DDEC REVELA RESULTADOS DE ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS LEYES 20, 22 Y 273

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, reveló los resultados del más reciente estudio realizado para conocer la efectividad de la Ley 20 (para Fomentar la Exportación de Servicios): Ley 22 (para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico) y Ley 273 (Ley reguladora del Centro Financiero Internacional de Puerto Rico).

El estudio, “The employment and output impact of the 2012 Acts 20, 22 and 273”, realizado por Econometrika Corp, del economista José Caraballo Cueto, destaca que, del 2012 al 2017, el empleo total aumentó 3% (alrededor de 33,000 empleos) y la producción total un 2% (utilizando el índice de actividad económica). El estudio utilizó métodos econométricos de inferencia causal.

“Básicamente, se midió qué hubiese ocurrido en ausencia de estas leyes, las cuales, aunque han tenido un impacto moderado en la economía de Puerto Rico, sin ellas, la pérdida de empleos durante la pasada década hubiese sido mayor. El índice de actividad económica hubiese sido 2.64 puntos menor. Sin embargo, el estudio demuestra que el impacto pudiera ser mayor, si logramos crear las condiciones ideales para atraer inversionistas reales. El que no tenga intenciones de invertir y aportar a nuestra economía, debería pagar un impuesto mayor al que está invirtiendo y creando empleos”, expresó Cidre.

El Secretario explicó que el estudio además, hace unas recomendaciones puntuales para lograr incentivar la inversión, sin embargo, el cambio en política pública es algo que se debe coordinar con el Gobernador y la Legislatura. “El economista Caraballo Cueto hace unas recomendaciones de cómo asegurar que se diferencie el que realmente viene a invertir del que viene para evitar impuestos en otras jurisdicciones, en base a una diferencia sustancial en tasas. Estas recomendaciones serán discutidas con el equipo del Gobernador y la Asamblea Legislativa, pues ellos son los responsables de establecer esta política pública”.

Por otro lado, Cidre explicó que el estudio hace algunas recomendaciones para mejorar la fiscalización de estos decretos, como lo es la exigencia de la entrega anual de los documentos 1040R y 940R para conocer de forma actualizada la nómina real de los inversionistas con decreto.

“Esa exigencia de la 1040R y la 940R va a ser clave para poder monitorear por fin si, en efecto, están creando o no los empleos, si cumplen o no cumplen y si merecen el decreto o se les revoca. Definitivamente, la fiscalización tiene que ser más activa. Hacia eso hemos dirigido los esfuerzos en estos meses”, manifestó Cidre.

En esa dirección, el director ejecutivo de la Oficina de Incentivos para Negocios del DDEC, Carlos Fontán, detalló que gracias al proceso de cumplimiento con los decretos establecido, se han identificado y notificado a 1,086 individuos sobre posibles incumplimientos.

“Este será un proceso recurrente esencial de la Oficina de Incentivos. También comenzamos un proceso de auditoría donde velaremos, no sólo por el cumplimiento de entrega del Informe Anual requerido por las leyes de incentivos, sino con el cumplimiento de todos los demás términos y condiciones de los decretos. Como parte de estos esfuerzos, ya hemos identificado sobre 60 decretos que pueden ser objeto de revocación. Estamos mejorando los procesos tecnológicos y automatizándolos, para facilitar la recopilación de data, agilizar las auditorías y recibir los reportes anuales automáticamente a través del Single Business Portal. Desde el 2012 no se habían auditado decretos bajo la Ley 22. Esta es la primera vez que se lleva a cabo un esfuerzo de esta magnitud”, adelantó Fontán.

“También comenzamos a ser más rigurosos en la evaluación de otorgación de incentivos, para asegurarnos que las solicitudes que aprobemos representen los mejores intereses para Puerto Rico”, añadió Fontán.

“Se han realizado avances positivos para el cumplimiento de las Leyes 20 y 22 y maximizar su rendimiento, velando por los mejores intereses de Puerto Rico. En paralelo, nuestro equipo está trabajando el reporte que exige Ley 60, que medirá el retorno de inversión de todos los incentivos, basándose en lo que los recipientes de estos incentivos tributan y aportan al fisco. Es tiempo de que midamos y maximicemos cada uno de los incentivos que se dan en Puerto Rico. Este reporte estará listo para publicar y presentar al país en Septiembre”, reveló Cidre Miranda.

Por su parte, Caraballo Cueto abundó que “este estudio confirma que el impacto de las leyes 20, 22 y 273 del 2012 ha sido positivo pero modesto, y se proveen recomendaciones para explotar el potencial de éstas y mover a los participantes a realmente invertir y promover la actividad económica”.

Para obtener el estudio “The employment and output impact of the 2012 Acts 20, 22 and 273”, puede acceder a: www.ddec.pr.gov.

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