Duro golpe al gobierno esta semana

█ Jessica P. Feliciano Crespo
Periódico Visión

Manifestaciones y destrucción frente a las entradas del Capitolio, Fortaleza y casi todo el viejo San Juan. Remoción de personas en puestos políticos, conspiración, ilegalidades, conductas inmorales, difamación, sinsabores, vergüenza a nivel mundial, desconfianza, burlas a los muertos en Forense, comentarios homofóbicos, sexistas y despectivos, canciones y movimientos organizados por reconocidos artistas es el ambiente que permea para expresar el repudio al gobernador de Puerto Rico y sus expresiones. Un problema que parece no tener fin, gracias a un chat de Telegram que era privado. El chat era integrado por asesores y miembros del gabinete del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló. En el chat privado aparecen insultos a líderes de su propio partido político, líderes de la oposición, periódistas, entre otras personas. Luego de que se publicaran los mensajes que estaban en el chat, el gobernador de Puerto Rico pidió perdón pero eso al parecer para el país no es suficiente ya que desean la renuncia inmediata del mismo o su residenciamiento.
En Visión investigamos sobre los procesos, las repercusiones judiciales y problemas que podría enfrentar el gobernador de Puerto Rico tras este famoso escándalo del Telegram.

¿Qué es el residenciamiento?
Pero… ¿qué es el residenciamiento? Es un proceso de destitución o un proceso de revocación de un puesto que en inglés se conoce como ‘Impeachment’. En dicho proceso se pueden imputar cargos contra una persona con un alto rango del gobierno. ‘Impeachment’ se refiere a la acusación o impugnación y suele ser el inicio de un proceso de revocación del mandato y esto no es más que un procedimiento por el cual los ciudadanos pueden destituir o sacar de su cargo público a un funcionario electo, antes del término de su respectivo periodo, mediante votación directa o por recolección de firmas, todo dependiendo de las dimensiones geográficas o poblacionales del país.
Así, Una vez un mandatario o gobernante es acusado, el parlamento o el congreso debe aprobar el proceso de enjuiciamiento político y posteriormente encargarse del juicio del acusado (normalmente en la cámara alta). Si un individuo ha sido objeto de un proceso de destitución por obligación tiene que hacer frente a la posibilidad de ser condenado por una votación del cuerpo legislativo, lo cual ocasiona su destitución e inhabilitación para funciones similares.

La opinión de un letrado
Para ilustrarnos sobre el tema, entrevistamos al Lic. Carlos Enrique Rivera Rodríguez, graduado de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y quien cuenta con 32 años de experiencia en la profesión y trabajó por 6 años en el Senado. Actualmente, comparte oficina con la abogada Yadira J. Jusino Rodríguez en el pueblo de Mayagüez.
Rivera Rodríguez explica las repercusiones del escándalo del chat y las posibles sanciones penales. A su vez, expresa lo primero que pensó cuando vió y escuchó la noticia.
“Pensé y me ubiqué como si fuese abogado de defensa y en cómo podría salvar a mi cliente si fuese él. Hay asuntos en el chat en dónde se suponía que hubiese cierta privacidad y hay unas doctrínas de ‘privilegio ejecutivo’ que se podrían aplicar cuando se hace la toma de desiciones por un primer ejecutivo o mandatario y eso es algo que viene de la tradición norteamericana constitucional.
El problema aquí estriba en la utilización del chat. Tal vez ante un Tribunal, y si esa utlización desemboca en la toma de desiciones, no hubiese sido tan malo, pero sin embargo, no dejan de ser cierto las ilegalidades y conductas que pueden ser reprobables moralmente. Trataron de conspirar en contra del representante Manuel Natal e incluso mover a la policía para actuar en contra de ciertas personas por casos explicados en el chat, lo cuál podría llevar al gobernador a una sanción penal. Más allá, existe una ley mucho más amplia que aplica a los funcionarios del gobierno o funcionarios públicos electos, y ésta es la Ley de Ética Gubernamental, que cubre una serie de situaciones que no están en el código penal, pero que establecen unos delitos específicos que quienes lo cometen son funcionarios públicos electos″.
El letrado Rivera Rodriguez expresa, que hubo información privilegiada en manos de terceras personas y esa persona fue un ente privado, el director de campaña del gobernador y cabildero, Elías Sanchez, quien está identificado en el chat como FDO.
El Sr. Sánchez estuvo participando de información que se suponía no saliera del círculo de acesores del gobernador. Esa persona no ocupaba ningún cargo político en aquel entonces, así que, dicho chat, no puede ser bien visto ni por el pueblo ni por el sistema judicial. La ley federal aplica a todo aquel que utiliza estos medios electrónicos de comunicación para afectar actividades que tienen que ver con el comercio interestatal.
Explica además, que el chat no fue un delito federal, pero que se utilizaron redes reguladas por el gobierno federal, así que podría tener repercusiones a nivel federal y a nivel de Puerto Rico, a su vez, podrían haber demandas civiles por difamación hacia el gobernador y las personas involucradas en dicho chat.
También explica, que los teléfonos utilizados para el chat se pagan con fondos públicos y no para cuestiones que nada tienen que ver con trabajo. El abogado Rivera Rodriguez expresa que dicha situación le resta credibilidad a un ente tan importante en el gobierno y que esta situación tendría repercusiones serias. Rivera Rodriguez nos explica que para que el residenciamiento se lleve a cabo, debe haber una persona a cargo del puesto del gobernador y citamos “Para que ocurra un residenciamiento el gobernador debe renunciar o debe ser destituido de su puesto. Debemos tener en cuenta que necesitamos a un secretario de Estado que actualmente no tenemos y depende de la aceptación de ambas cámaras.
De no tener secretario de Estado, este poder a la gobernación constitucionalmente pasaría a la Secretaria de justicia Wanda Vázquez y luego, si ésta decide no aceptarlo, le seguiría el secretario de hacienda Raúl Maldonado quién es un jovencito que llegó hace poco y puede ser brillante pero es una persona con escasa experiencia y ya sabemos lo que pasa con las personas en el poder que tienen poca o ninguna experiencia”.
En definición si el gobernador decide no renunciar, se tendría que iniciar el proceso de residenciamiento que es la destitución del gobernador y necesitaría contar con 3/4 partes de votos a favor de dicho proceso en la Cámara de representantes, o sea que la Cámara toma la determinación, pero el juicio se celebra en el Senado y quién tiene que presidir el juicio sería la Honorable Maite Oronoz porque es la jueza presidenta del Supremo actualmente.
Lo que haría un tanto interesante dicho proceso judicial, son los comentarios homofóbicos en el famoso chat, siendo Maite Oronoz abiertamente parte de la comunidad LGBTTIQ.
Lo que explica el Lcdo.Rivera en su entrevista con Visión, es que probablemente las personas involucradas en el chat podrían hacer todo lo posible por atrasar los procesos ante los tribunales para ganar tiempo y así el gobernador terminar su cuatrienio, entonces el llamado residenciamiento quedaría sin efecto, porque lo más conveniente para el gobernador sería no volver a postularse para dicho puesto de poder.
Así que, el pueblo deberá esperar para la toma de decisiones sobre este caso en particular.

One thought on “Duro golpe al gobierno esta semana

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