El legado de ricardo rosselló: Una ley que podría obstaculizar el acceso a la información

Por: Brendaliz Castro
brendalizcastro3@gmail.com
www.periódicovisión.com

Un total de 58 nuevas leyes fueron firmadas en la víspera de la salida de Fortaleza del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, entre estas, la ley de la transparencia y datos abiertos. Sin embargo, poco se ha discutido sobre este asunto en los medios. En el Periódico Visión nos dimos a la tarea de investigar más a fondo de qué tratan estas dos nuevas leyes, consideradas por algunos como una amenaza a los derechos constitucionales de toda persona a obtener acceso a información pública y a la libre expresión.
La Ley de Transparencia elimina la posibilidad de solicitar información pública de forma verbal, uso y costumbre en la mayoría de los casos cuando se trata de miembros de la prensa. En el proceso legislativo de enmiendas al proyecto original, se eliminaron sanciones administrativas que incluían una multa de $250 a quien obstruyera el flujo de información pública y la garantía de que si la información pública es de fácil acceso, se omita el trámite burocrático creado por la misma ley y se entregue la misma de inmediato.
En el caso de la Ley de Datos Abiertos, se enumeran 12 excepciones a la debida divulgación de datos, ampliando incluso las contenidas en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA). 
A continuación, las preguntas y respuestas que obtuvimos como resultado de la entrevista que nos concediera el Dr. Eddie Javier Ruiz, abogado y profesor, quien a su vez, es experto en el tema de derechos constitucionales.

¿Podrían considerarse estas nuevas leyes una amenaza a los derechos constitucionales de las personas, a obtener información pública y a la libre expresión?
“Depende de qué punto lo estés mirando. Si lo vemos desde el punto de vista de la ciudadanía, es probable que el que la solicite, lo considere como una amenaza. Si estamos desde la perspectiva de un periodista, definitivamente puede ser considerado como una restricción al acceso de información. Ahora bien, si lo vemos del punto de vista gubernamental, es probable que el legislador te diga que no. Todo dependerá desde qué punto de vista lo estás viendo. Por un lado, se van desarrollando nuevas maneras de conseguir información, como por ejemplo la creación de sistemas informáticos, estas generarán Data valiosa para el conocimiento del pueblo, por lo que esto, motivará al mismo pueblo a conseguir cada vez más información; Por otro lado, esta información tendrá un monumental valor para sus propósitos de fiscalización”.

¿Pueden los ciudadanos del país confiar en la gestión gubernamental, sin tener pleno acceso a la información y a los documentos públicos?
“Según la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley Núm. 141 del 1 de agosto de 2019), se pretende establecer una política pública de acceso a la información pública; ordenar, organizar y pautar mecanismos procesales sencillos, ágiles y económicos de acceso real a los documentos e información pública, entre otros fines relacionados. Sin embargo, el conocer lo que está haciendo el estado con el dinero del pueblo, no es una acción que deba ser puesta a la merced del gobierno en su totalidad. Hoy más que nunca, el pueblo requiere respuestas; unas concretas sobre las que éstos, como fuente de poder, enmarcan sus decisiones administrativas. El pueblo de hoy quiere conocer y saber dónde se emplea el dinero que con su sudor generan y que con muchas luchas el gobierno federal de los Estados Unidos nos desembolsa. Ejemplo de ello, lo ha sido la más reciente manifestación del pueblo en contra del gobierno”.

¿Cuál entiende usted que fue el propósito del exgobernador al firmar esta ley y como se relaciona a los eventos ocurridos en el pasado mes, relacionados a su salida?
“La implementación de esta ley no podemos verla como que fue firmada porque el gobernador se marchaba de fortaleza y quería utilizarla como un proceso de venganza ni algo por el estilo. Tenemos que ser prudentes al decir que estas leyes se han estado trabajando ya por varios años. De hecho, la propia Ley de Transparencia se ha estado trabajando desde mayo de 2017. Sin embargo, cobra especial relevancia no solo porque fue firmada el 1ro de agosto de este año por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares mientras se despedía de su cargo, sino que fue precisamente la falta de transparencia gubernamental y los actos de corrupción presentados en la fiscalía federal, los que dieron paso al repudio masivo de cualquier gestión gubernamental por parte de los líderes en el poder actual de gobierno”.

¿Le quita el gobierno poder al pueblo?
“Esto dependerá desde qué punto lo estemos observando. Creo que más bien hay una limitación al acceso de la información bajo una serie de fundamentos que la propia ley dispone. ¿Fundamentos enumerados que podrían ser considerados excesivos? tal vez”.

¿Hasta qué punto podría considerarse la firma de estas dos nuevas leyes, un acto de repudio hacia el pueblo?
“Yo diría que el repudio es más bien de parte del pueblo hacia la manera en que se está administrando el gobierno. El pueblo ya está cansado y necesita información fidedigna, fuera de toda acción de favoritismo y/o protección de unos pocos. Leyes como estas, podríamos catalogarlas o no como una limitación al acceso de información, sin embargo, no es hasta que el Tribunal Supremo se exprese al respecto que se pudiera considerar o no, como una constitucional o inconstitucional. Para ello habría que esperar a ver qué ocurre en la marcha”.

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