Ex vicepresidente de la Junta de Planificación denuncia gestión de recursos ambientales en Rincón y Aguadilla

Periódico Visión conversó con el planificador y arquitecto urbanista Pedro Cardona Roig, ex vicepresidente de la Junta de Planificación, en torno a las polémicas generadas en torno a la construcción de una piscina en un complejo privado de Rincón y a la demolición de mogotes en la zona cársica de Aguadilla.
El también profesor universitario expresó que “el caso de Rincón es uno que he analizado en profundidad. No solamente hay que destacar que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no tiene base para justificar sus acciones, sino que ha actuado en contra de sus reglamentos y su propia política pública. Además, ha llegado a determinaciones que no se sostienen desde un punto de vista legal”.
Para Cardona, el caso de la construcción de una piscina en la zona marítimo-terrestre evidencia la lucha que existe entre “las cosas que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico frente a lo que pertenece a un privado”.
En ese sentido, la función del DRNA, según el arquitecto urbanista, no es solo velar por identificar lo que es de dominio público, sino proteger los ecosistemas costeros y marítimos.
“Primero dijeron que no debía estar construyéndose la piscina donde se construye, y luego dijeron que sí, que se puede, que había un permiso, y que de acuerdo a la Ley de costas se puede. Pero en ningún momento se informó que esa piscina no solo ocupa bienes de dominio público, sino que compromete el lugar donde desovan tortugas”, compartió.
Además, Cardona Roig compartió que “hay unos informes de unos supuestos expertos donde se certifica que el lugar no es un lugar inundable. Solo basta con ver las fotos de María para ver hasta donde llega el mar. No es posible certificar que no es inundable”.
Pero no solo el DRNA es culpable de esta mala gestión de las licencias y permisos de obra en zona protegida. El ex vicepresidente de la Junta de Planificación señala a su antiguo empleador como cómplice en estos atentados ambientales.
“La Junta de Planificación debía levantar bandera sobre esto y haber revocado los permisos. Es otra entidad que ha incumplido. En el 2016 se aprobó el plan de Rincón, y en un acto ilegal se cambió el mapa de ese plan, que protegía las costas del pueblo”, denunció.
“Ese plan fue a vista pública, lo firmó el alcalde, la asamblea municipal, la Junta de Planificación, el gobernador y luego al Departamento de Estado. Pero luego el mapa fue modificado por la Junta de Planificación sin contar con la ciudadanía”.
Además del caso de Rincón, el experto urbanista señaló el caso de la demolición de mogotes en Aguadilla como otra de las negligencias del DRNA y su secretario, Rafael Machargo.
“Ese caso es serio por varias razones: la demolición y transformación de la geografía es algo que últimamente se ha estado tomando a la ligera. Tumbar un mogote parece ser que para Machargo no tiene importancia, pero la tiene desde un punto de vista ambiental y geológico, y también desde el punto de vista del paisaje”, puntualizó.
“En el caso de Aguadilla no se ha hablado de que había unos vecinos que colindaban con un área verde, una colina que tenía vegetación, y de momento la eliminaron. Ahora van a colindar con un parking. ¿Qué información y participación le dieron a la comunidad para decidir sobre su calidad del aire, su tranquilidad, etc?”
“Cuando ellos compraron no pensaron que la montaña se la iban a demoler, y la han alterado. Esas casas hoy valen menos que lo que valían antes, no solo en valor monetario, sino como espacio para vivir. Esto es importante, y hay que hablarlo. Este caso de Aguadilla es bien lamentable, y cuando hablo de él mucha gente no le ha dado mucha relevancia. Contrario a Rincón, donde todos entienden que las playas nos pertenecen a todos, en este caso, como no nos afecta, es diferente. Pero debemos entender que nos puede pasar a cualquiera de nosotros”.

Ilegalidad en el nombramiento del secretario de la Junta de Planificación

Según Cardona Roig, el problema no es solo uno de permisos y lucha ambiental. En estos casos está envuelta, según el consultor, la ilegalidad del nombramiento del presidente de la JP, Manuel Hidalgo.
“A él lo nombraron el 28 de enero, y empezó a ejercer de presidente, a cobrar, a firmar resoluciones y emitir política pública, cuando no estaba facultado para eso. Hace dos jueves, Pierluisi asumió el error, y dijo que quería nombrarlo miembro asociado, no presidente. Eso significa que todas las acciones de Hidalgo desde enero hasta junio son nulas. Hay un asunto con el nombramiento que es muy serio y muy ilegal, y pasó por debajo del radar en enero”.
En este tipo de nombramientos tras un cambio de gobierno “ellos pueden ser nombrados en receso, antes de la primera sesión de la legislatura, para que empiecen a cumplir funciones antes de la activación de la Comisión de Nombramientos. Eso es hasta el segundo lunes de enero, pero en el momento que se constituye la legislatura, hay que hacer nombramientos en propiedad”.
Por eso, cuando el gobernador reconoció su error hace dos semanas, “básicamente lo que dijo es: lo que hice en enero no lo podía haber hecho y lo corrijo ahora. Pero eso no resolvió las determinaciones desde enero hasta junio”.
Ante esto, Cardona anima a denunciar toda determinación de la JP que consideren ilegal.
“Toda persona que haya tenido una decisión adversa, o cualquier grupo que haya visto determinaciones adversas a su interés, puede ir al Tribunal y van a prevalecer, él no podía firmar nada”.
A pesar de estas violaciones a la ley y los reglamentos para la conservación ambiental, Cardona es optimista en lo relativo a la conciencia ambiental.
“Puerto Rico hoy es un Puerto Rico más conocedor de lo que era hace 5 años. Ha habido una serie de personas trabajando durante años para educar y traer estos temas a la discusión pública. En este momento estamos en mucha mejor posición. Las reivindicaciones que se han dado han sido significativas, y el Estado reconoce que tiene que tener cuidado, porque en la medida que no lo tiene la gente se moviliza y tiene que responder”, expresó.
“El caso de Rincón es una buena señal. Machargo denunció a Eliezer Molina porque estaba dentro de una propiedad privada. Pero él nunca invadió propiedad privada, lo que hay allí es un uso privado de unos bienes de dominio público, por eso ha dado la impresión de que el constructor tiene tiene derecho sobre el terreno cercado, pero no. El futuro es uno mejor para este tipo de casos, el gobierno actual ganó por un margen muy estrecho, y no tienen la capacidad de hacer lo que les plazca. Sus funcionarios tienen que tener mayor precaución y ser conscientes en sus ejecutorias, porque si no van a tener consecuencias”, sentenció.
A parte de todo esto, los permisos que se concedieron en enero de este año, son ilegales, porque esos permisos fueron concedidos el reglamento conjunto del año 2020 que el TS declaró nulo. Son permisos nulos e ilegales. El Secretario debía levantar bandera, y no lo hizo. El presidente de la JP Manuel Hidalgo, tenía la responsabilidad haber detenido eso.”

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