizó en que otras jurisdicciones de Estados Unidos ya se han movido en esta dirección.
Preguntado por si la propuesta tiene que ver con algún caso de vulneración de la identidad de los presos o modificación de expedientes, el político lo negó.
Sin embargo, reconoció que “los archivos están custodiados, pero hay errores humanos, igualmente puede darse que alguien los quiera alterar; estos expedientes viajan con el convicto cuando son trasladados a otra institución o al tribunal, y en ese ínterin pasan muchas cosas. Si el expediente está digital todo esto se puede prevenir”.
En los años 80, la mala gestión del DCRP provocó multas millonarias a la agencia gubernamental, pero Pérez aseguró que ahora mismo no hay señalamientos sobre mal manejo de información ni violación a los reglamentos.
“Ahora mismo el Departamento está cumpliendo, no ha recibido multas en torno al caso particular, pero tenemos que seguir mejorando y ofreciendo un buen servicio para que estos expedientes se mantengan lo más enteros posibles. Un pequeño error podría concederle la libertad a alguien, o extender su pena”, expresó.
La pieza legislativa tiene también el fin de ahorrar dinero en el archivado y conservación de los expedientes, y minimizar el gasto en papel y otros materiales de oficina.
“Tenemos que seguir moviéndonos para evitar mayores gastos, si digitalizamos el servicio para darle solo mantenimiento digital economizamos espacio y dinero”.
Dentro del contexto de recortes y de eliminación de fondos para las agencias de gobierno, se le preguntó al representante estadista si está en agenda la privatización de las cárceles, como ya sucede en diversos Estados, y si favorece ese modelo de gestión como alternativa.
“Al momento no se ha hablado de privatizar las cárceles, y no aparece contemplado dentro del plan de gobierno.
Eso habría que verlo caso a caso, pero no te puedo decir si estoy a favor o en contra ahora mismo. Sabemos que la Junta de Control Fiscal sigue poniendo tranquillas, es la expresión más burda del coloniaje moderno”, denunció.
Pérez Cordero reconoció que no ha visitado las cárceles para hacer una vista ocular sobre el estado y funcionamiento de las mismas.
“Recién llegué a la legislatura hace dos meses, no he podido participar de ningún tipo de vista o proceso dentro de instituciones penales. Lo tengo en agenda”, informó.

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