Líder del PIP reacciona al nuevo Código Electoral

Con esta firma a favor de la Reforma Electoral, la gobernadora ha demostrado que prefiere aliarse a una facción del PNP en vez de representar a todos los puertorriqueños. Enorme traición a su compromiso inicial y sobre todo a Puerto Rico

Así se expresó el Comisionado Electoral del PIP, Roberto Iván Aponte Berríos.

Desde que se comenzó a discutir el año pasado la posibilidad de un nuevo Código Electoral, en la única vista que se celebró, el Partido Independista Puertorriqueño (PIP) se opuso por voz de María de Lourdes Santiago. Por el contrario, estaba a favor del proyecto el Partido Nueva Progresista (PNP).
Sin embargo, con la aprobación de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, la medida dispone la consolidación o reducción de las oficinas administrativas y oficinas electorales, según la necesidad de los servicios, y la eliminación de posiciones y oficinas ejecutivas como las vicepresidencias y las subsecretarías de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Esto incluye la reducción o consolidación por etapas de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), que deberán ser reubicadas en los Centros de Servicios Integrados (CSI) del gobierno, o en instalaciones públicas existentes que estén libres de influencias políticas externas al balance institucional y electoral.
“Con esta firma a favor de la Reforma Electoral, la gobernadora ha demostrado que prefiere aliarse a una facción del PNP en vez de representar a todos los puertorriqueños. Enorme traición a su compromiso inicial y sobre todo a Puerto Rico” reaccionó el Comisionado Electoral del PIP, Roberto Iván Aponte Berríos, ante la aprobación del nuevo Código Electoral
Entre los planteamientos del PIP en contra del nuevo código se encuentra que en menos de dos meses se celebran las primarias locales y en cinco meses las elecciones generales. Por lo que cambiar las reglas podría crear inestabilidad y dudas entre la ciudadanía.
También quita un poder fiscalizador a los comisionados electorales de evaluar y cuestionar la ejecutoria del presidente de la CEE con respecto a temas administrativos y de contratación. Asimismo, permite un control del PNP del aparato electoral. Asimismo, el Comisionado Electoral del PIP, señaló que el nuevo código crea una CEE bipartidista. “Hay un lenguaje en ese proyecto que específicamente atiende quien nombra al presidente y por años quien hace el nombramiento es el partido que gana la gobernación. Pero el proyecto ahora dice, que quien va a nombrar al presidente es el partido que más votos íntegros saque. Entonces la administración actual incluye ese lenguaje porque el partido con más votos íntegros es el PNP, así que está claro el propósito” sentenció. Por otra parte, con un aumento en la emigración la aprobación al nuevo código provoca el voto de puertorriqueños que residen fuera de Puerto Rico, sin ningún filtro. La ley anterior tenía claro quienes tenían derecho al voto.
Pero con un nuevo lenguaje, habrá votos de personas que ni siquiera hayan nacido en la isla, con el potencial de influir en las decisiones locales. Con todo eso, Aponte Berríos, hizo referencia al caso de la ex tenista puertorriqueña, Beatriz “Gigi” Fernández que luego de varios años viviendo en Estados Unidos, intentó tener derecho al voto. “Lo que quería Gigi Fernández es ilegal, porque no tiene la residencia legal de Puerto Rico y lleva fuera del país un largo tiempo. Por eso, la ley actual del PIP logró presentar un proceso de recusación en el Precinto 4 de San Juan y la presidenta de la junta local decidió a favor del partido y se recusó a Fernández.
Pero con la aprobación al nuevo código, esta persona podría votar, lo que es sumamente peligroso” comentó. El tema electoral desde el 1980 ha sido atendido por consensos donde las partes defienden y llegan acuerdos. La ley actual, aunque ha sido enmendada en los últimos años, funciona de la misma manera, por lo que no beneficia un solo partido. El Comisionado pipiolo ha sido insistente en advertir sobre los peligros de esta reforma electoral, particularmente el intento de desaparecer a las minorías de la toma de decisiones en asuntos electorales. “El permitir que personas que no tienen derecho al voto, puedan elegir, diluye el voto del resto de los ciudadanos. El privilegio de decidir es otorgado para quienes cumplan con los requisitos, si se le añaden electores que no son residentes, el voto local pierde validez. La gobernadora estuvo advertida de los peligros que esa aprobación representa” concluyó Aponte Berríos.

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