Nulidad de Ley 29 pone en jaque a los municipios

En medio de la pandemia que maneja la isla, se añade un reto fiscal para los gobiernos municipales ya que tendrán que volver a pagar el retiro (PayGo) y el plan de salud de sus empleados por orden federal. Esta orden fue emitida por la jueza federal Laura Taylor Swain quien anuló la Ley 29 del 2019, que eximía a los ayuntamientos de esas obligaciones.

El economista José Caraballo Cueto, expresó que se han identificado algunos fondos para cubrir este año fiscal, sin embargo, hacen falta medidas más permanentes que puedan ayudar con la situación. “La consolidación de la parte administrativa de los municipios no es algo opcional, es prácticamente obligatorio. Esto difiere de la eliminación de municipios; esto es que la parte administrativa, en vez de tener 78 departamentos de contabilidad, 78 de recursos humanos, 78 de compras, tendrá que empezar a tenerlos a nivel regional o tener uno solo a nivel de todo Puerto Rico.  Los municipios son económicamente inviables y, el gobierno no va a apelar la decisión de la jueza, lo que resta es buscar soluciones a largo plazo. A mí me parece, que en vez de eliminar municipios y alcaldías, una opción puede ser consolidar la parte administrativa y, los servicios que da cada gobierno municipal, los siga dando por su cuenta”, explicó Caraballo Cueto.  

Asimismo, dijo que todos los gastos discrecionales, de fiestas patronales, neveras y el llamado barrilito, hay que limitarlos, aún así puede que no sea suficiente para contrarrestar la situación y que el gobierno se vea obligado a aumentar las contribuciones de las propiedades lujosas, como hizo el municipio de Dorado.“Los municipios también pueden buscar la forma de transferir tareas y presupuesto del gobierno central. Un ejemplo puede ser, que si el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres no está haciendo un buen trabajo en un área en particular, que los municipios hagan el trabajo de forma proporcional y que den el servicio, pero con la asignación de presupuesto de esas tareas”, dijo el economista.  

También, otra de las sugerencias que hace el economista, es que se vuelva a abrir la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). “Hay municipios que no tienen la capacidad administrativa para gestionar las solicitudes de fondos federales, ese proceso requiere cierta experiencia, durante el manejo de la solicitud y después de la otorgación. municipios pequeños como Maricao, Utuado que no tiene mucho personal, se les puede hacer muy difícil manejar estas solicitudes. Sería excelente que se reabra OCAM y que funcione como un ente que ayude a todos los municipios que lo requieran, pero teniendo una sola oficina a nivel isla, que distribuya los fondos a los municipios”, concluyó Caraballo Cueto.

El alcalde de Lajas, Marcos “Turin” Irizarry

De otro lado, el alcalde de Lajas, Marcos “Turin” Irizarry, aseguró que los municipios serán altamente afectados con esta orden de nulidad de la Ley 29. “Sin lugar a dudas el gobierno tiene que hacer arreglos, porque primeramente, la reforma que es parte de lo que nos están reclamando, es responsabilidad del Estado. En el pasado, cuando yo empecé, tenía un CDT que fue privatizado por el gobernador de turno y aquí tenemos las consecuencias.  En segundo lugar, todo el mundo ya pagó su retiro, el gobierno usó el dinero en emisiones de bonos y tiene que afrontar las consecuencias de sus acciones.  No entiendo porque hay que pagar lo que ya pagamos. Esto va a ser un asesinato a los municipios, familias e individuos de la isla”, sentenció Irizarry.Asimismo, el alcalde indicó que el ayuntamiento de Lajas sufriría un recorte de 2.2 millones, lo que haría que el presupuesto baje un 40 por ciento. Esta reducción provocaría que no pueda pagar la nómina del municipio. “Le hago un llamado a la gobernadora para que busque los fondos con el CRIM. Han seleccionado el peor momento, cuando es tan importante la salud del pueblo.  Lajas está cerca de los 35 municipios que podrían cerrar, pero no va a ser uno de ellos, a pesar de que debo aceptar que hay que hacer ajustes en la nómina con los empleados transitorios, que son los últimos que llegaron.  En este momento hay que hacer arreglos y el gobierno tiene que conseguirlos”, insistió Irizarry. El alcalde advirtió que Lajas, como tantos otros municipios, ha sufrido crisis simultáneas, pero aún está en la espera de fondos que le adeuda FEMA. “La agencia federal nos debe dinero de proyectos de María y de los terremotos.  Yo le pagué las horas extras a los empleados y recogí los escombros, pero me deben ese reembolso. 

Las agencias del gobierno me deben dinero, como es el caso de los fondos CDBG.  La situación es bien alarmante y, se suma ahora la nulidad de la ley. Los alcaldes tenemos que hacer magia con lo poco que tenemos”, concluyó Irizarry.

El alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz

De igual modo, el alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz, denunció que los municipios han pagado ya el retiro de los empleados. Igualmente, el pago del “pay as you go” es mayor a la parte que pagaba el municipio anteriormente por el retiro. Ramírez, además criticó que los municipios tengan que pagar algo que le corresponde al gobierno central, como es el caso del plan de salud.  “El municipio de Cabo Rojo perdería alrededor de 2 millones aproximadamente, esto se refleja en servicios que se tendrían que dejar de ofrecer a la ciudadanía como: el recogido de basura, material vegetativo, escombros, contratación de amas de llaves, recogido de medicamentos y otros servicios que no se podrían ofrecer”, explicó Ramírez.Mientras tanto, Ramírez dijo que hay una porción de empleados que se ha tenido que colocar en reducción laboral y muchos municipios han tenido que reducir el presupuesto, esto, sin aplicar la nulidad de la ley 29.  A esto se le añade que Cabo Rojo es un municipio mediano en población, pero aporta con ayuda a los municipios pequeños. Cabo Rojo equipara a municipios pequeños con una cantidad de dinero a través del CRIM, al verse aplicada la nulidad de la ley 29 no podrían cumplir con ese apoyo a otros municipios. El gobierno tiene hasta el 6 de mayo para tomar medidas que lleven a una solución. 

Por su parte el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, solicitó a la Gobernadora Wanda Vázquez Garced, a los presidentes de los cuerpos legislativos Johnny Méndez y Tomás Rivera Schatz, junto al  Secretario de Salud, Dr. Lorenzo González que inicien las gestiones para que el Gobierno Central promueva una atención gubernamental a los hospitales y los municipios para evitar que esas dos instituciones de respuesta inmediata colapsen ante el aumento de pacientes contaminados con el mortal COVID-19. 

 El primer ejecutivo de Mayagüez solicitó la ayuda del Secretario de Salud para que se le exija a las compañías aseguradoras de planes médicos que procedan a saldar deudas generadas por la facturación de servicios prestados a los hospitales.“Es necesario que el secretario de Salud designe con urgencia un equipo de profesionales que estén a cargo del análisis de las cuentas pendientes de pago por las aseguradoras.  Esto hay que hacerlo en forma inmediata porque de no atenderse tanto los hospitales como los municipios pueden colapsar en el momento más crucial por falta de dinero y recursos que están en manos de las aseguradoras, por concepto de la facturación y pagos pendientes”, indicó Guillermo Rodríguez.

 Por otro lado, señaló que se deben evitar los despidos masivos. “Nosotros necesitamos que fluya el dinero que le deben las aseguradoras a los hospitales, de manera que evitemos despidos masivos de empleados en las instituciones que se han mantenido prestando servicios durante el desarrollo de esta pandemia.  Normalmente la mayoría de las aseguradoras retrasan el pago a los hospitales por meses y años, lo que les provoca una situación precaria de efectivo en caja, esto afecta principalmente el pago de sus nóminas y a sus suplidores. A esto se debe que muchas instituciones médicas han estado despidiendo personal en los momentos que más se necesitan.  Esto no puede permitirse, hay que actuar hoy mismo’’, sostuvo. 

Los alcaldes se han reunido para buscar soluciones y se esperan buenos resultados que permitan a los municipios seguir operando.

Alcaldes del oeste analizan impacto de la derogación de la Ley 29

Por: Isaac López

Con mucha precaución y alarma se mantienen muchos de los municipios del oeste de la isla ante la derogación de la Ley 29.  Gran parte de los municipios de la isla sufrirán con la eliminación de la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29) y los pondría al borde de la quiebra. Aunque algunas alcaldías cuentan con superávit en sus arcas, las buenas noticias no aguantarán mucho y menos en tiempos de Coronavirus. Ante la situación varios de los alcaldes del oeste de la isla se encuentran a la expectativa de lo que pueda decidir la gobernadora y la Junta de Supervisión Fiscal.  El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) asegura que tras anularse esta normativa unos 35 municipios quedarían en bancarrota. El impacto será devastador en al menos 28 municipios asegura el CRIM, el cual señala que estos reciben el 70% o más de su ingreso total del fondo de equiparación.  El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez quien es Contador Público Autorizado (CPA) asegura que derogar esa ley será muy perjudicial para todos los municipios. Señala que la Ley 29 les asignaba unos fondos a los municipios a través del fondo de equiparación municipal ayudándoles con el déficit en sus finanzas. El alcalde de Pepino destaca que al eliminar esta ley se crea un disloque en las finanzas sobre 50 municipios.

Jiménez señala que la Asociación de Alcaldes está impulsando unas medidas a corto plazo para mitigar el impacto de la eliminación de esta ley. Sin embargo, el burgomaestre de San Sebastián opina que eso no resuelve el problema. Asegura que él junto a otros alcaldes son miembros de una organización llamada “Liga de ciudades” en la cual hay alcaldes de los dos partidos políticos y en la misma se encuentran preparando propuestas para presentárselas a la gobernadora Wanda Vázquez y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y encontrar soluciones permanentes al desfalco que originaría la eliminación de la Ley 29. Estas propuestas, le permitirían a su juicio, llevar fondos de forma recurrente a los municipios.  Señala que de no encontrase una solución el gobierno en conjunto con la JSF tendrían que tomar una decisión para liquidar a los municipios que no tengan esos ingresos y el gobierno central se tendría que hacer cargo de los servicios que proveen los municipios. 

El Alcalde de San Sebastián, 
Javier Jiménez

El Alcalde de Pepino resalta que las soluciones que se presenten no pueden ser de corto plazo pues no se puede tener el mismo problema dentro de dos años. De no haber una propuesta que traiga vientos favorables sobre el panorama con los ahorros del municipio, el burgomaestre asegura que San Sebastián contaría con apenas 2 años y medio pero que luego de eso la operación del municipio tendría que reducirse drásticamente algo que lamentablemente los dejaría inoperantes. De presentarse esta situación Jiménez asegura que el gobierno tendría que hacerse cargo de la administración de las carreteras municipales, entre otros servicios.

El alcalde de Isabela Carlos Delgado Altieri

El alcalde de Isabela Carlos Delgado Altieri, quien también se encuentra compitiendo a través del Partido Popular por la gobernación de la isla, destaca que la eliminación de la mencionada Ley 29 perjudicará enormemente a las finanzas de los municipios. En el caso de Isabela, Altieri asegura que la derogación de esta ordenanza en su municipio los obligará a desembolsar un millón doscientos mil dólares al sistema de retiros anualmente, algo que no estaba en el presupuesto de los municipios. Destaca que con esto quebrarán muchos municipios y las consecuencias sociales y económicas serán devastadoras. 

Como candidato por el Partido Popular a la gobernación de la isla, el alcalde de Isabela asegura que su propuesta para corregir los daños ocasionados a raíz de la eliminación de la Ley 29 es la de promover la descentralización. Altieri destaca que como gobernador buscaría reforzar los servicios que los municipios prestan dándole más poder a estas entidades locales de gobierno ya que los alcaldes son el gobierno más cercano a la gente.

El alcalde de Rincón Carlos López Bonilla

El alcalde de Rincón Carlos López Bonilla asegura que la derogación de la Ley 29 los pone en una situación económica muy difícil. “Tengo mucha fe en que el gobierno va a meter la mano en esto” señala. Bonilla destaca que la deficiencia económica producida a consecuencia de la eliminación de la Ley 29 sería de 1.5 millones de dólares. El alcalde de Rincón asegura que no se encuentran cruzados de brazos y que la Asociación de Alcaldes se encuentra dialogando con la gobernadora a ver cómo se puede ayudar a los municipios y desde ya se encuentran “mirando” donde pueden sacar nuevos ingresos. Bonilla recuerda que, aunque siempre su municipio ha cerrado con superávit todo esto los pone en una situación muy difícil. El alcalde de Moca José Avilés Santiago cifró entre 1.3 a 1.5 millones de dólares el impacto negativo que tendrá en su municipio la eliminación de la Ley 29. La máxima autoridad de Moca aseguró que son muchos los servicios que se verán afectados con la eliminación de esta ley entre ellos el programa de Ama de Llaves, la limpieza de áreas verdes y otros proyectos que benefician a la ciudadanía. El burgomaestre de Moca señaló que en conjunto con otros alcaldes se le ha pedido una reunión tanto a la gobernadora como a la Junta de Supervisión Fiscal para evitar el colapso de los municipios con alternativas viables y poder seguir prestando el servicio que se le brinda a la ciudadanía. 

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