Jubilados de la UPR van contra la Junta

Por Gladys Guerra Arcelay

Hace varias semanas se discutió ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el plan fiscal para la Universidad de Puerto Rico y su Sistema de Retiro. En la vista se presentaron ideas y los trabajos que se han estado haciendo para que este fideicomiso de retiro que atiende a una gran parte de la población de ex empleados de la UPR, no se queden sin su pensión ni se tenga que reestructurar por causa de su solvencia.

No obstante, la JSF no admitió los argumentos del fideicomiso para que no sea disuelto y ratificó el plan fiscal en el que el dinero para pagar las pensiones de los jubilados de la UPR saldría del fondo general y se utilizaría la cartera del Sistema para pagar la deuda. La junta del fideicomiso, pues decidió acudir a los tribunales para poner un interdicto en el que, de prevalecer, la JSF no podría disolver el fideicomiso y el mismo se tendría que quedar como está estructurado.

Según explicó el profesor retirado del Recinto de Mayagüez (RUM), Salvador Salas, en este mecanismo se va la vida del sistema de retiro como está. A su juicio las decisiones tomadas por la JSF son caprichosas ya que la cartera del Fideicomiso del Retiro de la UPR, gracias a las inversiones, los prestamos y las medidas correctivas que se han hecho para corregir el sistema pueden solventarlo y no hay razón para disolverlo.

Entre las medidas correctivas que se han tomado es poner un tope a las pensiones que reciben las personas. Mientras en otras agencias los pensionados tienen derecho al 75% de su sueldo cuando se retiran, los jubilados promedios de la UPR reciben un promedio de $1,800 a $2,000 mensuales. El pensionado que más recibe tiene un tope de $54,000 aproximadamente.

Además, según el acuerdo los pensionados reciben un ingreso fijo. Es decir, la pensión nunca va a cambiar. Pero, de disolverse el fideicomiso y el dinero salir del fondo general las mensualidades variarían según se puedan pagar del dinero que tengan disponibles en el fondo general. Para Salas lo más importante es que este interdicto pueda proteger a los pensionados del Sistema UPR de que le desprovean de unos derechos adquiridos para que el gobierno pueda pagar unas deudas que no fueron contraídas por el Sistema de Retiro de la UPR.

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