Líderes políticos buscan frenar la violencia de género en la isla

Los asesinatos de Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas han puesto nuevamente el tema de la violencia de género en boca de todos. La indignación y la impotencia ante estas dos muertes que pudieron haberse evitado, se han hecho sentir en toda la ciudadanía. Ante esta lamentable realidad, diversos líderes políticos y de organizaciones abogan por medidas que conduzcan a frenar la violencia de género en la isla.
El gobernador Pedro Pierluisi, anunció el lunes, 3 de mayo, una serie de medidas que a su juicio, deberían tomarse para prevenir que casos de violencia de género, como los de Keishla y Andrea, se repitan. Entre las iniciativas, Pierluisi destacó la importancia de implementar un currículo con perspectiva de género en las escuelas de educación pública. El gobernador indicó que espera que se comience con este currículo en dichas escuelas del país a partir del mes de agosto, un tiempo en el que espera, se retome la educación presencial, si la pandemia del COVID-19 lo permite. Pierluisi enfatizó que se debe reforzar el mensaje de que no hay justificación para el maltrato, se debe reforzar una cultura de respeto a la dignidad humana y se debe tipificar el delito de feminicidio como lo que es. En relación al caso de Andrea Ruiz Costas, Pierluisi reconoció que lamentablemente, “el estado le falló a Andrea”. El gobernador indicó que casos como los de Keyshla y Andrea confirman la necesidad de la declaración de emergencia de violencia de género en Puerto Rico. El mandatario confirmó el lunes, 3 de mayo, que mantendrá su insistencia ante la Junta de Supervisión Fiscal por conseguir los $7 millones solicitados para atender el problema de la violencia de género.
Además de Pierluisi, diversos funcionarios regionales y estadales han propuesto diferentes medidas para reforzar la lucha contra la violencia de género en Puerto Rico. La Representante de Proyecto Dignidad, Lisie J. Burgos Muñiz, anunció la radicación en la Cámara del proyecto 675, el cual tiene como finalidad atender la violencia desde antes de que esta surja. A la medida se unieron como co-autores representantes de las delegaciones del PPD y del PNP.


La Senadora Migdalia González, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, propuso realizar una cumbre para buscar alternativas inmediatas con el fin de evitar más casos de violencia de género en el país. En la cumbre, la legisladora propone atender temas como la orden ejecutiva declarando estado de emergencia por el alza en los casos de violencia, la educación con perspectiva de género, revisión de la ley 54 y la revisión de todos los protocolos relacionados a estos asuntos, entre otros temas. La senadora presentará una medida para enmendar el Artículo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de establecer que en toda vista de causa probable para arresto por cualquiera de los delitos establecidos en la ley deberá estar presente, sin discreción alguna, un representante del Ministerio Público.
La Representante Jocelyne Rodríguez Negrón, quien preside la Comisión de Asuntos de la Mujer en la Cámara de Representantes, exigió que se asignen mayores recursos para erradicar la violencia contra la mujer. Además, instó a las tres Ramas de Gobierno a iniciar de manera integrada una campaña de orientación en las redes sociales, radio y la televisión, para llegar de manera directa a cada hogar de Puerto Rico. La Dra. Carmen Ana González Magaz, presidenta del Comité PARE y secretaria del Departamento de la Familia, junto a las demás personas integrantes del Comité PARE, hicieron un llamado a que la ciudadanía se una en contra de la violencia de género que afecta a nuestras comunidades
En el oeste, el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez anunció el 3 de mayo la firma de un acuerdo de colaboración de su municipio y el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, para la aceptación de servicios a víctimas de violencia doméstica. Esto, con el fin de ofrecer servicios especializados a las personas afectadas por esta situación en la Sultana del Oeste.
Mediante este Acuerdo, el cual viabiliza la colaboración entre la Administración Municipal y la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), se ofrecerá orientación profesional legal, patrullaje de vigilancia de la policía municipal en coordinación con la víctima, para evitar se violen las órdenes de protección emitidas por un tribunal, asignación de líneas telefónicas para que la víctima pueda comunicar cualquier situación que entienda la pone en peligro, apoyo al núcleo familiar de la víctima a la cual se le ha expedido la orden de protección y canalizar las ayudas necesarias con las agencias federales, estatales, municipales y organizaciones con y sin fines de lucro.

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