La JSF y la ley de la Jungla

Por Gladys Guerra Arcelay

Para el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, el acuerdo llegado por el Gobernador Ricardo Roselló con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, para aprobar un plan fiscal para la isla a expensas de la Ley 80, que protege a los empleados de empresas privadas de despidos injustificados, solo se puede explicar: “Que la Junta de Control Fiscal, sus componentes, sus miembros, pertenecen a una filosofía económica de la Ley de la Jungla. En donde se entiende que el que tenga más poder, ya sea económico o de autoridad legal debe velar primero por sus intereses que por el bien colectivo”, indicó.

Según explicó lo que la Junta pretende hacerle creer al pueblo puertorriqueño es que la isla tendría más recaudos, si se hacen cambios radicales a las leyes laborales del país. Esto podría estar no del todo incorrecto, puesto que en otros países cuando se le otorgan más beneficios a los trabajadores, como días por enfermedad, aumento en los salarios mínimos, licencias por maternidad y paternidad, planes médicos de calidad e incluso cuido de niños en los trabajos los empleados pueden producir más pues su calidad de vida mejora sustancialmente.

Sin embargo, el senador explica que cuando se toman medidas para endurecer las leyes laborales y quitarle derechos a los trabajadores, en los que descansarán las responsabilidades contributivas, lo que puede darse es el efecto rebote, y que la economía no despegue. No solo porque los trabajadores estarán mal pagados, pues según dispone este nuevo plan los patronos podrían pagar menos del salario mínimo federal a los trabajadores menores de 25 años, también podría precipitar la ola migratoria en la Isla lo que dejaría el desarrollo económico del país en manos, principalmente, de jubilados a los que se les puede reducir la pensión en cualquier momento.

Dalmau dijo que ya el economista Edwin Irizarry Mora advirtió que estas medidas de austeridad sin duda provocarán que la isla entre en una segunda década perdida en lo que se refiere al desarrollo económico de Puerto Rico, pues la economía se seguirá contrayendo, lo que hace que no se vea una luz al final del túnel.

Otra preocupación del acuerdo entre la Junta y el gobernador, para derogar la Ley 80 y a la que ya se dijo la legislatura no dará paso, es que la Junta no ha podido demostrar que con estas reformas se produzca en las arcas del gobierno el dinero suficiente para poder cumplir con las deudas que tiene la isla y pagar a los acreedores, razón principal por la que se impone la JSF.

Explicó que al principio del 2017 se aprobó una reforma laboral que se dijo iba a crear empleos pero que hasta hoy no se ha podido demostrar su impacto económico, que no sean los 47,000 empleos que se perdieron el año pasado en la empresa privada.

Los que sí explicó el senador, es que lo que hay detrás de todo esto es un plan “perverso” para privatizar los activos del gobierno. Si se alteran las leyes laborales cuando se privaticen las agencias gubernamentales los empleados, que están unionados, verán como sus derechos se invalidan pues pasarían a ser empleados de empresas privadas que los contratarían bajo las restrictivas leyes laborales que se están aprobando por esta administración.

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