El melodrama del presupuesto

Por Gladys Guerra Arcelay

El pasado primero de julio entraron en vigor dos presupuestos gubernamentales para el año fiscal 2018-2019. Uno, fue aprobado por cámara y senado, como establece la constitución de Puerto Rico. El segundo fue el propuesto y ratificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Pero en la práctica, según ha admitido el propio secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado ninguno de los dos está vigente, pues la constitución de la Isla provee para que cuando hay un impase o un atraso en la aprobación del documento cuando comienza el nuevo año fiscal el gobierno seguirá funcionando con un presupuesto similar al del año fiscal que finalizó.

Por lo cual el pasado lunes, 2 de julio el gobernador de Puerto Rico hizo dos anuncios. El primero que había firmado el presupuesto aprobado por la legislatura. Acto seguido explicó que la firma era una simbólica, pues para el martes, 3 de julio convocaría a una sesión extraordinaria para que los legisladores pasaran juicio una vez más sobre la derogación de la Ley 80 y evitar que entre en vigor el presupuesto de la JSF.

Así las cosas, se dio el quórum para la sesión extraordinaria tanto en el senado como en la cámara, pero en el Senado el presidente del organismo Thomas Rivera Shatz el único que tomo el turno para hablar y defender la posición que ya había tomado el cuerpo sobre la controvertible medida.

La derogación de la ley fue rechazada por la mayoría de los senadores en votación 18 en contra y 4 a favor. El presidente del Senado utilizó la ocasión para enviarle un claro mensaje al gobernador: “En el Senado no hacemos actos simbólicos, en el Senado actuamos conforme a nuestra conciencia, conforme a la información que recibimos y cada Senador y cada Senadora puede votar como lo estime correcto”.

Añadió que no derogar la ley no es un acto politiquero sino una cuestión de principios: “No es una lucha de poder, no es una lucha política, es un dilema del deber, dilema que yo no tengo. Nuestro deber es trabajar por Puerto Rico, crear un justo balance”, dijo Rivera Schatz”.
Según lo expresado por Rivera Shatz la controversia terminará en los tribunales. Pues, la asamblea legislativa, específicamente el presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, ha expresado que allí se resolverá el conflicto. Muchos analistas y políticos de la Isla, como el alcalde de Hormigueros, Pedro García piensan que es allí donde debe resolver el impase, pues, esa decisión dejaría clara de una vez quién tiene la autoridad para tomar este tipo de decisiones si el gobierno de la Isla, que fue electo democráticamente o la JSF, impuesta por la ley PROMESA. La decisión de un juez en un pleito de este tipo dejaría claro hasta donde llega la autoridad de la JSF con respecto a sus interferencias en los asuntos que requieren procesos legislativos.

Lo cierto es que el presupuesto aprobado por la legislatura es de unos $8,700 millones, y el presupuesto que propone la Junta es de $8,757 millones. Lo irónico es que, aunque el presupuesto que propone el organismo federal es más alto, pero contempla reducciones a los presupuestos de los municipios y la eliminación del bono de Navidad para los empleados públicos. A la vez que deja intacto el presupuesto de la legislatura, del ejecutivo, de su propio organismo, y hasta propone aumentos para la Comisión Estatal de Elecciones y otras agencias del gobierno.

Ninguno de los presupuestos que están funcionando separa partidas para el pago de la deuda. Una de las funciones principales que tiene que observar la JSF con respecto a los presupuestos sometidos por el gobierno para poder poner en marcha el Plan Fiscal que reorganice la deuda de $70,000 millones que no se ha pagado desde hace tres años. Este elemento seguramente lo tomará en cuenta la corte federal que vea el caso y que no solo está a cargo de ayudar en la reestructuración de la deuda, sino que interpretará lo que deben hacer la Isla y la JSF para cumplir con la ley PROMESA.

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