Favorece regulación en alquileres a corto plazo

Por: Sheila G Matos Ramos/ sheilamatosram@gmail.com

La gran acogida de la aplicación Airbnb en Puerto Rico, ha generado una desmedida proliferación en los alquileres a corto plazo. Ante esta problemática, el municipio de San Juan decidió enmendar su código de urbanismo con el propósito de reglamentar este sector.

La determinación por parte del municipio, ha generado un debate sobre la necesidad imperante de registrar y reglamentar los alojamientos alternativos de rentas a corto plazo, ya que actualmente están operando, escondidos bajo una economía subterránea que no está regulada.

“Nadie está prohibiendo Airbnb, lo que se busca es reglamentar la aplicación, ya que es un esquema de evasión contributiva y de permisos. La gente se ha enfocado en Airbnb, pero son múltiples plataformas digitales las que ofrecen estos servicios y nadie está atendiendo el efecto que están generando”, manifestó el vicepresidente de la Asociación de Dueños de Paradores y Turismo de Puerto Rico, Tomás Ramírez.

De acuerdo con Ramírez, la modalidad de alquiler a corto plazo no es algo nuevo en P.R., ya que plataformas como: Booking, Hotels.com, Expedia, Gustazos, Ofertones, Homeaway, FlipKey, Clasificadosonline y hasta Facebook ofrecen estos servicios de alquiler a través del Internet desde hace tiempo.

“Durante los pasados seis años, le hemos solicitado a la Compañía de Turismo de PR (CTPR) que añada claridad en la legislación actual y que revise sus reglamentos internos para atemperarlos a las mejores prácticas a nivel mundial. Sin embargo, por razones que aún desconocemos la CTPR ha optado por ignorar nuestras recomendaciones y mantiene un sistema de fiscalización selectivo, focalizado en los hoteles endosados que operan dentro del marco reglamentario”, expresó el propietario del Parador Combate Beach Resort en Cabo Rojo.

Actualmente, los dueños de las viviendas (anfitriones) que utilizan estas plataformas no tienen limitaciones en la cantidad de personas que pueden ocupar el inmueble. Tampoco, se les exige, limpieza y ornato, reparación y mantenimiento de la infraestructura, plan de desalojo contra incendios, servicios sanitarios aptos, manejo de desperdicios sólidos, seguridad, servicios de transporte colectivo, ni servicios de información al turista.

Sin embargo, dentro del sector hotelero, a los dueños se les requiere cumplir con: patente municipal, registro de comerciante, endoso de la CTPR, registro con la división de room tax, pago de CRIM, pruebas del agua de la piscina, inspección de bomberos, manual de emergencias y desalojo, estacionamiento identificado para impedidos, seguro de responsabilidad pública, extintores de fuego, exterminador de plagas y cuenta de banco comercial, entre otros más.

En P.R. existen sobre 15 mil alojamientos alternativos a corto plazo, operando en las principales ciudades y municipios de alto interés turístico como: San Juan, Carolina, Fajardo, Vieques, Culebra, Rincón, Lajas, Aguadilla y Cabo Rojo. Basado en las estadísticas, se estima que las ventas en Puerto Rico de estas unidades podrían estar llegando a los $300 millones anuales; por lo que la evasión de permisos, patentes, cuotas de inspección, impuesto de habitación, CRIM y otros requisitos reglamentarios, podría sobrepasar los $60 millones anualmente.

Ramírez explicó “que ciudades como Miami, Austin, Nueva York y Barcelona, han asignado recursos dedicados a la fiscalización, y han establecido procesos sencillos para identificar a los operadores ilegales y registrarlos con gran éxito”.

De acuerdo con el vicepresidente de la Asociación de Dueños de Paradores y Turismo de Puerto Rico, “la creación de reglamentación adecuada para los alojamientos alternativos de renta a corto plazo permitirá el crecimiento de la economía compartida, mientras que proveerá un ecosistema empresarial balanceado y competitivo donde se elimina la fiscalización selectiva a todas las hospederías pequeñas y medianas que operan legalmente”.

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