Asesor sostiene: “segunda quiebra amenaza de país”

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Por: Dayanara Godén Ramos
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Armando Santiago, asesor colectivo, refuta las expresiones del Comité Oficial de Retirados (COR), a la vez que recalcó que, de eliminarse la deuda que consideran ilegal, cuyo monto representa 72% de la deuda que se está restructurando, no sería necesario un recorte en las pensiones. Expresa, además, su análisis de las reducciones, y cómo se afectar91 6 los servicios esenciales en la Isla. Enfatizó, el caos económico que estas medidas desproporcionadas llevarán a una segunda quiebra la economía del país. Asegura que Wanda Vázquez Garced gobernadora no ha respondido a varios acercamiento para llevar a cabo reuniones. Armando Santiago forma parte del equipo, “Construyamos otro acuerdo”; este movimiento busca defender los mejores intereses de los empleados públicos y pensionados de cara al proceso de quiebra.
El plan de ajuste que propone la Junta, a quien afecta es a los puertorriqueños que necesitan servicios esenciales, como la educación. Ciudadanos que dependen del sistema escolar público y la población de educación especial; se verán seriamente debilitados en su funcionamiento debido a recortes de presupuesto al Departamento de Educación. Beneficiarios de los servicios sociales, como el Departamento de la familia. El cuerpo de la Policía de Puerto Rico, no contará con los recursos necesarios para servirle a las comunidades y cumplir con su deber en ley. “Empleados públicos y pensionados sentirán el peso de estos ajustes. Es a estas personas a las que se les está poniendo su principal ingreso en un picador, para sacar de ahí el pago a una deuda”, expresó Armando Santiago asesor colectivo.
“La gobernadora de Puerto Rico, les ha dado una bofetada a más de 167,000 familias que dependen de estas pensiones. Desde que juramento se le ha solicitado reunión y no ha respondido, sin embargo le ha concedido múltiples reuniones a la junta que promueve recortes que amenaza el bienestar económico del país. La legislatura tiene un rol muy importante; la junta de control fiscal necesita que la legislatura apruebe un proyecto de ley, para poner a correr el nuevo plan de pago de la deuda. Si el cuerpo Legislativo no se mantiene firme, habrán entregado a los pensionados y la economía de la isla”, explicó Santiago.
Una de las manifestaciones fue dirigida al Comité oficial de los Retirados (COR), quienes contrataron al Lic. Hector Mayoli en capacidad de abogado para la defensa de los retirados, “este individuo fue banquero y ayudó a emitir bonos ilegales de los Sistema de Retiro. Ahora, pretende beneficiarse como abogado representando los intereses de los pensionados en el proceso de quiebra. En realidad, no ha hecho tal cosa como buscar el mejor bienestar de este sector”, indicó Armando Santiago.

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