Leyes contra el COVID-19 llenas de incertidumbre

La batalla contra el coronavirus en la isla ha recibido en las últimas semanas una “inyección” de legalidad que por el momento tiene más “dosis” de incertidumbre que hechos que conduzcan a bajar los casos positivos. El anuncio de la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la orden ejecutiva 2020-62, de poner multas de $100 a las personas y $500 a los comercios que no cumplan con el uso de las mascarillas ha generado toda una serie de debates y expectativas con más preguntas que respuestas. Tras diversas reuniones gubernamentales aún no existe claridad entre cómo y a quiénes se les cobrará la multa por no usar la mascarilla y si además se le podrá dar el “pase” a la cárcel al infractor. Se espera que se aclare pronto cómo el gobierno aplicará las multas aplicadas a los ciudadanos, a través de qué mecanismos se aplicarán las penalidades a turistas o personas que no posean licencia de conducir. La multa que se aplicaría, sería similar al de una multa de tránsito. La interrogante también se encuentra en saber si el Departamento de Hacienda se encargará del cobro de las mismas.
Ante esta confusión, en días recientes, el presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Gustavo Gelpí, emitió una orden solicitando que el gobierno aclare el alcance del reglamento 9210, pues a su juicio, no está claro si el secretario de Salud contempla multar a los infractores o mas bien que sean arrestados. Lorenzo González, titular del Departamento de Salud, ha señalado que la intención es que la multa la genere la policía y se adjudique a la licencia de conducir. Sin embargo, la incertidumbre de no saber cómo aplicar la normativa a las personas que no tienen licencia, o hasta a los mismos turistas, ha provocado que muchos policías lo piensen dos veces a la hora de generar unas multas a las personas que no estén usando las mascarillas ni guardando la debida distancia social.
La fiesta que se desarrolló en una finca en Morovis el sábado, 5 de septiembre, en donde los asistentes no tuvieron ningún reparo en mostrarse festejando sin el uso de mascarillas y sin la debida distancia social es una prueba de cómo la sociedad desafía a la autoridad cuando percibe una incertidumbre en la legislación que les castigue por algún delito. Aunque, al respecto, las autoridades anunciaron que realizarán toda una serie de investigaciones y multas, muchas personas perciben que las leyes y conductas del uso de las mascarillas y el distanciamiento social se aplican para unos casos, pero no para otros. En este sentido, algunos quisieran ver como de parte de la legislatura surgiera una iniciativa para condenar a los políticos que violen las normas y propicien el contagio, como lo que se vivió el domingo, 16 de agosto durante el cierre de las primarias en los diferentes partidos.
El Secretario de Salud, Lorenzo González ha asegurado, que multar a los ciudadanos que no cumplan con la orden de usar la mascarilla en espacios públicos es “la dirección correcta” para disciplinar a todos aquellos que no siguen las medidas y protocolos de distanciamiento.
El Licenciado Edgardo Manuel Román Espada, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, asegura que mas que una legislación lo que la isla necesita es una mejor campaña de concientización acerca del uso y la importancia de las mascarillas. Señala que la legislatura ha claudicado una obligación constitucional de emitir y aprobar una legislación clara, que no provoque ninguna duda sobre estos asuntos. “El criterio de que mientras más se castiga a alguien, más se podrá solucionar un problema, ha demostrado que es inefectivo y más cuando hay pocos policías en la isla disponibles para bregar con esta situación, habiendo otros asuntos de igual o mayor importancia” – indica.

Las soluciones

A juicio, de Román Espada, debería existir una ley más clara para penalizar el que no se usen las mascarillas. También señala que es importante que se aumenten los fondos del estado en campañas de concientización sobre el uso de las mascarillas sin descuidar la reapertura económica. “La correcta planificación de la actividad económica en la isla, tendrá más o menor efectividad que una ley que le ponga una multa a las personas, porque después de todo la gente que no se ponen las mascarillas o se la quitan por un momento no está pensando en la multa” – asegura el presidente del Colegio de abogados de Puerto Rico.
En tiempos en que las autoridades en la isla luchan por controlar el incremento de casos de COVID-19, es importante manejar reglamentaciones claras para evitar que las personas violen la orden ejecutiva de usar la mascarilla y guardar la distancia social. Sin embrago, es importante ayudar a crear conciencia, generar contenidos que ayuden a que las personas obedezcan las normativas y sobretodo velar porque los funcionarios, políticos y cualquier persona de la esfera pública puedan dar el ejemplo correcto al resto de la ciudadanía, usando la mascarilla y manteniendo la distancia requerida. En tiempos de pandemia, el compromiso es de todos.

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