Plan fiscal propuesto es inaceptable para retirados

Por: Gladys Guerra Arcelay

Para Eduardo Berríos Torres, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el plan fiscal propuesto para los miles de retirados del Sistema UPR es inaceptable por muchas razones, que tienen que ver tanto con el nivel humano como con la lógica racional y económica de cómo funciona el fideicomiso de pensiones del sistema universitario del país.


Berríos Torres explicó que el fideicomiso del retiro de los empleados de la UPR, que sirve a unos 19,000 beneficiarios. Los recipientes no solo son profesores del sistema, también incluye empleados administración y personas que han nombrado para puestos de administración, como decanos y rectores, entre otros. Por lo general el fideicomiso se financia con una aportación de parte del patrono y una parte del salario del empleado. Pero el presidente de la Junta explicó que se han ido haciendo los cambios pertinentes, pues el número de participantes del sistema está proyectado a crecer. Por ejemplo, antes los empleados que estaban por contrato, como profesores cuyas plazas permanentes no se han nombrado, comenzarán a aportar al sistema. Otra modificación es que antes los beneficiarios podían seleccionar cuánto de su salario querían aportar según la pensión que quieren recibir, ahora todo participante del programa aportará la misma cantidad fija, que será un 10% de su salario mensual, aproximadamente.
Finalmente, el fideicomiso se ha asegurado de tener personas que estén velando por la solidez del sistema. Esto incluye empleados que se aseguran de que los participantes estén realizando sus pagos mensuales, así como velar porque la cartera de inversiones sea una sólida que pueda cubrir los $200 millones al año que se necesitan para cubrir las necesidades de los participantes.


Berríos Torres reconoce que el sistema tiene que hacer más ajustes, pero no está para nada de acuerdo en la proposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de disolver el fidecomiso de retiro para integrar esos fondos al Fondo General del gobierno. Para el presidente de la Junta un gran problema es que la directora de la Junta no sabe cómo opera el sistema de retiro de la UPR y cree que es igual al de otras agencias de gobierno.
Esto porque en la reunión que pudieron tener con ella para discutir el plan fiscal del sistema universitario mostró no tener mucho conocimiento de este y las consecuencias de eliminarlo, como, por ejemplo, el impacto que tendría añadir $200 millones en gastos al Fondo General para cumplir con esta obligación. Y el impacto que podría tener en la vida de los participantes que ya calcularon su retiro basado en lo que aportaron mientras trabajaron.


Su preocupación principal, sin embargo, es que la JSF parece querer disolver todos los programas de retiro y convertirlos en cuentas 401K, puesto que es una junta que lo que busca es beneficiar al patrono sin dar beneficio a los empleados no importa como estén estructurados los mismos o como se alleguen las fuentes de ingreso para ellos.

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