Alcaldes luchan por el CRIM

Por: Gladys Guerra Arcelay

La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de los Alimentos (MIDA) está organizando nuevamente charlas y reuniones con diferentes jugadores claves del mercado para revivir la propuesta de que se elimine el impuesto sobre el inventario que se cobra a la mercancía que entra por los puertos de la isla. Este impuesto es recolectado por el CRIM o Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Es decir, que este dinero forma una gran parte del presupuesto de los municipios de Puerto Rico.

Se calcula que anualmente el CRIM capta $600 millones que luego son distribuidos a los municipios según la escala en la que se haya vendido las diferentes mercancías en sus jurisdicciones. Ahora bien, la campaña de MIDA para abolir este impuesto se basa en que luego del paso del huracán María por la isla, los supermercados se quedaron sin abastos y la razón de la carencia de comida se debió a que los supermercados no piden más de dos semanas de alimentos, porque si no lo venden, tienen que pagar un doble impuesto. Argumentan, que si eliminan el CRIM, pueden incluso, construir almacenes en la isla para guardar comida no perecedera y abastecer los comercios en momentos de emergencias.

Sin embargo, el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri, no está de acuerdo con este plan, ya que no solo dejaría a los municipios en una situación económica más precaria, sino porque no propone soluciones para saber de donde se pueden recaudar los $600 millones que provee el CRIM a los ayuntamientos.

En un reportaje anterior, Periódico Visión había publicado una entrevista con el economista José Alameda, en la que este expuso que una solución para eliminar este impuesto, era aumentar la patente municipal al porciento que los municipios reciben del CRIM. De esta manera, el impuesto se paga una sola vez y cuando el producto se consume. No obstante, Delgado Altieri no está de acuerdo con esta propuesta. Pues, según su punto de vista, el aumento en la patente tendría que ser tan alto que prácticamente convertiría en inasequibles los productos para los consumidores puertorriqueños. El ejecutivo municipal no está de acuerdo con la propuesta, no solo porque le desbarajustaría el presupuesto de su municipio y de los otros municipios de la isla, sino porque entiende que estas personas se aprovecharon de la situación de la falta de alimentos durante el huracán para sacar un beneficio económico al quedar excentos de pagar este impuesto. Para él, queda claro que solo se beneficiarían los comerciantes y por ello no han propuesto una idea razonable de cómo subsanar esa pérdida para los municipios.

Ahora bien, Delgado Altieri está consiente de que en otra emergencia, la isla puede carecer de alimentos y es por eso que propuso que se busque crear una legislación para que a los comerciantes se les otorgue una especie de dispensa. Es decir, que si sobró inventario que se compró para una emergencia y no se vendió, se les dé una dispensa para no pagar temporeramente el doble impuesto.

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