Economista evalúa el “COVID fee”

La Ley CARES proporciona asistencia para dueños de negocios que fueron perjudicados por el COVID-19. El estímulo económico del gobierno federal hacia los consumidores y empresas tiene el propósito de mitigar costos. Entonces los gastos de algunos negocios que reciben las ayudas pudiesen estar aliviados y no necesitar aplicar el “COVID fee”. Sin embargo, no es una realidad para los pequeños comerciantes que tienen una recuperación económica más lenta.  

El “COVID fee” se asocia al aumento de gastos en los costos de producción. El economista José Alameda expuso, que en estos momentos, pequeñas negocios se enfrentan a una gran inversión con una demanda reducida. 

Por eso cuando los gastos no han sido mitigados totalmente la empresa, los traslada y ajusta a un nuevo cargo. “Quizás los costos se han disminuido un 25 por ciento, pero hay que considerar que si el comercio pone un “COVID fee” la gente se molestará y los clientes comenzarán a desaparecer, lo que a largo plazo puede hacer más daño que bien, podrán cubrir los gastos en el momento, pero después no. 

Por eso, muchos negocios van a preferir reconocer esos costos como parte de la empresa y más adelante pagar menos contribuciones” señaló.

De esa manera, durante este año el pago a las contribuciones podría disminuir para las pequeñas empresas. 

La situación actual por la pandemia del coronavirus provoca que los gastos sean mayores que los ingresos. Por lo tanto, se van a reflejar pérdidas que podrían provocar un alivio al momento de pagar una ganancia que no va a existir.

Por otro lado, los establecimientos que no emplean ajustes en los costos de los servicios, aseguran el compromiso de sus clientes. Alameda presentó el caso de los dentistas que no han implementado un “COVID fee” para que pacientes que tienen que pagar deducibles, por medicamentos o tratamientos, no rechacen los servicios por un cargo exorbitante atribuido al coronavirus.

 Aun así, han tenido que invertir en suministros de saneamiento mientras presentan una baja significativa en pacientes. 

Mientras los ajustes de costos en las empresas provocan un traslado en los consumidores, las ofertas de negocio disminuyen. Hay que recordar que muchos negocios van a permanecer cerrados. En Estados Unidos se estima que una de cada cuatro pequeñas empresas no volverá a reabrir sus puertas. A base de esa información, el economista explicó, que en Puerto Rico, donde aproximadamente hay 45,000 establecimientos, se presentaría el cierre de 15,000 comercios. Un daño significativo para la estructura económica de la isla.

La recuperación económica será lenta y tomará varios meses, mientras se encuentra y distribuye una vacuna, que se precede podría estar disponible durante los próximos 18 a 24 meses.

 La economía durante este año y la mitad del próximo es incierta. Alameda estima que va caer entre un cinco a siete por ciento, lo que podría cambiar según los ajustes al toque de queda. 

El cargo del “COVID fee” es legal, pero tiene que avisarse al paciente o consumidor con anticipación para que el mismo decida si aceptar el servicio. Si se cobra el cargo al final, sin la debida divulgación, podría incurrir en una práctica de anuncio engañoso y podría ser multado. 

El establecimiento tiene la decisión de trasladar los nuevos costos para equipo de seguridad e higiene total hacia los consumidores. 

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